Loretta Preska, jueza de distrito sur de Manhattan, falló el viernes pasado contra el Estado nacional por la expropiación de YPF.
Hoy la Justicia norteamericana dejó firme la sentencia.
Ya en marzo la magistrada había determinado que Argentina “incumplió el contrato” de YPF. Había considerado que el Estado no ofreció una compensación a todos los accionistas cuando decidió nacionalizar el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol.
La jueza consideró adecuado lo pedido por el fondo Burford Capital.
Esto es, 16.000 millones de dólares (unos 15.000 millones de euros) y será el monto más caro que se le haya impuesto a un Estado en la historia de EEUU.
Concretamente, Argentina deberá pagar 14.385 millones de dólares al fondo Burford Capital (7533 millones de daños y 6852 millones de pago de intereses acumulados entre el 3 de mayo de 2012 y el 15 de septiembre de 2023) y 1714 millones de dólares a Eton Capital (897,7 millones de daños y 816,6 millones de intereses).
Eton sí era propietario de YPF al momento de la expropiación en 2012. En cambio Burford Capital no. Al igual que los fondos buitre con la deuda, Burford Capital -que cotiza en las bolsas de Nueva York y Londres- es un fondo que se dedica a la compra de derechos de juicio de empresas quebradas para llevar a cabo denuncias por grandes sumas. Para esto cuenta con un ejército de 350 abogados.
Así lo hizo contra el Estado argentino en 2015 tras adquirir los derechos de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos sociedades españolas del grupo de la familia argentina Eskenazy que tenían el 25% de las acciones de YPF.
Fundado en 2009 por el ex vicepresidente y director jurídico de Time Warner, Christopher Bogart, el fondo Burford financió el reclamo desde el inicio del litigio y se convirtió en el más duro litigante contra el país.
Otro de los puntos del juicio tiene que ver con la fecha de expropiación. La jueza dio la razón a Burford Capital al considerar el 16 de abril de 2012, cuando el entonces ministro de Economía y hoy gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue nombrado interventor de la empresa. Lo que solicita Argentina es que sea el 7 de mayo de 2012, cuando se aprobó la ley de expropiación.
Bogart, egresado de la Escuela de Leyes de la Universidad de Western Ontario, posee oficinas en Chicago, Washington, Singapur, Sydney, Hong Kong y Dubai, además de Londres y Nueva York.
En tanto Preska, es graduada en leyes de la Universidad de Fordham, fundada en 1841 por el jesuita irlandés John Hughes. Antes de entrar al sistema judicial trabajó en dos bufetes privados: Cahill Gordon & Reindel y Hertzog, Calamari & Gleason. En 1992, Preska fue propuesta como magistrada por el entonces presidente George Bush (padre) y aprobada unánimente por el Senado de EEUU y quince años más tarde, en 2007, también considerada por Bush hijo para integrar la Corte Suprema de Justicia.
Apelaciones
Ni bien se conoció el fallo, el gobierno nacional informó que apelará inmediatamente.
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Y también, las acciones de Burford se dispararon más de un 20% al conocerse la decisión.
Robert Giuffra, abogado socio del estudio Sullivan & Cromwell, que llevará adelante la apelación, aseguró que “la sentencia dictada en materia de daños y perjuicios refleja la incomprensión fundamental de la corte de distrito respecto del derecho argentino aplicable”.
“Este litigio, que versa sobre los derechos de ex accionistas de una sociedad argentina bajo los estatutos de esa sociedad argentina no debería tramitarse en un tribunal de EEUU, en particular cuando el derecho argentino vigente exige que este tipo de controversias sobre derecho argentino deben ser decididas por los tribunales argentinos”, manifestó Giuffra en una nota de prensa.
Además, el abogado ratificó la decisión de apelar la sentencia “ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito” y señaló que “confiamos que corregirán los errores fundamentales de la corte de distrito”.
En marzo, la jueza Preska dejó a la compañía YPF fuera del litigio, ya que será el Estado argentino y no la empresa (que conserva el 49% de sus acciones en manos privadas) quien deberá pagar la indemnización.
Prezka estimó el inicio de la nacionalización el 16 de abril de 2012 y una tasa de interés del 8%, lo que agravó los costos de la sentencia. Con esos fundamentos, que fueron los que planteó Burford, se definió el monto extraordinario del daño y no los 5.000 millones de dólares que estimaba el gobierno.
El gobierno de Cristina Kirchner ya había pagado 5.000 millones a Repsol en 2014. Y ahora, además de la sentencia, hay que sumar un 9% anual de intereses (1.500 millones por año) hasta que se negocie un acuerdo.
Esto es lo que lo hace el juicio más caro que se realiza contra un Estado, en la historia de EEUU. Hubo otros abultados pero fueron contra empresas o individuos. Si se pone todo en la bolsa, este juicio, de llegar a ratificarse, estaría en el sexto puesto como el más costoso. Contra la industria del tabaco en 1998 por 206.000 millones de dólares, 150.000 millones a la familia Robbie Middleton, contra Marlboro Philip Morris en el año 2000 por 145.000 millones, otro a la misma tabacalera en 2002 por 29.000 millones y 20.000 millones contra la petrolera BP en 2010.
Esta vez, la abultada cifra, va directamente contra el Estado nacional.
