E
l pasado jueves 28 de julio, la coalición que gobierna el Reino de España presentó ante el Parlamento un proyecto de ley con el que crea un impuesto temporal a los bancos (4,8% sobre los ingresos netos por intereses y por comisiones) y a las empresas eléctricas (1,2% sobre las ventas).
Se aplicará a empresas con facturación superior a 1.000 millones de euros en 2019 y a los bancos con más 800 millones. “El nuevo impuesto no es deducible para efectos del impuesto corporativo y no se puede repercutir a los clientes”, establece el proyecto.
El objetivo es recaudar 7.000 millones de euros (7.000 millones de dólares) hasta 2024 para destinarlos a paliar los efectos del alto costo de vida. “No hay justicia social sin justicia fiscal”, sostuvo Patxi López, el portavoz del Partido Socialista en el Congreso. Es deber de un “gobierno progresista” compartir los costos de la crisis “justa y equitativamente”, dijo.