E
ste jueves se realizará en las calles de Río Cuarto la primera Marcha por el Derecho a la Salud Mental, convocada por más de 30 instituciones de la ciudad, en pos de la implementación efectiva de leyes que resguardan los derechos tanto de usuarios como de trabajadores.
La transversalidad de la temática puso en agenda las voces de múltiples actores sociales que luchan por el acceso universal a la salud, al trabajo digno, la educación y una vida plena en general.
“La salud mental no es cosa de locos”
Tiene que ver con la concreción de los derechos humanos y sociales de todas las personas, vinculados a una dinámica de construcción social que contempla la preservación y el mejoramiento de una serie de componentes: históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos. Al menos así lo establece la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010, que además utiliza la denominación de “usuarios de los servicios de salud mental” y ya no la del mero “paciente”.
Desde la delegación local del Colegio de Psicólogos, Casandra Gaspar, quien forma parte de su comisión directiva, amplió esta definición: “forma parte de la salud integral, entendiéndonos como personas integrales”. Esta descripción se asienta en “un cambio de paradigma que refiere a la importancia y a la consideración de la salud mental, que hoy en día sigue siendo pujante” y que adquiere materialidad en virtud al lugar que las gestiones gubernamentales le dan a la salud mental, definiendo (o no) la implementación de lo definido por la ley.
Una Ley como herramienta
Maximiliano Corroinca, abogado integrante del “Forum Infancias”, equipo interdisciplinar que trabaja sobre infancias y adolescencias, reflexiona sobre la Ley Nacional de Salud Mental: “es una herramienta de construcción colectiva para transformaciones colectivas”. Según el profesional, la salud mental como un derecho, refiere a la salud de la comunidad: “en este caso, la ley se sale de la individualidad, para pensar en un sujeto colectivo”
Esta ley “podríamos decir que es hermana de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad y también de una ley que se sancionó unos años antes, en 2006, también de construcción comunitaria y a partir de las luchas populares de las organizaciones que laburaban con los pibes, que es la de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” y viene a romper un poco con la conceptualización histórica “de que la salud mental es una cuestión de la medicina o la psiquiatría”, teniendo más que ver con los derechos sociales, económicos y culturales.
“Nuestras ley es una ley pionera en salud mental, tanto la nacional como la provincial, que tuvo más participación por parte de las instituciones y los efectores”, dijo Jorge Berlaffa, médico especialista en psiquiatría, quien fuera Jefe de Servicio de Salud Mental y luego Jefe de Medicina Interna del Nuevo Hospital de Río Cuarto “San Antonio de Padua”. “Esta ley no es sólo un instrumento normativo”, planteó, “también tiene una doctrina, una filosofía y definiciones conceptuales que sirven como respaldo teórico y jurídico para su posterior implementación”.
Sin embargo, según el médico, “la implementación no se acerca siquiera a un mínimo porcentaje, porque en realidad lo que no se está pudiendo lograr es la aplicación de un modelo que va más allá de la ley como instrumento normativo y que tiene que ver con un marco epistemológico diferente, una concepción de la persona distinta y una definición política diferente respecto a lo que es salud mental”. “La ley rompe esta concepción binaria y dicotómica que imprimió la ciencia moderna, que separa salud física y salud mental y de la cual se valen los grupos económicos que lucran con la enfermedad (como las grandes instituciones psiquiátricas y la industria farmaceútica) y el no-hacer de los gobiernos contribuye a que la situación no cambie”.
Corroinca, en sintonía expresó: “sacar la salud mental del ámbito exclusivamente psiquiátrico y médico tiene que ver con una disputa de poder” que implica desterrar el viejo paradigma del sujeto “arreglado por partes, como si fuera un automóvil en un taller” e imponer un trabajo organizado e interdisciplinario, para delimitar el ejercicio de poder de ciertas disciplinas. “Es una ley para militarla”, añadió, “una herramienta y una causa de muchas luchas y no es solamente una norma para exigir su cumplimiento”.
“Necesitamos que nos tengan en cuenta”
Entre los principales aspectos contemplados en la ley y no implementados al día de hoy, Gaspar menciona fundamentalmente la precarización laboral y la falta de dispositivos intermedios en el territorio, como casas de medio camino u hospitales de día, que permitan descomprimir el área de salud mental del hospital. “Somos los que laburamos y hemos elegido esto como profesión, necesitamos que nos tengan en cuenta, porque tenemos cosas que decir con respecto a esto”, planteó la psicológa.
“La ley no tiene falencias en términos técnicos o de construcción política, tiene una falencia presupuestaria y de decisión política” expuso el abogado miembro del “Forum Infancias” y mencionó como ejemplo la reestructuración que se debe hacer hacia adentro de los servicios que presta el Estado, como la modificación de las instituciones monovalentes y el cierre de los neurosiquiátricos o el control a través de órganos de revisión de las definiciones judiciales y los equipos médicos en lo que respecta a las internaciones.
La incorporación de los recursos humanos con respecto a las verdaderas necesidades prestacionales, la adecuación de las instalaciones hospitalarias y provisión de insumos necesarios y la implementación de acciones articuladas con otros sectores y jurisdicciones también forman parte de las demandas del “Colectivo por el Derecho a la Salud Mental” de esta ciudad.
“¿Quién cuida a los que cuidan?”
Según Andrea Ferreyra, psicóloga del Área de Salud Mental del Nuevo Hospital, “luego de doce años, todavía seguimos discutiendo cómo hacemos para implementar los puntos que la ley establece como derechos”. Para la también delegada sindical de ATE, “la realidad nos indica que hoy no hay instancias previas, no hay posibilidad de abordaje en el territorio, que los pacientes van al Hospital y no consiguen turnos, que hay agendas cerradas hace años y no se pueden abrir”.
Ferreyra describió que el municipio no cuenta con psiquiatras en su sistema de salud, mientras que el Hospital cuenta con tres psiquiatras y tres psicólogas para atender la demanda de todo el sur de la provincia de Córdoba (600 mil habitantes). En dicha institución, hace años no se hace consultorio de psiquiatría por falta de personal (solo dos médicas hacen agenda de consultorio parcial porque ellas ven población infanto-juvenil), por lo que los usuarios solo acceden a través de la guardia, “cuando por lo general ya se han descompensado”. Incluso, quien hoy se encuentra a cargo del Área de Salud Mental, ocupa efectivamente el cargo sin nombramiento.
También remarcó que la situación no siempre fue igual: “antes teníamos más personal, el consultorio externo funcionaba de lunes a viernes, con 30 pacientes por profesional por semana”, sin embargo, tras las distintas jubilaciones, renuncias, traslados o licencias, los cargos no son repuestos. “En nuestro servicio, el último reemplazo (en ese caso por licencia prolongada) fue hace 16 años”.
“Nosotros planteamos una interpelación en términos de «¿quién cuida a los que cuidan?», porque a nosotros se nos exige y nosotros nos hacemos cargo de esa exigencia, pero nuestras condiciones están siendo sumamente perniciosas para nuestro propio estado de salud mental”.
Santiago Cervella, residente de segundo año de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISAM), también compartió su visión: “durante estos dos años, hemos visibilizado la falta y la necesidad de dispositivos que tengan que ver más con lo territorial y con lo comunitario, como contempla la ley y que incluso antes existían y tras la pandemia se han restringido”.
Opinó que el reclamo del personal del Hospital “tiene que ver con la política pública y cómo se considera al recurso humano que va a estar al frente de la atención, en un esquema de poco personal y mucha demanda, lo que se traduce en mucho desgaste y a que el trabajo no sea reconocido como tal, perjudicando claramente la salud mental del trabajador”.
Andrea Ferreyra también está a cargo del Hospital de Día del Servicio de Salud Mental de Río Cuarto, donde “nunca hubo una persona designada para eso en tiempo completo, hoy no cuenta siquiera con un espacio físico y los docentes talleristas trabajan ad honorem”.
La psicóloga también señaló el problema de la medicación, la cual muchas veces no se encuentra disponible en la farmacia del Hospital o a veces hay de forma discontinua, porque la Provincia no envía lo necesario para los usuarios. “Es inentendible hasta desde el punto de vista económico: el costo que tiene para la Provincia mantener cerrados los consultorios y no proveer la medicación resulta mucho más alto que si fuera al revés”.
“Nos preocupa la posibilidad de que esto se trate de una campaña de auto-desprestigio y vaciamiento, abriendo la puerta a un nuevo proceso privatizador”, sentenció la profesional.
“…es una cosa de todos”
“Si hablamos de salud mental, tenemos que atender a la cuestión comunitaria y entender que es un problema de todos”. Así lo describió Carolina Cáceres, licenciada en Servicio Social, quien trabajó durante 18 años en la guardia de Desarrollo Social de la Municipalidad y hoy es delegada del Colegio de Profesionales en Servicio Social. “Partiendo de ese planteo, nosotros tenemos un compromiso de lleno, en gestionar políticas, en atender situaciones interdiscplinariamente con otros profesionales, en que haya canales de comunicación entre el Estado, las leyes y la gente”, explicó.
Según la licenciada, por las condiciones del sistema de salud actual, hoy las clases más empobrecidas “no tienen derecho a enfermarse”, sumado a que los servicios de intervención van desapareciendo y con mayor velocidad desde la pandemia, llevando al desmantelamiento de áreas claves de atención. “Y si hay demanda y no hay atención”, prosiguió, “la narrativa cae fácil en la criminalización”.
Silvina Pinchione forma parte de la Comisión Directiva de la regional local del Colegio de Psicopedagogos y participa del Colectivo organizador de la Marcha, “en función de recabar información de las problemáticas que están teniendo los colegas que trabajan en salud pública, tomando en cuenta que las áreas de salud y educación están siendo altamente afectadas en este último tiempo”.
Respecto a la salud mental, Pinchione planteó que su campo de acción les compete plenamente y que el escenario de pandemia también significó un quiebre en cuanto a la asignación de recursos en el área específico de la psicopedagogía. “Las demandas tienden a cubrirse en el momento, pero no se sostiene en el tiempo, perjudicando al usuario”, explicó, añadiendo “condiciones de precarización que nos asustan, descuidando la propuesta del profesional, al paciente y su familia”.
Guadalupe Reynoso, secretaria de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma de Río Cuarto, se refirió a la organización de la Marcha como un mecanismo que busca “que los trabajadores estén bien pagos y que los usuarios tengan acceso pleno a una salud integral”. Denunció que la falta de presupuesto hace incumplible la ley, por la falta de los dispositivos necesarios, golpeando a todas las clases sociales y todas las edades. “Apuntamos a un planteo integral: si hoy una familia no tiene un plato de comida, trabajo, educación, dificilmente pueda gozar de una buena salud mental”.
“Hoy tenés, en el Hospital, a una sola psicóloga infantil para toda la región, ¿cómo podemos hablar de una infancia, una adolescencia y una adultez sana?”, remarcó, apuntando a la necesidad de romper con la visión adultocentrista de la salud mental, pero también con el “a mi no me va a pasar”.
Camino a la primera marcha
Según los organizadores, la movilización surgió fruto de un proceso y un acumulado histórico (atendiendo a que en la Ciudad de Córdoba ya se desarrolló en ocho oportunidades), pero también de la posibilidad de reencontrarse es espacios participativos.
A partir de las actividades desarrolladas en el Hospital de Día y los talleres mensuales que desarrolla el equipo y los usuarios, se planteó una convocatoria interseccional e interdisciplinaria derivando en el conformación del Colectivo Organizador, que se propuso realizar la primera marcha en Río Cuarto, pero también lograr un mapeo y diagnóstico situacional de como está la salud mental a nivel municipal, provincial y nacional, evaluar qué se puede exigir a las autoridades en los distintos territorios, acompañar los reclamos por mejores condiciones laborales y sensibilizar a la población.
A lo largo de las últimas semanas, diversas actividades de visualización se realizaron en distintos espacios de la ciudad, convocando a este jueves 10, a partir de las 18:00, a marchar desde la Plaza Roca.
La Salud Mental como movimiento social
“La Salud Mental se va a transformar cuando se convierta en un movimiento social”, planteó Jorge Berlaffa, parafraseando a la psicóloga Alicia Stolkiner. “Mientras sea una cuestión puramente técnica a institucional, no va a haber reforma posible. Como tiene que ver con un bien común de la sociedad, si no parte de un movimiento social interesado y empoderado por el cuidado de la salud, las reformas van a ser seudo-reformas o cambios instrumentales o semblanzas institucionales, pero no reformas genuinas que comporten un cambio cultural. Por eso el lema de que «la salud es cosa de todos», porque usuarios somos todos”.
Esta Marcha por el Derecho a la Salud Mental, forma parte “de un proceso incipiente pero notorio de movimiento social”, dijo el médico. “Yo nunca dejé de militar esta causa y esto que se generó me sorprendió gratamente. Surgió en los intersticios de una institución, partiendo de los residentes, el Hospital de Día, sumado al malestar de la pandemia y de la situación actual del sistema de salud. Y como todo lo que surge de los intersticios viene con fuerza e impetú, promete ser el inicio de un movimiento social”.
