C
on más de un millón de personas movilizadas en todo el país por la Ley de Financiamiento Educativo, se demostró una capacidad de convocatoria igual o superior a la alcanzada en abril.
Sin embargo, el Gobierno vetó horas después la ley y vuelven a ser los sectores políticos con representación parlamentaria los que decidirán.
Con la actualización para los jubilados pasó lo mismo. Y la batalla la ganó el Gobierno, ya que pudo revertir los votos que necesitaba.
Todo esto ocurre mientras algunos sectores sindicales negocian con el Gobierno dejar de lado algunas modificaciones a la reglamentación de la reforma laboral de la Ley Bases.
Está claro que la pérdida en las condiciones de vida en cuanto a lo salarial, salud, vivienda y educación aumentaron en este tiempo. Más de 25 millones de personas son pobres, 6 millones más que en el último semestre de 2023.
Las peleas por las jubilaciones o financiamiento universitario quedaron encerradas en las paredes del Congreso. Allí, las distintas banderas partidarias alimentan el eje oficialismo-oposición.
Para salir de ese juego, se requiere una medida de unidad de todo el pueblo trabajador. Sigue siendo la huelga general la necesaria y postergada herramienta de los trabajadores.
