Movilización popular por Memoria, Verdad y Justicia

En Río Cuarto, más de 5.000 personas marcharon pidiendo “por la plenitud de los derechos sociales, laborales y políticos”. La marcha fue convocada por los organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, barriales, juveniles, la Federación Universitaria de Río Cuarto, organizaciones sindicales, gremiales y partidos políticos.
El documento firmado por las organizaciones convocantes critica el plan económico del Gobierno Nacional porque “no se reduce sólo a la transferencia de recursos de los sectores trabajadores hacia los grupos concentrados. Es además, una apuesta a consolidar el mérito individual, al distanciamiento del compromiso por lo público y lo colectivo, a la antipolítica y al desprecio por lo popular”.
Además, los organizadores aseguran que “la apuesta por el mercado como ordenador social apunta a la configuración de una sociedad que comienza a verse trasvasada por una seria desigualdad y que la experiencia de la historia reciente, ha demostrado su elocuente desenlace en los años 2001 y 2002 con más del 50% de la población en condiciones de pobreza”
En los días previos a la marcha la Municipalidad de Río Cuarto confirmó que se constituirá como querellante en la denominada Causa Gutiérrez que investiga delitos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Río Cuarto y el sur de Córdoba, decisión que fue apoyada por los organismos.
En la ciudad de Córdoba la movilización, según las organizaciones convocantes, fue de 120 mil personas que reclamaron las renuncias de los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; de Justicia, Juan Garavano; y de Defensa, Oscar Aguad, “garantes de la represión, la mano dura y la impunidad”.
En Buenos Aires la multitudinaria movilización popular remarcó, a través de un documento que a “42 años del Golpe Cívico Militar Eclesiástico, nos encontramos en estado de movilización permanente”, todas las veces que el gobierno nacional “avanza en contra de los principios de Memoria, Verdad y Justicia”. En los últimos años “hemos sido testigos del atropello sistemático de los derechos más básicos de las personas, la fragmentación de los poderes institucionales, la criminalización y represión de la protesta social, la utilización de sectores del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad para perseguir y escarmentar a los trabajadores, militantes, dirigentes y cualquier actor que se contraponga a las medidas regresivas que Macri y la gobernadora Vidal lanzan para imponer el plan neoliberal del hambre, la violencia y la miseria”.
Aseguraron que el Gobierno está “sustentado por los grandes grupos económicos que financiaron la dictadura” y con el aval de “una importante cantidad de gobernadores” .