Afines de febrero, el gobierno nacional anunció el aumento de precios del servicio de gas, estableciendo un incremento que impactará un 20% en la factura de los hogares y un 15% en las pymes.
Al día siguiente de ese anuncio, la Secretaría de Energía anunció el aumento de un 18% (promedio nacional) del “precio estacional” de la energía eléctrica, uno de los elementos de la factura, en conjunto al transporte, la distribución y los impuestos. La medida, según el organismo, “representa una disminución de los aportes del Estado Nacional” en términos de subsidios.
Hacia adelante, y en función del comunicado del Ministerio de Economía sobre el acuerdo con el FMI, los usuarios serán segmentados en tres niveles: aquellos que tienen mayor poder adquisitivo y dejarán de recibir subsidios; receptores de tarifa social con incrementos de un 40% del coeficiente de variación salarial (CVS); el resto de los usuarios con incrementos de un 80% del CVS.
Según los cálculos de Alejandro Einstoss, economista jefe del Instituto de Energía General Mosconi, en 2021 el CVS subió 53,4%. Con este porcentaje, para los que tengan tarifa social la suba será del 21,36% y para el resto (diez millones de famiias) será del 43%, más del doble de lo previsto originalmente.
El documento referido al acuerdo con el FMI, enviado al Congreso, menciona que el escenario base supone una reducción de los subsidios a la energía en 0,6% del PIB en 2022, aunque dicho escenario “está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda”. Entre las variables a futuro, menciona el conflicto en Europa del Este, y una potencial re-intensificación de la pandemia.
Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), para Radio Gráfica, planteó que “el Gobierno, para responder al apriete del FMI, cambió lo que fue audiencia pública que había fijado aumentos entre 17% y 20% para llevarlo a un 21% para las tarifas sociales y un 42% para el promedio general”. “La segmentación es una farsa, vamos a terminar todos, salvo los de tarifa social, ingresando al sistema que ellos quieren”.
12% para las prepagas
Mediante la Resolución 459/2022 del Ministerio de Salud, el gobierno nacional habilitó a las empresas de medicina prepaga a aumentar sus tarifas hasta un 12%, repartido a medias entre los meses de marzo y abril.
Según el escrito, se permite «incrementar, desde los meses de marzo y abril de 2022, los valores retributivos de las prestaciones médico-asistenciales brindadas a sus beneficiarios y usuarios por los prestadores inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud, en un porcentaje similar a la Cláusula de Revisión de la Paritaria 2021 negociada entre los prestadores mencionados y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA)».
