E
n el marco del paro universitario, convocado por todas las federaciones docentes y nodocentes del país para el día de hoy, se realizó una conferencia de prensa en la sede de la Asociación Gremial Docente (AGD), con la concurrencia de decenas de afiliados, estudiantes y organizaciones que adhieren al reclamo.
En la misma hicieron uso de la palabra Florencia Granato, titular del AGD; Cristina Wendel, secretaria general del SADOP Río Cuarto; Patricia Marini, delegada departamental de UEPC; Geraldine Bertolo, representando a la Catedra Libre de Soberanía Alimentaria y a la Multisectorial «La Patria no se vende»; Manuel Bricca, en nombre de las asambleas estudiantiles y Miriam Cisneros, de la Cooperativa de Trabajo «29 de Mayo».
“Contamos con un presupuesto, por ahora reconducido del 2023, cuando la inflación ha sido de más del 200% en el año y además los trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales hemos tenido solamente una oferta del 6% en febrero, lo que nos ha dejado más de 45% puntos por detrás de la evolución de los precios”, comentó Granato. “Estamos en niveles históricos de salarios mínimos en la docencia universitaria, como también las trabajadoras y trabajadores nodocentes”, planteó y agregó que “estamos a días o semanas de que las universidades deban cerrar, en su funcionamiento y por lo tanto nosotros quedarnos sin nuestras fuentes laborales”. “La educación es central para el desarrollo de nuestro país y la riqueza de nuestro pueblo. Para que nuestro pueblo tenga garantizado una vida digna y un bienestar universal para todas las mayorías de nuestro pueblo”, expresó y procedió a leer un documento elaborado con los sindicatos docentes de las Universidades Nacionales de Córdoba y Villa María, así como también de la Universidad Provincial, SADOP y UEPC.
La referente de SADOP dijo que “hoy está en riesgo la educación, lo posibilidad de acercarse como ciudadanos a oportunidades mejores, que solamente la educación puede dar”. “Estamos inmersos en un conflicto desde inicios del año en la provincia de Córdoba y a nivel nacional también, porque este gobierno ha decidido cerrar el ámbito paritario, dónde aún al día de hoy no se ha delimitado un piso salarial mínimo para los docentes de todo el país”, repasó. “Estamos luchando también para que en la provincia de Córdoba se defina cuál va a ser el aumento para los docentes de nivel inicial, primario y medio. Tenemos docentes que no han tenido movilidad de sus salarios en lo que va del año, con una paritaria cerrada en septiembre que incluía un incremento en el mes de enero que no se tuvo en cuenta”, planteó Wendel. ”Estamos 300 mil pesos por debajo de poder cubrir nuestras necesidades básicas, por debajo de la línea de pobreza”.
“Los docentes siempre cedemos y siempre estamos a mano. Somos profesionales con vocación, pero también somos trabajadores de la educación y es algo que parece que la sociedad no lo tiene bien en claro. El docente con su salario de pobreza es el que sostiene un hogar, manda sus hijos a la escuela y formarse constantemente para estar a la altura de una calidad educativa, para realizar este ejercicio de enseñanza y aprendizaje con convicción, crecimiento y desarrollo”, remarcó la titular de SADOP y enfatizó que «este conflicto lo genera el gobierno nacional y el gobierno provincial por no aceptar propuestas que realmente recuperen la pérdida del poder adquisitivo que ha tenido durante años el salario docente”.
Patricia Marini, de la UEPC, reforzó lo dicho por Wendel en cuanto al incumplimiento del acuerdo 2023 y describió la lucha que vienen realizando desde el sindicato por el aumento de los aportes jubilitarios “que significa una disminución en nuestros salarios de bolsillo”, así como también el aumento de los aportes al APROSS, a lo que sumaron nuevos items como el “Fondo de Enfermedades Catastróficas” y a partir de marzo el “FOSAET”, de Enfermedades Emergentes e Innovación Tecnológica. “Nuestros jubilados se vieron altamente perjudicados, porque se ha diferido el pago de los incrementos a 60 días”, sumó y mencionó además la lucha por recuperar el FONID “que si bien en nuestra provincia representa cerca de 60 mil pesos, para otras llega hasta los 300 mil”.
Desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) y en representación de la Multisectorial “La Patria no se vende”, Geraldine Bertolo manifestó que “desde las organizaciones sentimos un profundo agradecimiento y orgullo por la Universidad pública” ya que fueron sus trabajadores quienes “avalaron y dieron credibilidad a los reclamos que venimos haciendo”.
Miriam Cisneros, trabajadora de la Cooperativa de Trabajo “29 de Mayo” planteó que “la situación es bravísima, tenemos un retorno de 160 mil pesos y estamos recortando cada vez más cosas para poder aumentarlo, como por ejemplo la mutual”. “Ningún compañero aguanta” apuntó, “estamos ocho horas y no podemos salir a otro lado a buscar trabajo”. Carolina, de la misma cooperativa, comentó que “hemos tenido que hacer muchos recortes, porque el aumento que la Universidad nos ha dado no alcanza y nos ha aumentado todo, los insumos, la ropa de nuestros asociados, la mutual y es un sufrimiento de todos los días, es insostenible y no tenemos quién nos escuche. No queremos que la cooperativa se vaya porque somos 65 familias que vivimos de esto”.
Manuel Bricca, representante de los estudiantes, manifestó el apoyo por parte de la asamblea estudiantil a los trabajadores de la educación y puntalizó la realidad del alumnado: “estamos en una situación muy complicada, comenzando con el valor de los alquileres, la situación económica en general, con un 60% de pobreza y con una universidad que ha perdido la política de permanencia, porque nos encontramos con una beca de ayuda económica que ha perdido un 70% de su poder adquisitivo desde el 2017 y hoy es de 33 mil pesos, lo que equivale al 17% de la Canasta Básica Alimentaria por adulto”. “El comedor tuvo un aumento del 400% en la última sesión del Consejo Superior y aún así es muy difícil acceder porque se hacen 700 menús para 15 mil estudiantes” agregó también.
Convocó a movilzarse el próximo martes al Consejo Superior, dónde ingresará un pliego por parte de los docentes, el reclamo de la cooperativa “29 de Mayo” y una serie de documentos por parte de distintas asambleas estudiantiles por carrera y centros de estudiantes, exigiendo que la Universidad convoque a una movilización en defensa de la educación pública. “Estamos mucho peor que el año pasado y seguimos como si no estuviera pasando nada. Con gestionar no alcanza y hay que dejar de administrar la sábana corta y la pobreza de un presupuesto claramente insuficiente”, remarcó.
Luego de las alocuciones, hicieron uso de la palabra Carlos Rang, por parte del Consejo Directivo Provincial de ATE, así como referentes de Ni Una Menos, Río Cuarto, quienes acompañaron la lucha.
Para concluir, se realizó una clase pública sobre “Situación presupuestaria de las Universidades Nacionales”, a cargo de Jorge Hernández, docente de la Facultad de Ciencias Económicas.
