E
l movimiento obrero, las organizaciones sociales y los sectores “afectados” por el ajuste y la “pérdida de derechos”, parecen haber entrado en un estado deliberativo después del paro del 9 de mayo y de sufrimiento de las consecuencias de las políticas implementadas por el Gobierno.
Los indicadores económicos cada día perforan nuevos récords de empeoramiento de las condiciones de vida y desigualdad.
Los fondos de inversión, las transnacionales ligadas al complejo agroexportador, las energéticas, los bancos y otros sectores que “están ganando”, disputan porciones mayores de la torta mientras piden más ajuste y reformas flexibilizadoras.
Mientras la CGT nacional dirime entre un tercer paro, judicializar la Ley Bases, dialogar con el gobierno y realizar plenarios de delegados; trabajadores aceiteros, por caso, se unieron para definir medidas de fuerza independientemente de las deliberaciones en las cúpulas sindicales.
Mientras las deliberaciones se prolongan y se espera que vengan iniciativas desde arriba, la organización de la lucha particular, genuina y real de distintos trabajadores convierte en necesidad dar los pasos para que la tan mentada huelga general no sea una simple decisión administrativa sino la única salida concreta de un pueblo que así no puede seguir.