E
l pasado 28 de junio comenzaron en Panamá una serie de movilizaciones en reclamo al Gobierno del presidente Laurentino Cortizo por un aumento general del salario, contra los costos del combustible, de la canasta básica, de los medicamentos, entre otras problemáticas.
Este martes, la Iglesia Católica de Panamá, en su rol de facilitadora, anunció que los grupos organizados que mantienen las protestas a nivel nacional se reunirían a partir de esta propia jornada con representantes del Gobierno en una mesa única de diálogo. La decisión se produce luego que Alianza del Pueblo, la Alianza de Pueblos Originarios y la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) se unieran para sentarse a conversar con el Gobierno.
La confederación indígena Coonapip, conformada por siete etnias originarias del país, se unió esta semana y señaló que el cierre de las carreteras es en señal de protesta por el asentamiento de colonos e invasores de sus terrenos. Añadió que entre los reclamos figuran la disminución de las tarifas de precios del combustible y de la canasta básica alimenticia.
El martes pasado, durante las manifestaciones en la provincia de Veraguas, los grupos indígenas fueron desalojados por la policía con gases lacrimógenos.
En distintos puntos del país se registraron protestas. En la provincia de Chiriquí (oeste) se abrió un corredor humanitario para camiones con víveres, combustibles, insumos médicos y otros productos enviados a la capital del país. Los vehículos viajan escoltados por integrantes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).
Jaime Caballero, líder de Pueblo Unido por la Vida, explicó en un acto público que se decidió garantizar por los trabajadores el envío de estos productos porque “la lucha es contra el modelo neoliberal y no contra el pueblo”.
