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os países de la Unión Europea (UE) aprobaron el noveno paquete de sanciones a Rusia, desde que este inició su operación especial sobre el territorio de Ucrania. También definieron un impuesto común para las grandes corporaciones, analizaron medidas para contrarrestar los efectos de la política antiinflacionaria de EEUU y finalmente definieron el precio tope que pagarán a Rusia por su gas.
La votación fue el pasado el jueves 15 en la Cumbre de Presidentes, realizada en Bruselas. Incluye restricciones a canales de propaganda rusa (RT entre ellos), un bloqueo a las inversiones en el sector ruso de la minería, impedir el abastecimiento de drones a Rusia y fortalecer las restricciones al comercio de bienes de uso dual, civil y militar. Todo lo cual agrega unas 200 personas, entidades, bancos y empresas tecnológicas en la lista de sanciones.
Aunque finalmente cedieron, los representantes de Polonia y Lituania no apoyaban el nuevo paquete, porque preveía flexibilizar medidas tomadas anteriormente para permitir el transporte de trigo y fertilizantes. Esa postura fue impulsada por España, Francia, Alemania e Italia, entre otros y busca reducir el impacto sobre los precios de los alimentos.
En ese mismo sentido, reiteraron la importancia de “intensificar la inversión en proyectos de innovación, infraestructuras e interconexiones, almacenamiento, energías renovables y eficiencia energética, con el fin de eliminar la dependencia de la Unión de los combustibles fósiles rusos, acelerar la transición verde y garantizar la seguridad del suministro”.
Días después, finalmente, los ministros de Energía europeos fijaron un precio tope que pagarán a Rusia por su gas. Es otra medida sancionatoria pero que ellos llaman “mecanismo de corrección del mercado para proteger a los ciudadanos y la economía frente a precios excesivamente altos”.
El punto divide las aguas. Hay un bloque que pide ese techo en el que están España, Grecia, Bélgica, Polonia, Italia o Eslovenia, y otro que no. Entre ellos, Alemania, Países Bajos, Austria y Hungría, preocupados porque la medida comprometa el suministro.
De hecho, este último votó en contra y los dos siguientes se abstuvieron este lunes 19, fecha en la que se definió que el precio para el gas importado, a partir de febrero de 2023, se topará en 180 euros el megavatio hora (MWh).
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, exhortó a la Comisión Europea a examinar las consecuencias de las sanciones contra Rusia. Las restricciones son racionales “si afectan a Rusia más que a Europa”, dijo.
Mes a mes, Rusia sigue batiendo récords de bombeo hacia China, a través del gasoducto «Fuerza de Siberia».
Regulación
Los presidentes acordaron también cobrar una tasa a las grandes corporaciones. Las empresas internacionales que facturan al menos 750 millones de euros al año deberán pagar como mínimo un 15% de impuestos, independientemente de dónde tengan su sede. Olaf Scholz, canciller alemán, festejó: “es un paso importante en favor de la justicia fiscal mundial”.
Contra la regulación
En una carta dirigida a los líderes europeos antes de la Cumbre Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió de que algunos elementos de la ley estadounidense contra la inflación “corren el riesgo de desnivelar el terreno de juego y discriminar a las empresas europeas”. En principio, quiere que sus fabricantes tengan el mismo acceso al mercado estadounidense que los de Canadá y México. Y el presidente Biden aseguró hace unos días que se pueden hacer ajustes a la normativa.
Esa ley norteamericana aprobada en agosto (y que se aplicará desde el próximo año) incluye 367.000 millones de dólares en ayudas estatales para impulsar la fabricación estadounidense e incentivos para que los consumidores compren productos estadounidenses, como coches, baterías y energías renovables.
“Creo que en Europa corremos el riesgo de desindustrializarnos”, dijo el primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, lamentando que no hay una respuesta común.
Von der Leyen ha puesto sobre la mesa algo similar a los EEUU: la creación de un fondo común para ayudar al sector industrial, “garantizar un marco de ayudas estatales más sencillo, rápido y aún más predecible” e impulsar la inversión pública para acelerar la transición energética. Algo que no convence a todos, como Alemania.
Las empresas europeas plantean la preocupación, justamente, de que por hacer frente a precios de la energía mucho más elevados que en EEUU, pierdan competitividad.
ENROQUES ENERGÉTICOS
Aramco, petrolera estatal de Arabia Saudita y la corporación china Sinopec acordaron este domingo la construcción de una refinería de 320.000 barriles por día y una planta petroquímica de 1,5 millones de toneladas por año que se espera que comience a operar a finales de 2025, en la localidad de Gulei, al sur de China. Además, acordaron estudiar la viabilidad de anexar un nuevo complejo petroquímico a la refinería ya existente en Yanbu, ciudad saudita a orillas del mar Rojo.
“Hemos decidido dar la espalda a los combustibles fósiles rusos y recurrir a nuestros socios energéticos fiables”, dijo el sábado Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Fue en la firma del proyecto mediente el cual Azerbaiyán suministrará electricidad a través de un nuevo cable submarino de 1.195 km inmerso en el mar Negro que llegará a Hungría, pasando por Georgia y Rumania. Las obras inician el año próximo pero no estarán en funcionamiento sino hasta 2029. Ilham Aliyev, presidente azerbaiyano, dijo que es la «contribución» de nuestro país “a la seguridad energética europea” y también “un nuevo puente entre la UE y Azerbaiyán”.
