Rusia responde a las sanciones económicas, y a la amenaza de otras nuevas, comenzando a cobrar en su moneda nacional el gas que exporta. La medida fue anunciada este miércoles por el presidente Vladimir Putin en una reunión de gabinete subrayando que es simétrica a la que aplicaron los países de occidente que incautaron las reservas rusas -alrededor de 300.000 millones de dólares- depositadas en el extranjero.
El 40% del gas natural que se consume en los 27 países de la Unión Europea (UE) proviene de suelo ruso y los contratos están rubricados en euros. “Rusia continuará suministrando gas en los volúmenes y los precios fijados” en los contratos vigentes, aseguró Putin, aunque explicó que “entregar nuestras mercancías a la UE, a EEUU y recibir dólares, euros y otras monedas ya no tiene sentido para nosotros”. Para pagar, entonces, las empresas importadoras deberán primero pasar por el Banco Central y comprar rublos.
Inter-dependencia
Aun desde 2014, cuando el golpe de estado en Kiev, los levantamientos independentistas en el Donbas y el plebiscito en Crimea para separarse de Ucrania e incorporarse a la Federación Rusa, y ahora, tras el inicio de la operación militar, los gasoductos nunca fueron cerrados y siguen bombeando hacia Europa.
Conocida la novedad del gobierno ruso, la cotización del gas saltó un 13% en los mercados europeos cerrando la jornada en 112 euros por megavatio hora (MWh), lejos aún de los 230 euros en los que estaba en la primera semana del mes. Como es utilizado para generar el 25% de la electricidad europea, su precio repercute en ese mercado que ya venía en subida y batiendo records desde 2020. Según la consultora ICIS, el MWh promediaba 56 euros en septiembre de 2020 en Francia y Alemania y en septiembre de 2021 pasó a 166 euros. Y desde el 24 de febrero, se ha disparado aún más, por arriba del 100% en 30 días.
En España en particular, comenzó enero de 2021 a 42,5 euros el MWh, llegó a 122,6 euros en la misma fecha de 2022 y se desbocó en 545 euros el 8 de marzo pasado.
Datos oficiales de la Eurostat muestran que en promedio, el 57,5% de todas las formas de energía que consume el bloque, es importada. Entre las economías más grandes, Italia, España y Alemania son los más dependientes: 73%, 68% y 64% respectivamente. Francia no. Su índice está por debajo de la media pues se autoabastece con sus plantas nucleares, con las que genera el 80% de la electricidad del país.
Gazprom, la gasífera estatal rusa, es fundamental para países como Finlandia, que le compra el 94% de lo que consume, Letonia (93%), Estonia (79%), Bulgaria (77%), Eslovaquia (70%), República Checa (66%) y Austria (64%). Los menos dependientes son Holanda (11%), Rumania (10%) y España (10,5%). Aunque Alemania está al medio de la lista, ya que compra en Rusia el 55% del gas que importa, tiene otro valor porque es el cliente número uno. Y allí las reacciones fueron varias e inmediatas.
Posiciones e intereses
Rusia “no es un socio fiable”, reaccionó en conferencia de prensa Robert Habeck, del partido de Los Verdes, ministro de Energía del gobierno alemán recientemente formado. Y anticipó que van a discutir con los demás integrantes de la UE “cómo responder a esa demanda”.
La cita igual ya estaba prevista: este jueves, viernes y sábado tendrán lugar en Bruselas la cumbre de la OTAN, la reunión del Consejo Europeo con la participación especial del presidente demócrata de EEUU, Joe Biden, y la del G7. El presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, estará conectado en las tres.
El martes, la Casa Blanca anticipó su postura de presionar con más sanciones, incluso contra quienes ayuden a Rusia a evitarlas. Y el miércoles, el noruego Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, expuso las suyas: reforzar su presencia de tropas en Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia. “Espero que los líderes acepten fortalecer la postura de la OTAN en todos los dominios”, anunció. Más de 100.000 soldados norteamericanos están desplegados en Europa y 40.000 bajo el mando de Stoltenberg. Desde octubre de 2021, se concentraron en los límites rusos: Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Bulgaria y Rumania.
La Federación de la Industria Alemana (BDI) también salió a decir lo suyo: “La industria alemana advierte a los países europeos en contra de reacciones precipitadas de consecuencias incalculables”, dice el texto firmado por su presidente, Siegfried Russwurm, explicando que “puede frenar la producción con consecuencias incalculables para cadenas de suministro, ocupación y también la capacidad de actuación política de nuestro país”.
La alemana BDI señaló también que “la UE no está preparada para un embargo energético general y a corto plazo” y que su consecuencia “comprometería económicamente y políticamente su unidad y su capacidad de acción”.
Otra figura alemana de peso, miembro de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), ex ministra de Defensa y actual presidenta de la Comisión Europea (el poder ejecutivo de la UE), Ursula Von der Leyen, ya instruyó a los 27 países miembros a prepararse para dejar de comerciar energía con Rusia a partir de 2027.
Mientras tanto, Olaf Scholz, jefe del Estado alemán desde diciembre pasado y líder del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), sigue hablando por teléfono con sus pares de Rusia y Ucrania para “callar las armas ahora mismo”. Y, a diferencia de EEUU y Gran Bretaña -que ya lo implementaron-. se sigue oponiendo a prohibir la importación de gas y petróleo rusos.
“Hacerlo de un día para el otro supondría una recesión para toda Europa”. Lo repitió ayer ante el Congreso, donde también ratificó que “no cederemos a las exigencias de una zona de exclusión aérea” y que «la OTAN no tomará parte en la guerra«.
Afirmó que “las sanciones están funcionando” y que “las endureceremos constantemente“. “La economía rusa se ha tambaleado, las bolsas de valores se han cerrado en gran medida, la moneda se ha derrumbado, cientos de empresas internacionales detienen sus actividades”. Pero dijo también que “tienen un fuerte impacto en muchos ciudadanos europeos. No deberían afectar a los países de Europa más que a las autoridades rusas. Este es nuestro principio”.
Horas después llegó el anuncio de Putin y las evaluaciones del vice ministro ruso de Energía, Alexander Novak. “Los países occidentales pueden verse forzados a limitar o racionar el consumo de combustible”, dijo y se empeñó en la tarea de «pasar más activamente al comercio en las monedas nacionales». La primera transacción en rublos de la estatal Gazprom a una empresa europea, data de 2019.
“Los políticos europeos deberían explicar a sus ciudadanos hacia donde puede conducir la miopía de sus decisiones”, había advertido hace 15 días este funcionario.
Otra hora europea
El temario del Consejo Europeo de este jueves, fue acordado en la reunión del 10 y 11 de marzo en el Palacio de Versalles, Paris. Fue cuando los jefes de Estado decidieron no darle curso a la vía rápida para que Ucrania se integre a la UE pero sí duplicarle la partida (de 500 a 1.000 millones de euros) para que pueda comprar armas. Y decidieron también retomar las propuestas que desde septiembre de 2021 empujan España y Francia: algunas, para desacoplarse de la dependencia energética con Rusia y otras, “para redefinir completamente la arquitectura de Europa”, según dijo entonces el presidente anfitrión Emmanuel Macron y para “dar más pasos decisivos hacia la construcción de nuestra soberanía europea«, según dice la declaración conjunta de entonces.
Todo esto supone, por un lado, regular el mercado eléctrico, negociar suministros con otros productores de gas como EEUU, Catar, Argelia, Azerbaiyán o Egipto, y acelerar las políticas de energías sostenibles. Por otro, las definiciones estructurales: establecer la Unión Bancaria y la Unión del Mercado de Capitales.
El Consejo Europeo tendrá sobre la mesa 5 opciones para intentar reducir en lo inmediato el precio de la energía: instar a que los países tengan sus reservas de gas llenas al 80% antes que comience el invierno, poner un tope al precio del gas en el mercado mayorista, compensar costos a las empresas que generan electricidad con combustibles fósiles, fijar un precio máximo del Mwh en el mercado eléctrico y, a la vez, establecer un impuesto sobre la rentabilidad “excesiva” de las empresas eléctricas.
El punto en cuestión es si las regulaciones serán comunes o cada país hará lo que crea conveniente. De un lado empujan España, Portugal, Grecia, Francia e Italia. Del otro, Alemania y Holanda ponen objeciones.
España y Portugal proponen establecer un tope de 180 euros por MWh eléctrico, una regulación que ambos mantenían hasta que en 2019 la UE prohibió la fijación de precios.
La semana pasada, mientras se preparaban estas propuestas, la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sostuvo que “la decisión debe ser europea porque la regulación es europea”.
“Si la Comisión no reacciona a tiempo, nos podemos encontrar con que cada Estado miembro que tenga una presión insostenible por parte de su sociedad haga lo que le parezca y que, en lugar de tener un mal menor respaldado por todos, tengamos 27 soluciones distintas”, dijo la ministra.
Y anticipó también que si Europa no está a la altura, “nos lleva a tomar decisiones como gobierno para proteger el interés nacional”.
Francia y España encabezaron en 2020 la lucha dentro del bloque propiciando una salida europea a la crisis económica. En julio de ese año se decide la primera emisión de bonos de deuda soberana de la UE para crear el Fondo para la Reconstrucción de Europa con el cual inyectar ayudas no reembolsables (48% del total) y créditos (52%) a los países miembros según un criterio de necesidad. Italianos, españoles y franceses fueron los más beneficiados. A un paso de ellos, ya estaba también Alemania.
