La nueva primera ministra del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte asumió el martes pasado y ya tomó medidas proteccionistas para atemperar los efectos de la inflación más alta de los últimos 40 años y para aumentar la cantidad disponible de gas y petróleo para los consumidores. Liz Truss anunció topes en las facturas de energía, ayudas al sector mayorista, exenciones impositivas y promoción del fracking: todo un revés sobre las políticas adoptadas en los años anteriores, que aumentan el gasto público y el endeudamiento.
A fines de agosto, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) dio a conocer que la variación anual del Índice de Precios de julio fue del 10,1%, impulsada principalmente por los aumentos en los alimentos (verduras, lácteos y carnes), pero también por las subas de electricidad, gas y transporte.
El Banco de Inglaterra (BoE) advirtió entonces que bajo esa tendencia, llegaría al 13% en octubre. Y un informe del Citi Bank la proyectó a 18,6% en enero de 2023.
“Sin ayuda del gobierno, cerca de la mitad de los hogares del país podría caer en la pobreza energética en enero próximo”, advirtió Philippe Commaret, uno de los directores de la filial británica de EDF Energy, francesa.
Desde fines de junio, las medidas de fuerza de los sindicatos para subir el salario y recuperar el poder adquisitivo van en aumento y son artífices también de la transición en el gobierno. En agosto, un millón de trabajadores se movilizaron. Portuarios, ferroviarios de subtes y trenes, empleados de correo, telefónicos, recolectores de basura, enfermeros, maestros y el Colegio de Abogados Penalistas siguen protagonizando largas huelgas en el territorio de la Gran Bretaña (Inglaterra y Escocia).
“Los trabajadores de todo el país están hartos de que les digan que reduzcan sus salarios y su nivel de vida”, había dicho la secretaria general de Unite, Sharon Graham, al anunciar una nueva huelga en Liverpool para mediados de septiembre. Días después y por fallecimiento de la reina Isabel, todos los gremios levantaron las medidas.
El BoE sigue apostando al objetivo de bajarla al 2% anual y por como vienen las cosas ya previó volver a subir la tasa de interés de referencia que actualmente es 1,75%.
Además, la moneda británica sigue devaluándose. En julio pasado, una libra llegó a valer 1,19 dólares, el valor más bajo desde 2020. En agosto, 1,17. Esta semana, 1,14 dólares: una relación que no se veía desde 1985, hace 37 años también.
Y la deuda pública sigue engordando: era 40% del PBI en 2016, del 60% en 2019 y 96,2% en abril de 2022 según la misma ONS.
Reclamos industriales
En tales condiciones dimitió finalmente el gobierno de Johnson. Su ministro de Finanzas, Rishi Sunak, había renunciado dos días antes por diferencias sobre qué hacer con la economía. El entonces primer ministro pretendía más recortes de impuestos. Sunak, aliviar la carga de la deuda que superaba ya los 2,34 billones de libras (2,78 billones de euros).
La industria manufacturera británica nucleada en la organización Make UK está pidiendo al gobierno un conjunto de medidas de emergencia para evitar una recesión severa, insolvencias sustanciales y pérdidas de empleo. “Y las necesitamos ahora”, dijo el Stephen Phipson, su director ejecutivo, porque “ya estamos rezagados con respecto a nuestros competidores globales”.
En su informe del 1° de septiembre, Make UK dio cuenta de que la inversión total en fabricación es más baja que la de 2019, que el aumento de la energía ha sido del 100% en los últimos 12 meses y que se ha difundido sobre todos los demás costos, desde el transporte hasta los insumos cuyo precio general es ya un 24% más alto.
Así, 6 de cada 10 empresas ya están en riesgo, según el informe, y avizoran un escenario peor al de la pandemia en el que “será inevitable tomar medidas más drásticas, como cierres y despidos».
Los industriales reconocen que “algunos de los factores que afectan a las empresas son globales» (como los precios de la energía y un entorno internacional difícil) y “el gobierno del Reino Unido no puede contenerlos por sí solo». Sin embargo señalan que “dado el ritmo al que las empresas están quemando sus balances para sobrevivir, el gobierno debe tomar medidas inmediatas y sustanciales» tal como lo está haciendo “para proteger a la población más desfavorecida”.
El paquete de Make UK para el nuevo gobierno, incluye:
- Reducir el IVA del 20% al 5% en las facturas de energía.
- Frenar el aumento de los Aportes a la Seguridad Social establecido en abril pasado.
- Hacer permanente la Asignación Anual de Inversión que permite deducir costos de inversión sobre el cálculo de impuesto ganancias.
- Extender los alivios fiscales actuales que hoy tienen algunos sectores.
- Extender las desgravaciones de impuestos para mejoras de plantas y maquinaria.
- Estimular la inversión en tecnologías ecológicas.
- Medidas de eficiencia energética para reducir el consumo de energía.
- Reforma completa y fundamental de impuestos.
Y entonces llegó Truss, ex secretaria de Relaciones Exteriores, ganándole la interna en el Partido Conservador al ex ministro Sunak. Dos días después, el miércoles 7 de septiembre presentó ante la Cámara de los Comunes sus primeras medidas de gobierno. Entre ellas, un paquete de 150.000 millones de libras destinado a fijar en 2.500 libras anuales el máximo que pagará un hogar por el consumo de gas y electricidad.
También aumentó en 46.000 millones el fondo con el que el Banco de Inglaterra ayuda a las empresas del mercado mayorista de energía para que tengan liquidez y puedan “gestionar la volatilidad de los precios”. Al Estado, le costará una erogación de alrededor de 100.000 millones de libras.
Además anunció una reducción impositiva cuyo impacto se estima en 27.000 millones. Para las empresas, dio de baja el aumento de impuestos de 19% a 25% que iba a regir desde abril. Para las personas, eliminó la suba del aporte a la seguridad social implementado a principios de año. Según la Resolution Foundation, esta medida favorece mucho más al 5% de población antes que a los que tienen menos ingresos.
Para promover la actividad extractiva de petróleo y gas, revocó la prohibición del fracking ofreciendo incentivos a las comunidades que aprueben el uso de esa técnica e incentivos también para las petroleras que comiencen a explotar las reservas existentes en los pozos del Mar del Norte. Por estás reservas, Gran Bretaña no depende de Rusia aunque paga el precio que en el mercado mundial sigue en alza desde el inicio de las acciones beligerantes en Ucrania y que empuja la inflación general.
Continúan las protestas
Truss sostuvo que subir los impuestos desalentaría la inversión, lo que para Keir Starmer, del partido Laborista, resulta “ridículo”. “Ellos quieren proteger las ganancias de las compañías de energía y nosotros queremos proteger a la gente”, dijo.
Según la actualización de los precios de la energía que siguen en alza, el tope máximo por hogar fijado por la autoridad reguladora OFGEM, subió en septiembre a 4.000 libras anuales. La baja anunciada que regirá desde octubre, “dará seguridad a la población y bajará la inflación”, dijo Truss.
Al día siguiente falleció la reina Isabel. Por respeto a ella y a su familia, los sindicatos de correos (CWU), portuarios (Unite) y transporte ferrocarril (TSSA) dieron de baja las medidas de fuerza de septiembre.
Unite venía de 8 días de huelga -iniciada el 28 de agosto- en el puerto de Felixstowe, por donde pasan 4 millones de contenedores de unos 2.000 buques al año, la mitad de toda la carga comercial del país. La presión sobre la cadena de suministros seguía en aumento tras el anuncio del paro en el Puerto de Liverpool, del 19 de septiembre al 3 de octubre. Las empresas ofrecen 7% de recomposición salarial, por debajo de la inflación anual y la mitad de la proyectada para fin de año.
Por lo mismo, el TSSA había puesto fecha a la suya, del 15 al 17 de septiembre, en toda la red ferroviaria de la costa oeste repitiendo los tres días que pararon en agosto el sistema de trenes y metros de la capital.
A finales de ese mes, unos 100.000 trabajadores del correo oficial Royal Mail también realizaron su paro. CWU denuncia que la inflación ha producido una dramática reducción en sus estándares de vida y que la empresa ofrece solo 2% de aumento. Como la oferta empresaria sigue siendo la misma, este jueves habían iniciado una nueva huelga por 48 horas.
