Actualmente, en el país hay muy pocos datos acerca de lxs trabajadorxs de medios comunitarios, alternativos y populares (CAP). Por eso, durante 2019 y 2020 realizamos una investigación que busca describir y comprender la situación laboral de quienes integran radios y televisoras comunitarias en la provincia de Córdoba y su relación con la sostenibilidad de estas emisoras. Para lograrlo, recorrimos gran parte de la provincia realizando entrevistas en profundidad a sus integrantes y confeccionamos un mapa online de este tipo de medios.
En Córdoba, relevamos a 269 trabajadorxs de radios y televisoras comunitarias, alternativas y populares que se encargan de garantizar el sostenimiento diario de estas emisoras. Entre ellxs, no contamos a quienes tienen otras formas de participación: realizan tareas puntuales sin estar comprometidxs con el proyecto integral de la radio o televisora ni a quienes realizan colaboraciones más esporádicas. Lxs trabajadorxs relevadxs están repartidxs en 29 emisoras: 1 televisora y 28 radios (1) distribuidas en Capital y 20 localidades del interior. En el mapa que publicamos a comienzos del 2020, se pueden observar sus características. Todos tienen personería jurídica, todos transmiten de forma analógica y web –salvo dos– y la mayoría tiene licencia u otro tipo de reconocimiento legal.
En la mayoría de los medios del sector social hay entre 5 y 15 trabajadores. Se registra una proporción equitativa de varones (52%) y mujeres (48%). La mayoría tiene entre 20 y 50 años, por lo que el promedio alcanza los 37 años. La formación es alta: en el 86% de los medios hay integrantes con estudios universitarios finalizados, la mayoría en carreras vinculadas a la Comunicación Social y el Periodismo. El nivel educativo es también un indicador aproximado del nivel socio-económico.
Al indagar sobre las retribuciones que reciben lxs trabajadorxs, encontramos que de las 24 emisoras que destinan fondos para eso, sólo en el 28% –un poco menos de un tercio– todxs reciben una ingreso por su labor. El mismo ronda entre $3000 y $8500, equivalente a un Salario Social Complementario, una de las principales fuentes de ingreso y que es la mitad de un Salario Mínimo Vital y Móvil, según su última actualización. Otras fuentes de financiamiento de los medios son el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), la pauta oficial municipal, provincial o nacional, publicidad privada y eventos de financiamiento.
Estxs trabajadorxs, en tanto tales, se asocian tanto a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) como al Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN). Mientras que casi la mitad de los medios alternativos de Córdoba articulan con el sector de la economía popular, sólo 19 (7%) integrantes de medios CAP están afiliadxs al sindicato de prensa. Pensar a lxs trabajadorxs de medios CAP como sujetxs sindicalizables ha sido un punto de debate en los gremios que aglutinan a trabajadorxs de la prensa y la comunicación.
Particularmente el CISPREN fue uno de los sindicatos pioneros en incorporar a trabajadorxs autogestionadxs, a partir de la modificación de su Estatuto Social en 2002 (2). Este sindicato construye una relación particular con este sector. Desde 2015, impulsó junto a trabajadorxs de distintos medios los Encuentros de Trabajadorxs Autogestionadxs en forma paralela a los Congresos de Trabajadorxs de la Prensa y la Comunicación. En el año 2019, a un año de comenzar la gestión de María Ana Mandakovic como Secretaria General (3), se apostó a la integración del debate de autogestionadxs en el orden del día de los Congresos y en ese mismo año, el Congreso en su edición n°36 pasó a llamarse Congreso Provincial de Prensa y la Comunicación y Autogestionadxs. Esto explicitó la clara proyección política por parte del sindicato de afianzar y avanzar sus acciones en conjunto con el sector de trabajadorxs autogestionadxs.
A pesar de todo esto, en nuestro trabajo pudimos concluir que entre lxs trabajadores de medios comunitarias prima una idea del sindicato asociado exclusivamente a las formas de producción regidas por la relación patrón-empleadx, y quienes afirman estar afiliadxs reconocen dificultades para su inserción en la estructura gremial y para su participación.
Por otro lado, la UTEP (4) viene articulando con lxs trabajadorxs autogestionadxs de la comunicación. Encontramos que existen similitudes entre quienes nuclea la UTEP y quienes trabajan en medios comunitarios: relaciones laborales diferentes a las tradicionales e ingresos y condiciones laborales inadecuadas para el trabajo que realizan. Aunque no hay información disponible que asegure el actual funcionamiento, entre el 2016 y 2019 –según el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO)– se creó la Federación de Comunicadores Populares nucleados en la CTEP. En ese momento, Daniel Fossaroli, vicepresidente de FARCO en 2018, afirmó que los objetivos de la Federación son “diseñar, impulsar y defender políticas de promoción, fomento y financiamiento para los medios comunitarios”, haciendo especial hincapié en la sustentabilidad a partir de la mejora de las condiciones de sus trabajadorxs. Y en esa misma línea, en 2017 CTEP y FARCO firmaron un convenio en el que la Central se compromete a dar contención gremial a lxs trabajadorxs de radios comunitarias que lo requieran.
Estas son acciones que empiezan a plantear a estxs trabajadorxs como parte de la Economía Popular. De hecho, según Víctor Hugo de radio El Brote, esta discusión se dio en la XV Asamblea de FARCO de abril de 2017. Tanto en ese encuentro como en el de 2018, participaron en determinados momentos dirigentxs de CTEP, según se publicó en la página web de FARCO.
En diciembre de 2016, se sancionó la ley N°27200 de Emergencia Pública y su prórroga en 2017 con la Ley 27345, conocida mediáticamente como Ley de Emergencia Social. Esta norma, entre otras cosas, creó el Salario Social Complementario en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Este salario es un complemento a los ingresos de aquellxs que generan su propio trabajo para subsistir y uno de los principales ingresos que tienen lxs trabajadorxs de medios CAP que optan por tener una retribución. Desde junio, el nuevo Programa Nacional “Potenciar Trabajo” unificó a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario en una única iniciativa.
Estos recorridos abren una serie de interrogantes acerca de cómo entender el trabajo de prensa autogestionado y la representación del sector. Siguiendo a Natalia Vinelli, doctora en Ciencias Sociales y directora de Barricada TV, y Mariano Suárez, periodista y abogado laborista, existe una tensión entre pensar la representatividad a partir de la actividad, es decir, de su condición de trabajadorx de prensa, o a partir de la modalidad de trabajo sin patrón, encuadrado dentro de la economía popular. Si bien en nuestra investigación identificamos que lxs trabajadorxs de medios CAP de Córdoba optan por priorizar los vínculos a partir del modo de producción –que se enmarcan dentro de la economía popular–, más que por la actividad, el RETRAPREN y el RENATEP refuerzan esa tensión.
Por todo esto, los registros que buscan relevar lxs trabajadorxs de prensa no son una casualidad. Las trayectorias entre el sector comunitario, el CISPREN y la UTEP explican por qué surgen estas iniciativas en medio de una pandemia que puso de manifiesto la informalidad de muchxs trabajadorxs y declaró los servicios de comunicación audiovisual como tarea esencial.
El Registro Provincial de Trabajadores y Trabajadoras de la Prensa y la Comunicación ya lleva 235 personas registradas, de las cuales 130 son autogestionadxs. Se lanzó el 24 de junio de este año, con el fin de consolidar un registro que excede a la afiliación al gremio y garantizar los derechos de lxs trabajadorxs de prensa y comunicación de la provincia. Además, busca profundizar el debate sobre las nuevas formas de trabajo que no están contenidas en los esquemas tradicionales, es decir, conocer y organizar a lxs trabajdorxs independientemente de la forma en que ejerzan el oficio: autogestionadxs, cooperativas, monotributistas, freelancer, mutuales y organizaciones del tercer sector.
En consonancia con el objetivo de garantizar derechos, el RENATEP también busca “reconocer, formalizar y garantizar los derechos de lxs trabajadorxs de la economía popular para que accedan a herramientas que les permitan potenciar su trabajo”. Según la descripción del mismo, formar parte les permitirá “acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación; participar de redes de comercialización y tener acceso a herramientas crediticias y de inclusión financiera”.
En el formulario que aparece en la web, la categoría “integrante de medio comunitario” se inscribe dentro de la rama sociocomunitaria. Habrá que ver si lxs integrantes de medios CAP que se autodefinen como trabajadorxs de la economía popular -en Córdoba, son lxs integrantes de 6 emisoras- se sienten contenidxs en esa propuesta. Además en el registro se reconoce a estas emisoras como unidades productivas.
A todo esto, ¿hay competencia entre el CISPREN y la UTEP? ¿Es posible una articulación virtuosa entre ambos espacios? Debería serlo. Vivimos en un contexto signado por “un neoliberalismo salvaje donde se modifican los escenarios laborales de la mano de la convergencia tecnológica en beneficio del capital y en detrimento de los trabajadores de prensa y la comunicación; donde la precarización y la flexibilización son moneda corriente” como plantea Mandakovic, “los vínculos laborales se disipan y la informalidad se apodera de las relaciones sociales”.
Frente a esto, el CISPREN concreta políticas para sus trabajadorxs autogestionadxs y, con su trayectoria y el nuevo registro, presiona al resto de los sindicatos de prensa a hacerse cargo de este sector. Además, creemos necesario fortalecer espacios de articulación entre el CISPREN, la UTEP y las redes de medios para la disputa de demandas en conjunto y retomar las discusiones entre los gremios de trabajadores de la comunicación sobre la relación entre salarios, condiciones laborales y sostenibilidad de los medios comunitarios.
Notas:
