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partir de mediados de los años 70 comienza una potente reestructuración del orden mundial establecido a la salida de la segunda guerra mundial. En un mundo partido en dos bloques –el “capitalismo occidental” y el “comunismo soviético”–, se percibía que el capitalismo guiado por los preceptos keynesianos había aportado en los países desarrollados –los europeos noroccidentales, los americanos del norte, y pocos más- los mejores niveles de bienestar de los que había gozado la humanidad en toda su historia. Este standard de vida se impuso como una referencia aspiracional en el resto del mundo –detrás de la cortina y en el sur global– dando material para retomar intensos y medulares debates políticos y desarrollos teóricos sustentando las más diversas acciones sociopolíticas, desde la implementación de diferentes densidades regulatorias hasta manifestaciones y conflictos sociales de diversas intensidades con gestiones que llegaron a las barbaries conocidas en la región.
Así, mientras los países “desarrollados” construían su “etapa dorada” a partir de regulaciones surgidas de “acuerdos democráticos”, nuestro país regulaba a partir del “fraude patriótico” y, con mucha frecuencia, sobre interrupciones institucionales por golpes de estado y proscripciones electorales. Los “acuerdos democráticos”, la norma de los países desarrollados, fueron la excepción por estas tierras y, seguramente, el fundamento del atraso relativo en nuestra trayectoria de desarrollo. Mencionando estas tierras, muchas veces las excepciones a los “acuerdos democráticos” han estado motivadas por ellas, nuestras tierras, su apropiación y su uso.
Aunque pudiera parecer un hecho trivial, el tema en debate por la autorización de la instalación de la sucursal de Easy en el centro riocuartense reedita viejas discusiones sobre desarrollo y territorio.
De entre las innumerables controversias sobre las políticas de desarrollo, emerge un acuerdo teórico que nadie discute: un territorio, cualquiera sea la escala -local, subnacional, nacional, macrorregional, etc.- se desarrollará cuando pueda valorizar de la mejor manera todos sus recursos y todos sus activos. La tierra, entre varias funciones, como lugar de asentamiento de actividades productivas es uno de ellos, importante pero sólo uno. En el inventario de otros activos territoriales aparecen con frecuencia, herencia del vínculo -reduccionista y analíticamente empobrecedor- entre la macroeconomía y el crecimiento, el capital y el trabajo, dejando de costado un activo central para el diseño de los modelos de desarrollo: el potencial de la demanda territorial.
La absorción de la producción resultante de la utilización de los recursos productivos locales es una preocupación central de los productores y de los gobiernos, de allí la importancia, en principio, de la reserva de la demanda de un territorio para ser atendida prioritaria o exclusivamente por capital de propiedad de actores locales o por capitales extraterritoriales. Por eso, la protección de los mercados domésticos ha estado como tema prioritario en la discusión teórica y en la agenda política vinculada al desarrollo desde la infancia de la economía. El acceso a un creciente volumen de factores de la producción, en particular de capital acumulado, y la consecuente ampliación de la capacidad productiva pusieron en relevancia la necesidad de ampliación de la demanda con dos alternativas: la ampliación de la demanda doméstica, en general con distribuciones progresivas del ingresos habilitando recursos a los sectores con mayor propensión a consumir; y/o capturar nuevos espacios de demanda por fuera de los límites territoriales de referencia, algunas veces a través de acciones de mercado, muchas otras por acciones diferentes a las competitivas, destacando la corrupción y el uso de la fuerza, desde la intimidación a la ocupación violenta de un territorio “ajeno”, con el ejemplo tan cruel, tan antiguo y tan actual, de la guerra.
En términos operativos, es casi de sentido común pero la economía territorial le pone variados fundamentos, el acceso a un mercado dependerá de la localización de la/s unidad/es de oferta que intentan atender un marcado en un contexto tecnológico determinado. Específicamente para el comercio presencial de consumo masivo no es trivial asentarse en la periferia de un mercado con una demanda difusa al interior de esa periferia que en el centro del mismo.
Ante el avance del capital financiero en su segundo ciclo de globalización, la comercialización de bienes de consumo masivo pasó a integrar el conjunto de espacios de colocación del capital de esa naturaleza y, crecientemente, a buscar territorios donde localizarse con, naturalmente, la intención de rentabilizarse. Las grandes cadenas de comercio minorista fueron internacionalizándose y desafiando los usos y costumbres, y los marcos regulatorios que regían esas actividades, en general atendidas por capitales locales y de diversas dimensiones. La estrategia de internacionalización del comercio minorista produjo una potente concentración de la oferta en ese mercado principalmente a través de fusiones y adquisiciones. Este escenario de concentración de las firmas comerciales y del respaldo del capital financiero que las controlan, impulsaron cambios en los regímenes regulatorios que les permitieran el acceso a los lugares, la localización, que les permitiera maximizar sus objetivos. En ese contexto, las gestiones políticas de algunos territorios “resistieron” habilitando a esas configuraciones empresariales la porción del mercado al que pueden acceder desde los márgenes, sin que ello, también naturalmente, generara una solución estable y hoy presiona en búsqueda de “su” lugar.
La habilitación de una sucursal de una cadena comercial ya existente en la periferia de la ciudad y ya vetada su ubicación en el centro por imperativo legal vigente ha promovido una urgente revisión de la norma con fundamentos que, a partir buena parte de la teoría económica y del análisis de los acontecimientos observacionales, aparecen deslegitimados. En el proyecto que se tramita por Expediente Legislativo Nº 30.371, por la reducción del problema al ámbito del desarrollo urbanístico y, fundamentalmente, por el disvalor asignado a los recursos locales. En tal sentido, sería más beneficioso para el desarrollo local estimular y acompañar desde la política emprendimientos locales que impulsen la atención del mercado propio con acciones que puedan disputar en términos competitivos con las ofertas extraterritoriales, en lugar de facilitar la expansión de estas últimas en su estrategia de avanzar sobre la demanda local, la ampliación de su excedente económico y la transferencia de estas ganancias hacia otros territorios, debilitando el circuito de acumulación local.
Ejemplos de valorización de los recursos locales se encuentran muy abundantes en espacios de divulgación privados y también públicos y, en esta ciudad, se puede recuperar la memoria sobre varias intervenciones realizadas en la gestión del Intendente Alberto Cantero. La fuerza política que hoy impulsa la derogación de las restricciones al avance del capital extranjero es la misma que desarticuló esas experiencias de impulso al desarrollo local a partir de valorizar nuestros activos. Diferentes modelos de desarrollo, diferentes actores, diferentes roles, diferentes ganadores y diferentes perdedores.
Muchos caminos. El peor, sin dudas, el de convalidar esta situación que, ante la negativa, intenta sobre la visibilización material de su “inversión” someter el ejercicio de la autoridad política a la conveniencia del capital transnacional. Esto no sólo degradará la expresión democrática de la autoridad, sino cancelaría cualquier discusión sobre la viabilidad de los proyectos que los ciudadanos desean para su futuro cuando estos se oponen al interés del capital, dejando sin siquiera la ilusión de alcanzar aquel aspiracional “estado de bienestar”.
En el transcurso de la reestructuración global del comercio minorista, emergió el comercio electrónico, potenciado por el encierro sanitario obligado por la pandemia del COVID-19, habilitando una nueva discusión, diferente y también apasionante, de la que plantea la agenda política riocuartense inmediata pero que, por confusión o estrategia discursiva, intenta mezclar las peras con las manzanas y, aunque algunos traten de vender frutas, no son lo mismo.
