Mientras que a nivel nacional se recrudecen los programas de Seguridad Pública y se avanza en protocolos que criminalizan distintos sectores sociales, en marzo la Provincia de Córdoba presentó un Plan Integral de Seguridad Pública y Ciudadana, mediante el cual se pretende realizar un “cambio de paradigma”, para lo cual se modificó la Ley de Seguridad Pública, se implementó el trabajo por cuadrantes con la Policía Barrial, que permite recrear una sensación de consensos y espacios de diálogo, pero que en los hechos no son motores de debates públicos abiertos y participativos. Este nuevo paradigma de proximidad utiliza al vecino, lejos de hacerlo parte de los debates sobre seguridad y permitirle ejercer un control democrático de las fuerzas.
Precedente de ello fue el cambio del Código de Faltas al Nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que no tuvo el efecto deseado de lavar la cara a las Fuerzas de Seguridad, sino que evidenció que el problema de fondo no ha sido abordado correctamente, persistiendo la necesidad de depurar estas instituciones que arrastran desde hace décadas prácticas y personajes vinculados a regímenes de facto.
La Policía de la Provincia ha acumulado una imagen muy negativa ya que encabeza las estadísticas de represión y gatillo fácil, fue protagonista del narcoescándalo y de los acuartelamientos de diciembre de 2013 en cabeza de Alejandra Monteoliva, quien hoy se mantiene como asesora y desarrolla tareas para el Ministerio de Seguridad de la Nación por lo cual la consonancia en políticas de seguridad es clara.
Nuestro municipio no se quedó atrás, implementando una nueva estructura llamada Ente de Prevención Urbana dentro del EDECOM. La primera persona designada al mando del EPU fue Príncipi, quien al ser cuestionado por las organizaciones de Derechos Humanos por haber tenido participación directa en la dictadura, fue dado de baja sin más explicaciones de parte del Intendente Llamosas, ni de Pellegrini, titular de EDECOM y formado como Policía de la Provincia en la década de los ´70. No queda clara la función del ente, no se entiende el perfil de fuerza del orden, y se superpone con funciones de la Policía Barrial. Tampoco se sabe sobre la formación de sus agentes y los límites a su poder de policía. El EPU no cierra y no genera confianza; mucho menos que el mismo sea promocionado por un gobierno exterior de claro corte injerencista como Estados Unidos, que ha logrado la reciente firma de un decreto Presidencial que habilita el ingreso de sus tropas a nuestro país, en zonas muy valiosas estratégicamente.
Stampaglia, asesor del Congreso de la Nación y del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, confiesa que más policía no disminuye las tasas de delitos y que hay que apostar a salud, educación y vivienda, pero se invierte en seguridad porque “la gente lo pide”.
Se observa con preocupación que el rumbo que se intenta trazar mediante este “Plan Integral de Seguridad Ciudadana” genera más dudas que respuestas, que deben ser aclaradas públicamente al calor de un debate serio en el cual debe participar toda la ciudadanía.
> LUCIA DE CARLOS OBSERVATORIO DERECHOS HUMANOS
