La multinacional energética australiana Fortescue Future Industries, que anunció al presidente Alberto Fernández, durante la cumbre de cambio climática en Glasgow de octubre, una inversión de 8.400 millones de dólares para generar hidrógeno verde en la Patagonia, contrató a IMPSA para la construcción de 15 torres de medición de viento cerca de la costa atlántica de Río Negro.
IMPSA ya comenzó la construcción e instalación de anemómetros, columnas con medidores o sensores meteorológicos de velocidad e intensidad del viento, un insumo para la producción de hidrógeno verde. Del contrato firmado no trascendieron aún los montos. El acuerdo establece que una vez instalados, IMPSA asume la prestación del servicio de medición durante el lapso de 1 año, es decir, hasta el 2023, y así proveer a Fortescue información base necesaria para avanzar con la producción.
Ayer, tras una recorrida por el Centro Tecnológico de la empresa, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que “IMPSA está de pie. Hubo muchos momentos en donde parecía que la empresa no iba a continuar y eso hubiera sido una tragedia para Mendoza, Argentina y América Latina por el carácter único que tiene esta empresa, que se ha ido edificando creando capacidades tecnológicas y productivas”. El ministro, quien a partir de la estatización es vicepresidente de la metalmecánica, anunció en la planta que “se van a incorporar a 50 nuevas personas y de a poco crecemos y recuperamos proyectos productivos”.
El CEO de IMPSA, Juan Carlos Fernández, sostuvo que “estamos comenzando a participar en licitaciones en el exterior ya sea para Latinoamérica, Estados Unidos y Asia, y necesitamos ese talento nuevo que nos dé una energía diferente y que además nos permita continuar desarrollándonos tecnológicamente”.
Desde la empresa aseguran que siguen con los generadores del reactor nuclear Carem, un “desarrollo muy interesante” de energía hidroeléctrica en Brasil, donde dejó de operar con la caída de su subsidiaria WPE. A ello se suma la construcción de grúas para el Gobierno de Estados Unidos.
Kulfas reconoció que “hay varios proyectos en discusión”, además de la renovación de las turbinas de Yaciretá “como energías renovables”. Y también se refirió a iniciativas en el exterior, vinculadas a fuentes hidroeléctrica e incluso inteligencia artificial, al asegurar que “queremos que Impsa recupere el papel que tuvo como empresa multinacional”.
Antecedentes
El pasado 4 de junio, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, formalizó en un acto, en la planta de IMPSA en Mendoza, el relanzamiento formal de una empresa que concluyó con el proceso de estatización de mercado, que permitió, vía una inyección de dinero de los Estados Nacional y mendocino, capitalizar una compañía al borde de la quiebra.
IMPSA fue fundada en Mendoza en el año 1907, por Enrique Pescarmona para la fabricación de piezas de repuestos de material de fundición de hierro, equipos para la industria vitivinícola y compuertas para los canales de irrigación.
En la década de 1980 la empresa se convierte en un referente mundial en la construcción de grúas portuarias y centrales hidroeléctricas bajo modalidad “llave en mano”. La empresa sostiene que cuenta con unas 100 pymes contratistas y subcontratistas integradas.
El 24 de agosto Kulfas, junto con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras; y el presidente de Fortescue Future Industries (FFI) para la region Latinoamérica, Agustín Pichot, firmaron un Acuerdo Marco que da inicio a tareas de prospección y factibilidad para proyectos de hidrógeno verde en Río Negro.
Crisis y estatización
En 2020 la empresa reportó pérdidas de 1.015 millones de dólares. En agosto de 2020 amparándose en su carácter “estratégico”, la empresa solicitó un rescate al gobierno para hacer frente a sus costes operativos y a su deuda de 500 millones de dólares. En el primer semestre de este año la empresa reportó pérdidas por valor de 2.400 millones de dólares. Impsa entró en default a partir del 2014.
La empresa propuso a la Comisión Nacional de Valores un acuerdo preventivo extrajudicial (APE) para el reperfilamiento de su deuda sin quitas de capital. El plan fue avalado por el 98% de los acreedores y fue homologado en abril de 2021. Para completar el rescate, la directiva aprobó pedir los 15 millones de dólares restantes al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep).
Tras el rescate, en junio de 2021 IMPSA se convirtió en una empresa pública tras recibir un total de 20 millones de dólares, 14,4 del gobierno federal y el resto de la provincia de Mendoza, a cambio de una participación del 63,7% y del 21,2% respectivamente en la empresa. La empresa exporta el 85 % de su producción y emplea de manera directa a 720 personas.
