Mientras el Senado sigue discurriendo sobre la Ley Bases, el gobierno no pierde tiempo y avanza sobre los lineamientos establecidos en el DNU 70 de diciembre de 2023. A “efectos de un reordenamiento integral de la producción en general y de la reformulación de muchos de los regímenes jurídicos existentes”, dice los considerandos de la nueva resolución rubricada por el ministro Luis ‘Toto’ Caputo.
Igual que con la política monetaria en favor de fondos de inversión globales, esta vez le puso fin a los cupos de exportación de productos agropecuarios que fueron establecidos en 2021 para garantizar un volumen de abastecimiento suficiente para el consumo y la demanda internos.
Las dueñas del comercio exterior: Cargil, COFCO, Viterra, Bunge, ADM, Dreyfus, AGD, ACA, Molinos Agro, Amaggi, CHS, no tienen ya ni ese límite.
Todas tienen puertos propios en torno al Gran Rosario, en la ribera de la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuyo mantenimiento pasó a ser asesorado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU. El memorándum de entendimiento lo firmó la Administración General de Puertos, en noviembre de 2023.
El ministro de Economía firmó este miércoles la resolución 302/2024 que “por razones de oportunidad, mérito y conveniencia” deroga la 276/2021 del, por entonces, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
“Resulta indispensable -dice justamente el texto de la nueva norma- alinear la regulación de la agricultura, la ganadería y la pesca, procediendo a una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos en relación al Estado, productores, exportadores e importadores”.
También dice que propicia “una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común”. ¿De quién?
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la campaña agrícola resultará 85% superior a la de 2023 (año de sequía), cosechando 121,5 millones de toneladas entre trigo maíz y soja. Con todo, sus puertos recibirán más de 2,1 millones de camiones a lo largo del año, más del doble que el año anterior.
Tras la devaluación monetaria de diciembre de 2023, el indice general de precios escaló un 100% desde entonces, acumulando un 300% respecto al año pasado. La Canasta Básica Alimentaria ronda los 953.000 pesos y el 51% de la población vive en hogares que con el total de los ingresos de sus miembros no llegan a comprarla. Es decir, en condiciones de pobreza.
Los industriales no sólo están padeciendo el freno de la actividad (-21,2% en marzo), de la inversión (la del primer trimestre cayó 22,3%) y del empleo que resulta de este shock, sino que también han tomado posición en contra de los incentivos a las grandes inversiones que están contenidas en la Ley Bases porque favorecen a las empresas extranjeras y apunta a reprimarizar el sistema productivo.
La liberación de mercados agropecuarios impacta aún más sobre la mesa de los argentinos y sobre una Canasta Básica Alimentaria (CBA) que ya cuesta 552.400 pesos en Córdoba.
El trío Milei-Caputo-Bausili había asegurado tener la llave para atraer los dólares que hacían falta, con el objetivo de estabilizar la economía y desterrar la inflación, dijeron al público. Los agronegocios iban a ser una de esas fuentes de divisas.
El propio sector está dando cuenta de que no es tan así. La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportador de Cereales informaron que a marzo de 2024 han liquidado al fisco solo 6.000 millones de dólares de lo que obtuvieron por ventas al exterior de granos y derivados. Saltando la mala cosecha de 2023 por la sequía, esa cifra es apenas la mitad de lo que habían liquidado para esta fecha en 2022 (12.000 millones).
Ese año batió récords: 88.446 millones de dólares en exportaciones en general (13,5% más que el año anterior) y 24.174 millones en el complejo sojero, por ejemplo. Pero las importaciones crecieron a mayor ritmo (29%) computando 81.523 millones. La balanza dio más para atrás que en 2021.
Lo de estos últimos cuatro meses es una nueva temporada de la misma serie: no liquidar cuando la sed de divisas se acrecienta cada vez más. Es el modo de justificarse ante los ojos de los espectadores y ejercer la presión suficiente para que el ministro firme lo que tiene que firmar. Así consiguen su estabilización.
Mientras tanto, la cadena de medios oficiales (es decir, los privados) distorsionaban las motivaciones de la huelga general nacional.
Marcelo Lombardo, integrante de la CGT de Rafaela y titular del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido (SOIVA), reflexionó al respecto ayer, en conferencia de prensa. «Nos llenan de calificativos, ninguno bueno ni lindo: que somos apretadores, patoteros, extorsionadores porque decretamos un paro. Me pregunto qué serían los empresarios que amenazan a los trabajadores con modificarles sus condiciones de empleo, con descontarles sueldos, premios, y hasta con el despido».
Desde marzo, el SOIVA afronta el procedimiento preventivo de crisis de fábrica de colchones Limansky, la primera del rubro en aquella región agro-industrial. Por la caída vertical en las ventas, la empresa decidió adelantar vacaciones y cerrar la planta una semana al mes. Sobran los motivos.
