Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, anunció el efectivo vencimiento del Decreto 320/20, a partir del mes de abril.
Esta legislación, publicada nueve días después de declararse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), contiene en su articulado, entre otras medidas, el congelamiento de los precios de alquileres y la prohibición de los desalojos. Su vigencia ya fue prorrogada en dos oportunidades: del 30 de septiembre al 31 de enero de 2021, y luego al 31 de marzo de este 2021.
La política habitacional demanda una mirada integral por parte del Estado. La estamos construyendo junto a los gobernadores y gobernadoras todos los días como nos lo pidió el presidente @alferdez. #ReconstrucciónArgentina
— Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) March 9, 2021
En una entrevista con la Agencia Nacional de Noticias (Telam), el ministro se expidió categóricamente: «no habrá extensión», aunque luego reparó en que «no habrá posibilidad de desalojos sin mediación”, dado que «lo más fuerte en la reglamentación de la Ley de Alquileres es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP de los contratos».
A partir del anuncio, los actores involucrados se posicionaron inmediatamente. Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina, su presidente, Alejandro Bennazar celebró los dichos de Ferraresi, aduciendo que el sector viene «desde hace 36 meses en un tobogán de caída libre», y que el «el mayor de los problemas para el propietario es la rentabilidad, es la más baja de la historia». Remarcó también que «en el mercado habitacional, la acción judicial en un desalojo y en un cobro no son frecuentes», ya que «los conflictos se resuelven entre propietarios e inquilinos».
Días antes, mediante un comunicado, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (CoFeCI) se había expresado: “los inquilinos con necesidades para abonar el alquiler puedan ser asistidos por el Estado Nacional, a través de una ´tarjeta AlquilAR´, de la misma manera que hace con las familias en sus necesidades alimenticias, a través de distintos programas como por ejemplo la tarjeta AlimentAR”.
De parte de la comunidad inquilina, asociaciones de todo el país emitieron un comunicado solicitando la prórroga del Decreto, así como un plan de desendeudamiento para quienes lo requieran: «Nos preocupa la situación de endeudamiento de muchísimos inquilinos. Las condiciones económicas apenas empiezan a despuntar tras más de un año de pandemia. El impacto real en la recuperación del empleo y del poder adquisitivo llevará tiempo. No es factible pensar que miles de inquilinos que han perdido su trabajo o visto disminuir drásticamente sus ingresos hoy puedan afrontar el pago de los aumentos más las deudas, aún en 12 pagos.»
La Federación de Inquilinos Nacional, a su vez, sentó postura por medio de un escrito: «El panorama hoy es: familias que hace meses acumulan deudas, no tienen dinero para mudanza, no tienen dinero para pagar un nuevo alquiler, y mucho menos para saldar las deudas mientras pagan un nuevo alquiler. La única alternativa es la calle».
COMUNICADO DE PRENSA FEDERACIÓN DE INQUILINOS NACIONAL
Inquilinos Agrupados – Inquilinos Sanjuaninos – Inquilinos Neuquén – Inquilinos Santa Cruz – Inquilinos La Pampa – Inquilinos Corrientes – Inquilinos Agrupados Entre Ríos – Inquilinos Agrupados Mendoza – pic.twitter.com/lIoFX6R4v1— Unión de Inquilinos Córdoba (@U_I_Cba) March 3, 2021
DESALOJOS EN PUERTA
Vencido el Decreto 320 se asoma un futuro incierto. Las deudas contraídas (y a ser pagadas hasta en doce cuotas) se agregan a los contratos vencidos que pueden no ser renovados, o proponerse hacia adelante con precios bastante superiores a los actuales. La posibilidad de que se realicen desalojos en todo el territorio nacional existe, pese a las expectativas planteadas por el ministro de Hábitat, quien planteó que a partir de abril se podrá “ver el resultado de esta situación y tener datos reales de quiénes están en posibilidades de desalojo».
La Ley de Alquileres (N° 27.551, vigente desde Julio 2020) establece que previo a cualquier desalojo debe existir una mediación provista por el Ministerio de Justicia e inscribirse el contrato de locación en la AFIP (obligatorio a partir del 15 de abril). Sin embargo las expectativas de las asociaciones inquilinas son frustrantes, como lo establecen en su comunicado «todo parece indicar que los desalojos serán una realidad cotidiana».
Ante la situación descripta, la FIN lanzó la campaña #NosQuedamos: «Desde la Federación de inquilinos nacional queremos manifestar que vamos a hacer todo lo posible para que se extienda el decreto y se lleve adelante un plan de desendeudamiento en los alquileres».
DATOS
- 35,7% de los Inquilinos no pudo pagar el alquiler de enero o lo abonó parcialmente.
- 40% de los inquilinos no sabe dónde va a vivir cuando finalice el decreto.
- En Argentina hay 9 millones de inquilinos.
- En Córdoba, el 30% de la población alquila.
- En Río Cuarto, el 28,23% de la población alquila.
Fuentes: Federación de Inquilinos Nacional. Inquilinos Córdoba. EPH 3T 2020.
¿QUÉ DIJO?
Ama de Casa, 33 años, Barrio Alberdi: «Durante la pandemia, la inmobiliaria cerró y estuvimos aislados, sin poder trabajar. Se acumularon cinco meses de deuda, entre ellos dos aumentos (ilegales). Comenzamos a pagar de a dos meses, con un completo sacrificio, y ofrecimos un plan de pago para el resto de lo adeudado, pero no lo aceptaron. Se nos intimó a desalojar bajo la amenaza de iniciar acciones legales contra los garantes. Con la caída del Decreto 320 debemos abandonar la casa en quince días, buscar otro lugar para alquilar, y a partir de ahí establecer un plan de pago con la inmobiliaria que nos echa.
Para alquilar hoy nos piden locuras por casas inhabitables: no tener hijos, sueldos garantías mayores a $50.000. En las redes sociales se ve la desesperación de la gente, la cantidad de afectados es impresionante.»
Prof. de Educación Física, 22 años, Banda Norte: «En pleno ASPO nos aumentaron (con mi pareja) en el departamento que estábamos alquilando, lo cual estaba prohibido por ley, y tuvimos que dejarlo porque quisieron aplicar otro aumento más. Para conseguir un nuevo lugar para vivir las inmobiliarias nos pedían una cantidad de requisitos increíbles. Tuvimos la suerte de encontrar un departamento «con dueño» (sin intervención de inmobiliarias), mucho más chico que el anterior. De no haber sido así no sabemos donde estaríamos en este momento.»
Empleada de Comercio, 29 años, ex vecina de Río Cuarto: «Cuando consulté a la inmobiliaria sobre la renovación del contrato (vencía en abril), nunca quisieron decirme el precio que tendría en adelante. Esa incertidumbre (y no tanto el precio, que más bien era accesible) llevaron a que deje el departamento y la Ciudad, por más que mi intención era permanecer ahí. Desde el momento en el que comuniqué que me retiraba, la relación se tornó muy tensa por la constante intención de parte de la inmobiliaria de que me haga cargo de gastos que no estaban especificados en el contrato.»
Estudiante, 25 años, Residencias Universitarias: «Pude acceder a la Educación Pública gracias a las becas que brinda la UNRC, tanto económica como de alojamiento. Ahora, que estoy por recibirme, me toca buscar un lugar para vivir y me exigen garantías y recibos de sueldo que ni yo ni mi familia está en condiciones de tener.»
