O
rganizaciones sindicales y sociales de la salud realizaron un abrazo simbólico a modo de protesta al Ministerio de Salud y entregaron una carta dirigida a Mario Lugones, titular de la cartera pública en la que cuantifican el nivel de daño realizado a partir del desfinanciamiento en casos de tuberculosis, hepatitis o lepra y otros, con consecuencias fatales, por la interrupción de tratamientos vitales.
Se movilizaron contra la reciente disolución de las coordinaciones nacionales de tuberculosis, hepatitis y lepra, dispuesta por el decreto 1138/2024.
En una misiva firmada por organizaciones gremiales, de la sociedad civil, movimientos sociales y partidos políticos, se señaló que la disolución de estas coordinaciones afecta de manera directa la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos internacionales en materia de salud. “Estas coordinaciones han sido pilares fundamentales para articular políticas públicas nacionales, asegurar estrategias de diagnóstico, prevención y tratamiento, y cumplir con compromisos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, expresaron en el texto.
Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) denunciaron que el desmantelamiento de estas estructuras es parte de un proceso de desfinanciamiento general de la salud pública. “El parate de organismos como la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) produjo al menos 60 muertes el año pasado, al interrumpirse tratamientos esenciales”, señalaron.
Consideraron que la creación de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic) es una estrategia del gobierno para evadir el cumplimiento de un fallo judicial que ordenaba la entrega urgente de medicamentos retenidos.
La carta también advierte sobre el impacto de estas medidas en la población vulnerable. “Los casos de tuberculosis aumentaron un 11,94 % entre 2023 y 2024, con un alarmante crecimiento de la tuberculosis multiresistente. Por su parte, más de 470.000 argentinos padecen hepatitis B o C, de los cuales solo el 30% conoce su diagnóstico”, detalla el documento, enfatizando la necesidad de reforzar, y no debilitar, la rectoría estatal en salud.
“La salud no puede retroceder. Es imperativo restablecer estas coordinaciones y reforzar las políticas sanitarias que protegen la vida y los derechos de la población”, concluye la carta dirigida al ministro Lugones.
Fesprosa, junto con otras organizaciones, aseguró que “más allá de los discursos, la realidad es que el sistema de salud está siendo desmantelado. Nos movilizamos en defensa de la salud pública y de las vidas que dependen de ella”.
Entre los firmantes de la misiva se encuentran la Fundación HCV Sin Fronteras, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis y Médicos del Mundo, entre otras organizaciones.
