A
noche la Asamblea de Docentes Autoconvocados de los 23 departamentos salteños ratificaron el paro por tiempo indeterminado. Para mañana a la mañana convocaron a una gran marcha provincial, mientras que, para la tarde está programada una asamblea provincial que definirá los pasos a seguir en este reclamo. Los docentes reclaman un salario mínimo que iguale a la canasta familiar, entre otros puntos.
Ayer se realizó una multitudinaria movilización recorrió distintos puntos del centro salteño y terminó con cortes de calles y rutas en el acceso a la capital provincial. Participaron además trabajadores del área de salud pública de la provincia que también mantienen un conflicto con el gobierno provincial por cuestiones salariales, y organizaciones sociales y políticas.
Anoche también se registró una marcha de estudiantes organizados en apoyo a la docencia, que llegó a la plaza 9 de Julio, del microcentro de la ciudad de Salta.
Hoy continúa el paro por tiempo indeterminado con un alto nivel de acatamiento con cortes intermitentes de rutas en distintos puntos de la provincia. Fuentes policiales confirmaron que los cortes intermitentes en la ruta nacional 9, a la altura del expeaje Aunor, en el acceso a la ciudad de Salta, se registraban desde esta mañana, protagonizados por los docentes y trabajadores autoconvocados del área de salud. En el interior de la provincia había cortes de rutas y marchas en las localidades de Joaquín V. González, General Mosconi, Santa Victoria Oeste, Nazareno, Seclantás, Molinos, Cachi, Cafayate, Metán, Payogasta, Apolinario Saravia, Morillo, Pichanal, Aguaray, San Antonio de los Cobres, General Güemes y Rosario de Lerma, entre otras.
El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, anticipó que los sueldos de 6.100 docentes de toda la provincia ya se están liquidando con los descuentos correspondientes por los días de paro. Los docentes se habían comprometido a deponer los cortes de rutas y presentar la propuesta de recuperación de contenidos perdidos por los días sin clases “a cambio del no descuento de los días de paro”, pero al no obtener respuestas a ese pedido durante la jornada de hoy decidieron volver a manifestarse en el acceso a la ciudad de Salta.
Ley que regula la protesta
Este martes 30 de mayo la Cámara de Diputados de Salta dio media sanción al proyecto de ley que regula la protesta social en los espacios públicos. La norma había tomado estado parlamentario en abril del año 2022 y ahora fue aprobada. El texto, aprobado por mayoría (con varias ausencias y hubo 21 abstenciones) dispone que el Ministerio de Seguridad y Justicia será la Autoridad de Aplicación del protocolo y que puede o no autorizar una manifestación, “sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria”.
Docentes autoconvocados se organizaron y realizaron un acampe frente a la legislatura salteña en contra de la polémica que despertó dicho proyecto
En febrero el Gobierno de Gustavo Sáenz, había promulgado el decreto 91-23, su protocolo antiprotestas.
Con dicha resolución, las fuerzas de seguridad provinciales quedaban habilitadas para actuar ante una protesta que bloquee rutas nacionales sin la autorización de un juzgado nacional ni la intervención de fuerzas federales.
Oposición a la norma
El Sindicato de Prensa de Salta (SiPrenSal) alertó que el decreto afectaba, además del derecho a la protesta, el derecho a comunicar, ya que determinaba que “los periodistas no deberán obstaculizar los operativos de la fuerza de seguridad, ni podrán interferir en el desarrollo de los hechos”, dado que, además de “dar legalidad a las acciones que criminalizan las protestas, puede causar una censura al trabajo de comunicación”.
En marzo la Mesa Coordinadora por la Derogación del Protocolo Represivo, compuesta por un amplio marco de organizaciones, convocó a una jornada de lucha provincial con movilización y asamblea pública, en el marco de un plan de lucha provincial frente “a la falta de respuestas por parte del gobierno de Gustavo Sáenz, la imposibilidad de diálogo y la inminente efectivización del protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad sobre las manifestaciones”.
