Tras cinco días de acampe, los 32 trabajadores y trabajadoras de la panificadora La Nueva Central aceptaron contra presión la oferta que realizó la familia Rotelli, propietaria de la firma, y levantaron la medida de fuerza frente a la fábrica de panificación y que luego se trasladó hasta las puertas del Ministerio de Trabajo de Río Cuarto. La finalización de reclamo fue una condición que la empresa puso para hacer efectivo el acuerdo.
“Lamentablemente tuvimos que aceptar lo que ellos nos proponen, sino no veíamos un peso”, declaró Vanesa Crespi, damnificada y una de las voceras del grupo de trabajadores que quedó en la calle. Crespi lamentó la actitud de la empresa que produjo el cierre de la empresa sin previo aviso el pasado sábado. Dijo que fue “una vergüenza lo que han hecho con nosotros. Encima si no levantábamos el campamento amenazaban reprimirnos con la policía”.
Ofrecimiento con condiciones
La patronal ofreció una única propuesta inflexible de pagar el 70 % del salario hoy viernes y el 30 % restante el jueves próximo luego de devolver materia prima almacenada y así recuperar el dinero para pagar los salarios adeudados a los 32 trabajadores. Como condición solicitaron que los trabajadores levanten la protesta.
La oferta fue aceptada por los trabajadores luego de una larga asamblea en las puertas del Ministerio de Trabajo. El acuerdo solo contempla el pago de los salarios del mes de noviembre. Aún no fueron notificados del despido y exigen saber cuál va a ser su futuro laboral, el pago de las indemnizaciones correspondientes, vacaciones, el salario de diciembre y aguinaldo.
La audiencia de conciliación pasó por momentos de tensión cuando el Ministerio de Trabajo provincial, a cargo de la delegada Marcela Santini, negó la participación de los abogados particulares de algunos trabajadores a la audiencia y solo pudo ingresar el representante legal del Sindicato de Panaderos de Río Cuarto porque entendía que el mismo era un reclamo colectivo. En esta instancia, la primera audiencia estuvo a punto de fracasar. El abogado representante de una parte de los trabajadores y trabajadoras, Claudio Bonamico, declaró que el Ministerio “dilató mucho y no tuvieron una real dimensión y de la gravedad que tiene el conflicto de tener 32 trabajadores en la calle durante cuatro días y que necesitaban respuestas. Independientemente de manejarnos siempre dentro de la ley, esto también tiene un sentido social, el Ministerio es una instancia administrativa, entonces no podemos complicarlo más y no puede un funcionario elegir quién va a ser el que te va a representar, viola el derecho de defensa y constitucionales”.
Mientras esperarán los juicios laborales para el cobro de los cánones adeudados, el letrado Federico Bonino, patrocinante de dos trabajadoras detalló que “se encuentra vigente una intimación por la cual se solicitó (a la patronal) que se aclare la situación legal de cada uno de los empleados en el plazo de 48 horas para que después cada trabajador sepa cuál es el reclamo individual que deberá encausar para cobrar su crédito”.
De ahora en adelante, para las 32 familias “nos queda salir a buscar trabajo, empapelar Río Cuarto con nuestros curriculum y esperar a tener suerte”, finalizó Crespi.
#ANTERIORES
Sin previo aviso: “La Nueva Central” cerró y dejó a 32 familias en la calle
