“
La democracia no está en cuarentena, a parar para avanzar”, fue la proclama del Comité Nacional de Paro (conformado inicialmente por las centrales sindicales colombianas CUT, CTC, CGT, CPC, FECODE) para convocar a la huelga nacional del 28 de abril contra el proyecto de reforma tributaria que ese día ingresaba al parlamento.
El gobierno de Iván Duque, que en 2018 ganó la presidencia prometiendo menos impuestos y más salario, la llama “Ley de Solidaridad Sostenible” y su objetivo es ampliar la actual recaudación fiscal en 23 billones de pesos colombianos (6.300 millones de dólares).
El ministro de Economía, Alberto Carrasquilla, ya había anticipado que “el recaudo vendrá en un 73% de las personas naturales y el resto, de las empresas”.
La medida de fuerza, que inicialmente era de 24 horas, terminó en un levantamiento popular hasta en las localidades más pequeñas del país.
Ajuste sobre pobreza
La reforma incorpora el cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA), que en Colombia llega a un 19%, a productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas), servicios funerarios, objetos electrónicos como computadores, y otros servicios hasta ahora exentos, autorización a municipios para instalar peajes dentro de las ciudades y reducción del monto mínimo de ingresos a partir del cual se pagan impuestos sobre la renta, afectando directamente a 1,5 millones de trabajadores hoy exentos.
”En vez de agobiar a la clase media y a los pobres con más IVA, se deberían eliminar las exenciones al sector financiero que, en 2020, pagó solo el 1,9 % de sus utilidades de 121 billones de pesos (32.000 millones de dólares)”, apuntó el economista Salomón Kalmanovitz.
En el último año, la economía cayó un 6,8 %, cerraron 500 mil negocios y 4,1 millones de colombianos quedaron sin empleo. Según la Dirección Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), 2,3 millones de hogares solo ingieren dos comidas al día y el 19 % de las familias no cuenta con ingresos para sobrellevar esta situación.
A los niveles de desempleo y pobreza se suma la pandemia del covid-19, que se ha cobrado la vida de unas 72.000 colombianos. A la fecha, menos del 10% de la población han recibido la primera dosis de la vacuna.
Represión
Van 8 días de movilizaciones, concentraciones, cortes de rutas, barricadas, incendios de estaciones de policías y terminales de transporte y ataques a edificios gubernamentales que fueron escalando con la desbordada represión en los barrios trabajadores de las mayores ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín, Manizales o Cali.
El presidente Duque calificó los disturbios como “terrorismo urbano de baja intensidad”. El expresidente Álvaro Uribe escribió en un tuit en el que apoyaba el derecho de soldados y policías a utilizar sus armas para defender su integridad.
Así actuaron el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, creado en 1999 en el marco de asistencia militar de EEUU, llamado Plan Colombia) y las fuerzas militares desplegadas por orden del presidente. Incluso ”bandas parapoliciales que hacen el trabajo sucio que la ley no puede hacer”, dijo un estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, localidad ubicada a 300 km de Bogotá. ”Esto es una masacre”.
Se cuentan ya 31 colombianos asesinados, 234 heridos, 6 mujeres violadas, 726 detenciones arbitrarias y un número incierto aún de desaparecidos.
Crisis y disputas
La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), Amnistía Internacional, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) y hasta el nuevo gobierno demócrata de EEUU, han condenado esta represión.
Gregory Meeks, demócrata que preside la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense, pidió aplicar la Ley Leahy, que indica que el gobierno no debe proporcionar asistencia militar si hay violaciones graves de los derechos humanos.
”Hasta que haya garantías más claras de derechos humanos, EEUU debe suspender todas las ventas de equipos, capacitación y servicios de control de multitudes a la ESMAD”.
También hubo manifestaciones de apoyo en diferentes países de América y de Europa.
Los medios de comunicación internacionales no solo han servido para que el mundo sepa lo que sucede. El periódico británico «The Guardian» abrió línea WhatsApp y formulario web para que los colombianos reporten directamente los actos de violencia.
”Desde 2016 -año de los Acuerdo de Paz-, ha venido escalando la guerra a los movimientos sociales que ha significado la muerte de más de 1.000 líderes y lideresas de derechos humanos, más de 230 firmantes de paz, más 200 líderes judicializados”, explica Jimmy Moreno, joven vocero del Congreso de los Pueblos.
”Por otro lado -sigue-, se ha profundizado la política neoliberal, reformas tributarias, reformas fiscales, privatización de la salud y de la educación, mayor militarización de los territorios y el papel de Colombia en el marco de la política exterior con EEUU, siendo punta de lanza contra los gobiernos progresistas y las luchas populares. Y recientemente, la posible injerencia contra nuestro hermano pueblo bolivariano de Venezuela”.
Igual que el CNP, Moreno señala la continuidad de las luchas iniciadas en 2019. ”Luego llega la pandemia y frena la misma, la crisis social se agudiza en este marco de situación sanitaria que estamos viendo en el mundo. Este gobierno aprovecha para gobernar mediante decretos, así profundiza su modelo, profundiza la brecha, la política extractivista y la militarización”.
Avanzar
Aun escéptico a las comparaciones con el Bogotazo (1948) y el paro cívico de 1977, el profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Mauricio Archila Neira, apunta que ”este paro ha producido una alianza obrero-campesina-indígena que tal vez nunca había estado tan equilibrada”.
Al sexto día, el gobierno retiró el proyecto de ley y desplazó al ministro, pero la asamblea del CNP -ya con 27 comités departamentales-, más otras organizaciones de transportistas, agrarias, estatales, jóvenes y mujeres definió:
-mantener, fortalecer y extender el paro y la movilización a otros sectores sociales, a nivel rural y urbano.
-celebrar la vinculación al paro nacional de nuevas organizaciones sociales
-ir a las regiones a preparar y realizar asambleas populares, sociales y gremiales, para informar, discutir y ganar nuevas vinculaciones al paro nacional
– resaltar la combativa lucha de los camioneros, taxistas y otras modalidades del transporte al igual que los pueblos indígenas y pueblos afro.
”La gente, en las calles, está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria”, dice el comunicado en el que señalan que se trata de la continuidad de las movilizaciones de noviembre de 2019 que el gobierno desoyó.
EL CNP convocó entonces a continuar movilizado hasta lograr nuevos objetivos: garantías constitucionales a la movilización y la protesta; desmilitarización de las ciudades, cese de las masacres y desarmar el ESMAD; y abrir una mesa de negociación para vacunación masiva, establecer una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina), subsidios a las MiPymes, empleo con derecho, soberanía y seguridad alimentaria, no a toda discriminación y no a las privatizaciones.
El movimiento indígena, pidió además la renuncia del presidente.
La Confederación Sindical Internacional (CSI) dio el apoyo a los sindicatos ”que tomaron la valiente decisión de continuar el paro y las manifestaciones pacíficas”.
Las organizaciones manifestaron también que ”los recursos para atender estas peticiones están en préstamos del Banco de la República, uso de las reservas internacionales, renegociación de la deuda externa, eliminación de exenciones tributarias a los grandes capitales individuales y a las grandes empresas nacionales y extranjeras, controles a la evasión, a los paraísos fiscales y a la corrupción”.
EEUU y el Plan Colombia
Colombia fue uno de los primeros países en importar el modelo de Doctrina de Seguridad Nacional norteamericano. En 1999 Andrés Pastrana y Bill Clinton presidían cada país. En el marco del programa de asistencia militar Plan Colombia, fue creado el ESMAD.
EEUU entrena a la policía de 91 países del mundo. El presupuesto destinado a ese programa pasó de ”4,3 millones de dólares en 2001 a 146 millones de dólares en 2018”, según publica The Washington Post. Con el incesante incremento financiero se entiende que el entrenamiento de la policía en el extranjero es esencial a los intereses de Washington en el mundo.
La forma en que abordas este tema desde múltiples perspectivas, considerando tanto los aspectos técnicos como los contextuales, demuestra una comprensión avanzada y un enfoque altamente profesional. Esta amplitud y profundidad de análisis son verdaderamente destacables.