E
l presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció el miércoles 17 la disolución de la Asamblea Nacional y expresó que ha puesto a Ecuador “por encima de cualquier interés personal”.
Lasso, agregó que sus oponentes pretendían destituirlo sobre “la base de un contrato que no fue firmado” durante su Gobierno, por lo que sostiene que lo están acusando sin pruebas. “No esquivé el juicio político. No he cometido ningún pecado”, sentenció. “En mi periodo de Gobierno no hay un solo negociado en empresas públicas. No hay un solo caso. Por eso digo que hubo una acusación perversa que no tuvo pruebas, ni testigos”, subrayó el mandatario.
El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa calificó la medida de Lasso como un “golpe de Estado”. Correa aseguró que no existe una “grave conmoción social” que sustente el decreto de “muerte cruzada” del mandatario. “Obviamente no hay ninguna ‘conmoción interna’. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es una gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria”, señaló.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, aseguró en rueda de prensa: “Nos declaramos en vigilia permanente en defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano”.
Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, que agrupa a varios sindicatos, dijo que “(la medida) no es nada menos que la desesperación de un mandante que pretende imponer medidas impopulares”, y considera que el Gobierno está planeando enviar un decreto ley con la reforma laboral. Aseguró que los gremios van a “defender sus derechos laborales”.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, indicó que las organizaciones políticas deberían tener definidos sus candidatos hasta máximo el 31 de mayo.
“Eso significa que ya deben estar, en este momento, buscando candidatos”, manifestó la funcionaria ante los medios de comunicación.
