E
l referente del Movimiento Evita, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, pidió este sábado a las organizaciones sociales “que hagamos una tregua y que por 21 días no nos movilicemos, aunque los reclamos sean legítimos, porque estamos tratando de frenar la curva de contagios”.
La preocupación por las protestas sociales ya había sido tratada el miércoles 28 de abril en la reunión que mantuvieron la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y el secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Marcelo D’Alessandro.
“Estamos discutiendo para que no se hagan manifestaciones. Respetamos el derecho a la protesta, pero esto puede producir contagios”.
En ese encuentro acordaron aumentar los controles en los ingresos a la Ciudad, sobre todo terminales y puntos de trasbordo, y no permitirán la circulación de organizaciones sociales encolumnadas. Podrán trasladarse por sus propios medios, pero no de forma conjunta.
Como a lo largo de 2020, varios accesos a la Ciudad permanecerán cerrados de 20:00 a 6:00, franja en la que solo podrán circular quienes estén comprometidos en tareas esenciales.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, marcó este lunes la misma línea. ”Lo que pasa en la calle refleja la situación social en la Argentina, pero es un momento de no hacer movilizaciones ni marchas por la circulación comunitaria del virus”, dijo en declaraciones radiales.
Arroyo estimó que hay 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Además de asegurar que “estamos reforzando todo lo alimentario“, repasó otras medidas tomadas recientemente: “un bono de 15 mil pesos para un millón de familias“, los REPRO de “18 mil pesos para las personas con trabajo formal de sectores golpeados por la pandemia y pequeños emprendedores“ y “el aumento del salario mínimo“.
Se refería a la reunión del Consejo del Salario del 27 de abril, en el que representantes gubernamentales, sindicales y de las cámaras empresariales consensuaron (31 votos a favor y 1 abstención) un aumento escalonado del haber Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que será de 29.160 pesos en febrero de 2022. (Ver Nota)
Al día siguiente, un conjunto de organizaciones territoriales se manifestaron en el Obelisco porteño, denunciando que su Ministerio les había notificado “la baja de 50.000 programas de empleo comprometiendo a miles familias desocupadas“. (Ver Nota)
En conferencia de prensa señalaron que “la razón de esta medida es ajustar los recursos para pagar la deuda externa y los pagos inminentes de acreedores internacionales, tal como lo pide el FMI”. Y advirtieron que tendrán que “retomar los planes de lucha para garantizar el alimento de miles de personas dejadas a la deriva“.
Con un 42% de la población en condiciones de pobreza, estas decisiones del Gobierno “van a contramano de la realidad que afronta el país“.
Condiciones de vida
Este año, los precios acumularon ya un 13% desde enero. La Canasta Básica Total (CBT) para una familia de cuatro integrantes cuesta en marzo 60.874 pesos subiendo a razón de un 47% por año desde 2019. Una pauta que, salvo dos casos (Aceiteros y Sindicato del Neumático), las últimas paritarias no alcanzan a cubrir.
La conflictividad social es una preocupación porque las condiciones de vida son las que son. O peor aún que como lo reflejan las estadísticas oficiales del INDEC.
Los trabajadores de ese Instituto, hacen otros números y plantean en 92.928 pesos el costo de una Canasta de Consumos Mínimos (CCM), para el mismo grupo familiar: 31.389 pesos para cubrir el mínimo alimentario más 61.538 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos. (Ver Nota)
Con esa determinación de necesidades básicas a cubrir, ATE INDEC plantea que “la necesidad de tener salarios dignos es un derecho irrenunciable. Por eso le exigimos al Gobierno la rápida convocatoria a la mesa de negociación paritaria con un objetivo claro: darle a la economía de cada familia el aumento necesario que recomponga el poder adquisitivo de sus salarios“. (Ver Informe)
Con el mismo planteo, amparado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la Federación de Aceiteros logró obtener un básico de 93.000 pesos tras 21 días de huelga a fines de diciembre del año pasado. (Ver Nota)
Gobierno de diálogos
“Reconocemos -dijo el “Chino“ Navarro- que existen argumentos sobrados y razones sobradas para que haya vecinos y organizaciones sociales que reclamen porque en el marco de la pandemia, después del desastre que dejó (el ex presidente Mauricio) Macri y todo agravado, la economía está muy golpeada“.
Indicó también que el Gobierno tiene “una clara vocación de no reprimir“ las movilizaciones sociales, sino “tratar de consensuar en el sentido racional y pacíficamente», pero aclaró que no van a “permitir que se haga un desfile de manifestaciones que terminen afectando la salud de la comunidad en general“.
El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, se había dirigido en el mismo sentido frente a los integrantes del Consejo del Salario. “Quiero agradecerles en nombre del Gobierno por haber logrado este nuevo acuerdo para, de este modo -dijo-, intervenir en una realidad que nos aqueja, que es el flagelo de la pobreza en nuestro país. La pobreza se resuelve con trabajo digno, y no buscando cualquier otro tipo de atajo“.
Ahora 7: el mínimo en cuotas hasta 2022
El Gobierno nacional oficializó este miércoles, a través de la resolución 4/2021 publicada en el Boletín Oficial, la suba del salario mínimo, vital y móvil, que será de un 35 por ciento en siete tramos acumulativos, desde abril hasta febrero del 2022. El acuerdo había sido refrendado el 27 de abril pasado en la reunión del Consejo del Salario de la que participaron autoridades, los sindicatos y los empresarios.
A partir del 1° de abril, el monto a percibir será de $ 23.544,00 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo. Esa cifra sube a $ 24.408,00 el 1 de mayo y a $ 25.572,00 en junio. En julio el monto será de $ 25.920,00; en septiembre a $ 27.000,00; en noviembre a $ 28.080,00; y a partir del 1° de febrero de 2022 a $ 29.160,00.
Estuvieron presentes representantes de la CGT, la CTA de los Trabajadores, la Unión Industrial Argentina (UIA), Cámara Argentina de Comercios y Servicios (CAC); la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); la Federación Agraria Argentina (FAA); la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO); la Sociedad Rural Argentina (SRA); las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina; de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA); y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). En carácter de invitados, estuvieron la UTEP; la CGERA; Argencon; y el Consejo Federal del Trabajo.
