Los ministros de Economía y Finanzas de los países miembros de la zona euro convinieron volver a ajustar los gastos públicos nacionales. «Esto sería lo adecuado a la luz de las actuales perspectivas macroeconómicas y de la necesidad de reforzar la sostenibilidad fiscal», señala la declaración conjunta tras la reunión del pasado 11 de marzo, encabezada por el italiano Paolo Gentolini, Comisario europeo de Asuntos Económicos.
Es un anticipo de la contracción fiscal que la Comisión Europea (CE) espera en el Presupuesto de Gastos 2025 de cada país. De hecho ya están comenzando a elaborarlos y antes del 15 de octubre deben enviarlos a la CE para que los evalúe. Hasta antes de la pandemia no los aprobaba si el déficit proyectado estaba arriba del 3% del PBI. Pero el año pasado hasta el promedio de toda la eurozona (3,2%) lo superó, con Italia (5,3%), Francia (4,8%) y España (4,1%) a la cabeza (ver gráfico).
La frágil actualidad de la economía fundamenta esta vuelta a la austeridad. En 2023 su PBI apenas se movió 0,2% y para 2024 el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que crezca 1,5%: casi la mitad del promedio mundial y muy lejos del 4,8% de las economías emergentes de Asia (ver gráfico).
Alemania por caso, que el año pasado contrajo su economía en -0,3%, acaba de reducir la proyección para 2024: de un esperado 1,3% a 0,2%. La industria, que representa el 20% del PBI sigue estancada por los altos costos de la energía -que ya no viene de Rusia-, las elevadas tasas de interés que frenan la actividad y el consumo y la menguada demanda externa desde otros países debido justamente a la crisis generalizada.
Como en el resto del mundo, en Europa los desempleados son cada vez menos y los ocupados cada vez más. Pero las remuneraciones alcanzan cada vez menos para cubrir los costos de vida cuya inflación persiste.
La convocatoria es a cerrar algunos grifos: los que se abrieron en apoyo de las empresas y de los hogares cuando la pandemia del Covid19, la crisis energética y la inflación. Todo lo cual, ha redundado en el aumento de la deuda pública.
En septiembre de 2023, Grecia, Italia, Francia, España, Bélgica y Portugal computaban una deuda pública mayor a su propio PBI, muy lejos de las antiguas reglas fiscales que fijaba un tope del 60%.
El mensaje para los gobiernos es que deben sanear las cuentas en general para poder reservar partidas destinadas a invertir en áreas de «prioridad común»: transición digital, transformación energética, seguridad y defensa. Y Gentolini lo enfatizó después en conferencia de prensa: «No debemos repetir los errores de hace una década. El tan necesario ajuste fiscal no debe conducir a recortes de inversión».
En frente tienen también la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) que mantiene alta la tasa de interés de referencia (4,5%). Pero tratando de reducir la inflación al piso del 2% anual, lo cual no ha logrado aún, sigue enfriando justamente la «frágil» actividad económica.
Las medidas que se hicieron necesarias para combatir la inflación, llevaron a un alza de intereses, lo que ha repercutido negativamente en las inversiones de las empresas, explicó hace un mes el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, del Partido Verde.
Su par del Ministerio de Finanzas, Christian Lindner, de Los Liberales, milita la receta del ajuste: achicar impuestos y burocracia. Pero para Habeck el recorte no alcanza y plantea, por el contrario, superar las limitaciones del gasto y del endeudamiento consagrado en su Constitución, para poder invertir en los sectores del futuro. La coalición de gobierno que encabeza el socialdemócrata Olaf Sholz, ya no es tal.
Lo cierto es que las llamadas prioridades comunes las imponen algunos. Y a los países con mayor déficit y mayor deuda, se le exigirán esfuerzos mayores.
