C
ientos de personas se movilizaron durante el mediodía de ayer en nuestra Ciudad, al igual que en diferentes puntos del país, bajo la consigna “La emergencia no puede esperar”, en el marco de la ‘Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad’, iniciativa de personas discapacitadas, familiares, organizaciones de Derechos Humanos, profesionales y prestadores de servicios.
Dicha ley, cuyo proyecto ya obtuvo dictamen de mayoría, será tratado el próximo 4 de junio en el Congreso y pretende una mejora en las asignaciones que reciben y en la calidad de vida de esta población, a través del acceso a prestaciones de salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social hasta el 31 de diciembre de 2027.
Las organizaciones denuncian el abandono sistemática por parte del Estado. “Una de las claves del modelo social de la discapacidad en el que se basa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD) es la autonomía de las personas con discapacidad. ¿Pero qué autonomía puede ejercer una persona sin autonomía económica?”, se preguntan en el documento leído en la concentración. “Mientras el acceso a las pensiones es cada vez más restrictivo, las personas con discapacidad siguen encontrando múltiples barreras para conseguir un empleo formal. Por si fuera poco, desde el año pasado el gobierno nacional ha dejado sin trabajo a varias personas con discapacidad que se desempeñaban en el Estado”, añadieron.
Por una mejor calidad de vida
El proyecto de ley también contempla el fortalecimiento de los prestadores básicos, ya que tanto familias como los profesionales que trabajan en este ámbito enfrentan múltiples obstáculos, entre ellos la cancelación masiva de prestaciones y coberturas en todo el país.
Los bajos honorarios de los especialistas así como el retraso de varios meses en los pagos de los servicios de rehablilitación, apoyo y educación han generado que muchos, “está afectando la continuidad de los tratamientos y la calidad de atención”, plantearon los manifestantes.
Si bien la presente es una realidad que se arrastra desde hace varios años gestiones de gobierno, la situación actual (con el congelamiento de los monstos desde 2024) se ha vuelto insostenible tanto para los especialistas, como para las poblaciones afectadas.
En ese marco, los trabajadores del sector realizaron un paro de 48 horas y se movilizaron en distitnas provincias, tomando como epicentro el Congreso de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Auditando el ajuste
Las organizaciones también alertaron sobre el impacto negativo que está generando la auditoría implementada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la cual ya dejó sin ingresos ni cobertura de medicamentos y tratamientos a gente en situación de extrema vulnerabilidad, acusando la detección de irregularidades y buscando “darle mayor transparencia al sistema”.
Estes mecanismo de ajuste agrava la emergencia del sector, así como también “(e)l decreto 843/2024 que modificó los requisitos para otorgar pensiones no contributivas, (eliminando) la compatibilidad de las pensiones con el empleo formal, y exige que quienes cobren pensiones no tengan familiares en condiciones de mantenerlas económicamente”, según relata el documento.
Acompañamiento municipal
Hace exactamente un mes, el 30 de abril, se hizo la primer movilización local, en torno a la declaración de ‘emergencia en discapacidad’. En dicha oportunidad marcharon desde la Plaza hasta el Palacio Municipal, donde fueron recibidos por Georgina Loser y Milagros Scoponi (secretaria de Desarrollo Humano y subsecretaria de Género, Diversidad y Discapacidad, respectivamente) quienes expresaron su apoyo al reclamo y solicitaron que se les eleve un petitorio formal para adherir a la iniciativa.
Ello generó la convocatoria al Consejo Asesor de Discapacidad, el cual, en conjunto al Ejecutivo Municipal, insistieron en la necesidad de declarar la emergencia en el área: “Seguiremos haciendo frente a la situación acompañando e insistiendo en la garantía de los derechos y la urgente necesidad de establecer la emergencia en discapacidad, pedimos prioridad”. “Reforzamos la posición de acompañamiento y solidaridad con las personas en situación de discapacidad y sus familias ante la gravedad de la situación que atraviesan”, planteó el gobierno municipal, aduciendo que el proceso de auditoría “no brinda certezas ni previsibilidad”, generando un panorama de extrema vulnerabilidad.
La Defensoría del Pueblo, conducida por Daniel Frangie, también se sumó al apoyo: “reafirmamos nuestro compromiso con la visibilización del problema y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y nos comprometimos a hacer llegar el reclamo a quienes tienen la responsabilidad de gestionar el problema”, dijo el organismo, la cual dirigió pedidos formales a la Superintendencia de Servicios de Salud y a legisladores nacionales, “reclamando respuestas urgentes”.
