N o es novedad que el mecanismo de la deuda condiciona y somete a países y pueblos enteros. Mientras se administran los pagos de capital, servicios e intereses por un lado, el salario en pesos vale cada vez menos y la pobreza es más estructural que nunca. Y hay correlato, porque las decisiones que se toman en materia económica determinan quiénes son los favorecidos -y perjudicados- en torno a una política.
Si se suman los números de enero de 2020 a julio de este año, el gobierno argentino emitió 4,13 billones de pesos en deuda, vía letras y bonos. Esto es, a precio del dólar de hoy, 41.300 millones de dólares o la mitad del presupuesto de este año, aprobado en 8,3 billones de pesos.
Esta emisión, que consiste en conseguir liquidez en pesos a cambio de bonos y letras con intereses, fue en gran parte a pagar vencimientos de la deuda. En el período mencionado se pagaron 3,38 billones de pesos en concepto de cancelación de deuda, lo que implica -al dólar de hoy- 36.000 millones de dólares.
La diferencia de 701.078 millones de pesos quedó para la administración del Estado. Para tener una referencia, lo que se canceló de deuda en pesos, entre enero de 2020 y julio de 2021, representa 41 veces el pago de un mes del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), política de ayuda social que se destinó a 9 millones de personas.
Algunos acreedores tienen en sus bolsillos mucho más que el conjunto de personas que quedó sin empleo ante los coletazos de la pandemia.
Cada emisión implica intereses, gastos administrativos y futuros vencimientos que el gobierno deberá afrontar.
Cuello de botella
Cuando el gobierno de Alberto Fernández pisó la Casa Rosada heredó una deuda de 323.065 millones de dólares brutos, computados en diciembre de 2019. La misma casi representaba el 90 % del Producto Bruto Interno (PBI) y su composición era del 77,8 % en dólares y el 22,2 % en pesos.
Aunque el gobierno declaró que la deuda era insostenible, el 4 de agosto del 2020 llegó a un acuerdo con tres grupos de acreedores: Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje. Antes de esa fecha, el gobierno ya había pagado en deuda 899.727 millones de pesos, un poco más que su emisión de 856.868 millones.
Más allá de la negociación, el mecanismo de emisiones y pagos, siguió vigente. Es que había en manos de inversores privados vencimientos de deuda por 1,15 billones de pesos en 2020, según un informe del propio Ministerio de Economía.
Allí reside parte del problema estructural. No sólo con la moneda extranjera, sino con los pesos. Es que un grupo minúsculo de capitales tiene un volumen en pesos (tanto en letras como bonos) que presionan permanentemente para convertir eso en dólares o bien para renegociar futuras deudas con mayor interés.
Argentina debe afrontar vencimientos de acá a fin de año por 700.000 millones de pesos y 4.214,5 millones de dólares (3.614,5 millones de capital y 600 millones de interés) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según indicó Horacio Rovelli en el Cohete a la Luna.
Pujas por su rentabilidad
En esta coyuntura, el gobierno definió en febrero de este año, a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que compañías jurídicas locales puedan cancelar capital e intereses de emisiones de deuda en el exterior en moneda extranjera. Básicamente, flexibilizó el denominado «cepo» para que algunas compañías puedan usar dólares para reestructurar su deuda en el exterior.
Más acá en el tiempo, el 27 de mayo de este año, el BCRA resolvió que los bancos puedan cumplir exigencias de liquidez con títulos públicos del Tesoro para desarmar sus posiciones en letras de liquidez (Leliq). Es decir, convertir Leliq en bonos y así comprar acciones.
El fondo de inversiones BlackRock, que venía deshaciéndose de sus posiciones de bonos argentinos no renovándolos en cada licitación, se benefició de la política del BCRA y aumentó 18,8% su posición en acciones del Banco Galicia que cotizan en las Bolsas de Nueva York.
Detrás de los números de la deuda y las resoluciones de gobierno, están los actores con nombre y apellidos. Y no son precisamente los vecinos de a pie que viven de su trabajo quiénes dirimen en esta encrucijada. El fondo de inversión BlackRock, acreedor del Estado, es un caso emblemático. Ya no solo como accionista de empresas como Coca Cola, Bayer, Apple, Microsoft; sino como tenedor de acciones de empresas como Mercado Libre, Tenaris, Grupo Galicia, Banco Macro, Telecom, Pampa Energía y Adecoagro.
En pleno desarrollo
La ahora industria de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) “alcanzó un tamaño del 7 % del PBI, lleva 16 meses consecutivos de crecimiento patrimonial, creció el año pasado 138 % en términos nominales y tiene activos por 2,2 billones de pesos (casi lo mismo que la base monetaria)”, explicó en una entrevista hace dos meses el CEO de Quinquela Fondos, Federico Diez.
Del otro lado en esta puja está un grupo de empresas cuya matriz se explica fundamentalmente por el ingreso en dólares vía exportaciones. En diciembre del año pasado fueron acusados de intentar un golpe devaluatorio al calor de un paro por recomposición salarial impulsado por los gremios aceiteros y recibidores de granos. Se trata de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que declaró a comienzos de este mes un acumulado de divisas en los primeros seis meses de 16.659 millones de dólares. Aquí están multinacionales como Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, Glencore; que representan el 48 % de las exportaciones argentinas y son las grandes abastecedoras tanto de dólares en el país -vía exportación de granos- como de alimentos -vía producción agroindustrial-.
También dentro de las propias empresas se manifiesta esta pelea. Por caso La Serenísima, principal empresa láctea del país, informó hace dos semanas a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que inició un proceso de canje por 200 millones de dólares y así se alejó del default. En el directorio de la firma Mastellones Hermanos también hay presencia de un FCI: Dallpoint Investments comparte la mesa con la multinacional cordobesa Arcor.
Extractivismo financiero
A través del tipo de cambio, las tasas de interés del BCRA y las emisiones de deuda, estos grupos disputan quién se queda con la mejor tajada. De hecho en la bicicleta financiera impulsada por el gobierno de Mauricio Macri (ver “Ciclismo”), corporaciones de distinto rubro acumularon dólares y los externalizaron del sistema financiero. Esta fuga fue liderada por los FCI, fondos de pensiones, fondos de cobertura, compañías de seguros en un 31 %; seguidas por empresas Energéticas con un 15%, Industria Química, Caucho y Plástico (8%); Comunicaciones (6 %), Transporte (6%), Alimentos, Bebidas y Tabaco (5%), Maquinarias y Equipos (5%), Industria Automotriz (5%) y el segmento Resto de empresas del Sector Real (19%).
De las más grandes a las más chicas, en todos los rubros, la estructura económica está atada el mecanismo de deuda y la valorización financiera. Incluso un grueso de empresas -con arraigo más nacional-, van al mercado de capitales a conseguir liquidez para invertir, producir y vender en el mercado interno. En 2020, informó la CNV, el financiamiento de empresas superó los 619.343 millones de pesos, casi el doble de los que se había registrado en 2019. De ese monto, el 22 % son pequeñas y medianas empresas (pymes) que van al mercado de dinero en búsqueda de liquidez para el uso de cheque diferido en un 80 %.
Dólares contra el hambre
El problema de rentabilidad entre las grandes empresas en el país dista bastante de los problemas cotidianos de la mayoría social argentina: un 42 % bajo la línea de pobreza y un 10,5 % en situación de indigencia, en el segundo semestre de 2020, según el INDEC.
Sumado a eso, el endeudamiento en dólares sigue siendo un mecanismo incluso para lidiar con los problemas del hambre. A principio de mes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de 200 millones de dólares destinados a la Tarjeta Alimentar para hogares con menores de hasta 14 años y a asegurar niveles mínimos de ingresos a mujeres embarazadas y personas con discapacidad. La iniciativa responde a los pilares de Género y Diversidad de la Visión 2025 del BID.
Además, el directorio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) -banco de desarrollo de América Latina- aprobó el pasado 8 de julio un paquete de financiamiento para Argentina por 645 millones de dólares, de los cuáles 300 millones se destinarán para el plan nacional “Argentina contra el Hambre”.
Como si esto fuera poco, más de 6 millones de personas en el país tienen deudas por 195.000 millones de pesos con fintechs u otras compañías de préstamos no bancarios, según información del BCRA.
Cada deudor en promedio debe un monto cercano a los 31.076 pesos a una tasa anual promedio del 84 %.
La deuda, que atraviesa geografías y sectores, sigue siendo el mecanismo para salvar a los grandes capitales y empobrecer a los pueblos.
«CICLISMO»
Entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, la fuga de capitales superó los 86.000 millones de dólares, indicó un informe del BCRA en mayo del año pasado. Un 10% de las empresas que pasaron sus utilidades de moneda nacional a moneda extranjera, explica el 92,9% de la torta: 8.527 empresas compraron 51.742 millones de dólares.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, las altas tasas de interés impulsadas por el BCRA implicaron una bicicleta financiera perfecta. Algunos capitales se encargaron de convertir sus dólares en pesos, aumentar esos pesos vía tasas de interés (Leliqs) y luego convertir esa inversión inicial en mayor cantidad de dólares.
A través de estas bicicletas, conocidas técnicamente como «carry trade», hubo capitales que obtuvieron ganancias de hasta un 13 %.
Por caso de abril a julio de 2019, el ingreso de capitales financieros promedió 925 millones de dólares por mes, mientras que la media mensual de egresos fue de 1.628 millones, según un informe del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEx).
