1. Precio interno
El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) controla el servicio público concesionado, los precios de la cadena y la tarifa final que pone a consideración en Audiencia Pública. Allí, participan el Ministerio de Energía y Minería, las empresas transportistas y distribuidoras y organizaciones de consumidores. En la de febrero pasado, subieron el precio del gas: 40% en abril y otro 10% para octubre. Pero la boleta se abultará más por el aumento del 30% en los items de transporte troncal y de distribución al hogar.
En 2017 ya había subido 400% en abril y 58% en diciembre. En 2016, la Corte Suprema de Justicia había aceptado los amparos presentados y frenó la primera suba del mes de abril. Después, convocaron a audiencia y en octubre, aplicaron el 400% de una sola vez.
2. Importación
Argentina compra gas a Chile desde 2016. Es una contratación directa entre las empresas estatales Energías Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y la chilena Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). Durante el 2017, la compra fue por 82 millones de dólares. Chile no es productor gasífero y se abastece comprando a British Gas, propiedad de la anglo-holandesa Royal Dutch Shell. El gas ingresa ahora al país por los gasoductos Norandino en Salta, y GasAndes en Mendoza. Son las mismas tuberías por las que salía, durante el gobierno anterior, cuando Argentina compraba gas a Bolivia -país productor- para cubrir los picos de invierno y exportaba además a Chile. El gas que ahora se importa es un 128% más caro que el boliviano.
3. Tribunal internacional
Con el anuncio del 28 de marzo, el gobierno cierra la Revisión Tarifaria Integral (RTI) a la que se compro-metió con las empresas, a cambio de que cancelen los juicios ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Este tribunal del Banco Mundial, fundado en 1965, resuelve litigios entre compañías mutinacionales y los Estados donde operan, con el objetivo de «brindar seguridad jurídica a los capitales internacionales». El país tiene 13 denuncias, alguna de ellas por congelamiento y pesificación tarifaria. Las gasíferas, entre ellas la italiana Camuzzi, litigan por 3.400 millones de dólares alegando ruptura de las «reglas de juego». Y se basan en los acuerdos de protección recíproca de inversiones que Argentina firmó con otras naciones en los años ’90.
