Desde la quiebra bancaria de marzo de 2023 encabezada por el Silicon Valley Bank (SVB), la Reserva Federal de EEUU (FED) puso en estudio una serie de medidas para regular el capital bancario y reforzar la seguridad y solidez del sistema. El vicepresidente de Supervisión de la FED, Michael Barr, la Federal Deposit Insurance Corp. y la Oficina del Contralor de la Moneda propusieron en julio de ese año un aumento de las reservas de efectivo que deben tener las entidades para cubrir pérdidas y riesgos. En promedio, el aumento sería del 20%. El lobby bancario fue tal que logró reducirlo a la mitad.
Se trataba, sin embargo, de poner finalmente en práctica el último capítulo del acuerdo de Basilea III surgido como respuesta de los entes reguladores de todo el mundo tras la crisis financiera de 2008. Los norteamericanos ya están sujetos a requisitos más estrictos que la banca europea. La diferencia radica en que el Banco Central Europeo (BCE) aplica Basilea a todos por igual y la FED discrimina entre grandes y pequeños. Y los grandes norteamericanos lo son tanto que le han comido cuotas del mercado en el viejo continente.
Con el Citigroup, JPMorgan Chase y Bank of America a la cabeza, en julio de 2023 el sector envió una misiva rechazando la medida, advirtiendo que violaría las leyes federales y amenazando así con abrir una batalla en Tribunales. Señalaron entonces que tantas exigencias de respaldo impactarían sobre los costos de los productos y servicios que van desde préstamos, planes de pensiones, coberturas y liquidez para actuar en el mercado de bonos del propio Tesoro. Argumentaron que perjudicaría su competitividad a nivel internacional y que afectaría negativamente a la economía de EEUU al restringir el flujo de crédito. Y alegaron además que en la última década, los seis principales bancos norteamericanos habían incrementado en más de 200.000 millones de dólares sus reservas de capital. El JP, agregó que su capacidad para absorber pérdidas es superior a lo que perdieron todos los bancos estadounidenses durante la crisis financiera.
Ahora, a inicios de septiembre, Barr adoptó el criterio del sector. “Unas mayores exigencias de capital pueden elevar el coste de financiación de un banco”, dijo desde Washington durante su presentación en una jornada del Centro de Pensamiento Brookings, lo que impactaría como “costes más altos en los hogares, las empresas y los clientes”.
La nueva propuesta, que deberá pasar por el Congreso, fija el agregado de capital en un 9% para los de mayor tamaño y un 3% adicional aplicable solo a los llamados bancos sistémicos y sobre el capital prestado a largo plazo. Además de achicar la cifra, la banca logró reducir el alcance: el encaje iba a ser obligatorio para todas las entidades con activos superiores a 100.000 millones de dólares pero ahora el piso es de 250.000 millones.
“Estas actividades son fundamentales para el buen funcionamiento de una economía que funcione para todos. Por eso es importante lograr un equilibrio adecuado entre resiliencia y eficiencia”, señaló el ya moderado funcionario Barr.
A mediados de este año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exploró ese mismo diagnóstico para dar cuenta justamente de la baja productividad europea y del estancamiento –comparado con EEUU– de su economía, debido a su anticuada regulación financiera y su aversión al riesgo que limita la posibilidad de financiar los nuevos modelos de negocios de las nuevas empresas tecnológicas emergentes. De resultas, los europeos impulsan ahora reformas para parecerse a los norteamericanos.
Tras un largo y lento año de lobby, ahora son los bancos quienes apuran los trámites previendo una composición parlamentaria desfavorable si Donald Trump y los Republicanos ganan las elecciones de noviembre.
