Ayer, el Instituto Nacional De Estadística y Censo (INDEC) dio a conocer los ingresos que debiera tener una familia para no ser considerada pobre o indigente en Argentina. El costo de la Canasta Básica Total (CBT) -que marca la línea de la pobreza- en nuestro país subió 3,3% en febrero pasado. Con este aumento, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $ 17.537,88 para no ser pobre, según INDEC.
En el caso de una familia tipo de tres miembros -Hogar 1-, que el organismo considera estaría compuesta por una jefa de hogar de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) en febrero de 2018 fue de $13.962,20.
Por su parte, el Salario Mínimo Docente (SMD) pasó a ser, por decisión unilateral del Gobierno Nacional, en enero de este año, de $11.400, un 18,35% menos que la CBT. Con ello, el salario de los maestros iniciales de, al menos, 13 provincias argentinas, se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. 9 de las 13 provincias pagan la mínima y lo paradójico es que sólo en 2 de ellas los sindicatos mantienen los reclamos activos.
Salario docente y SMVyM
Los salarios docentes a nivel nacional se definen mediante paritarias desde febrero de 2008. Desde ese entonces, cuando alguna Provincia no pudiera pagar el salario acordado, el Estado Nacional se comprometía a pagar las diferencias correspondientes.
Tanto la Paritaria Nacional Docente como el compromiso a «completar» el salario se encuentran consignados -entre otras cosas- en el Artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (LFE) 26.075 de 2005.
Sin embargo, el 17 de enero de este año, Mauricio Macri decidió dejar de convocar a Paritaria Nacional mediante el decreto 52/2018 que modifica la reglamentación de la LFE. En dicho Decreto se fijó que el salario mínimo de los maestros debe ser 20% superior al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Ello implica, hoy, $11.400 y en julio $12.000.
Macri logró así que en la mesa de discusión nacional con los sindicatos docentes no se hable de salario, sino que esa discusión recaiga por provincia.
Desde el Gobierno aseguran que el Pacto Fiscal poco a poco «devolverá» ciertos impuestos que las Provincias hacían a la Nación a cambio de que éstas se «hagan cargo» de sus propios gastos, como los salarios docentes, por ejemplo.
Salario Docente y Canasta
Del relevamiento por provincia realizado por este medio, surge que en gran parte del territorio nacional continúan los reclamos salariales.
Según informa INDEC, el grupo familiar de 3 personas descripto del que puede ser parte una maestra de grado -Hogar 1-, en 13 de las 24 provincias del país, sería pobre. Para subsistir, la maestra deberá buscar otro trabajo o el hogar deberá contar con otro ingreso extra para no caer debajo de la línea de la pobreza. Si la familia, además, debe alquilar, la situación descripta se complejiza aún más.
Gobernadores y gobernabilidad
Ante esta situación, el reclamo se encauza en los gremios con representación nacional como CTERA, UDA o SADOP, que piden la reapertura de la Paritaria Nacional en las oficinas del Ministerio de Educación de la Nación.
Por otro lado, la protesta toma forma de pedido a los gobiernos provinciales con acciones directas en cada localidad, como paros y movilizaciones, donde el salario es un punto decisivo a la hora de «volver al aula». En Córdoba, de hecho, tras la aceptación de la oferta salarial del 15% con cláusula gatillo, no se realizaron medidas de fuerza en 2018 -solo la dispar adhesión a la medida de CTERA de 5 y 6 de marzo por reapertura de paritaria nacional-.
La paradoja radica que de las 9 provincias donde se cobra la mínima -por debajo de la línea de la pobreza-, solo en 2 el conflicto continúa abierto. De las 7 que, estando en estas condiciones, «arreglaron», 4 pertenecen al PJ, 2 a partidos provinciales y sólo 1 a Cambiemos -ver «Conflictos y Gobiernos Provinciales»-. La libertad de acción de estas administraciones se encuentra limitada a partir de la suscripción del Pacto Fiscal (PF) el año pasado. Esos compromisos de sus gobiernos se trasladan a los trabajadores de educación.
A partir del PF, las Provincias pasaron a quedarse con los fondos del impuesto a las ganancias que recibía ANSES y, a cambio, se comprometieron a: disminuir Ingresos Brutos provinciales; a la “armonización” previsional, la eliminación de los regímenes especiales de jubilación, como el docente, y a la disminución de un 10% de los haberes jubilatorios -vía cambio de fórmula-; y al congelamiento del “gasto corriente”, esto es, de los salarios de docentes y estatales provinciales, y de la planta de los mismos.
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