C
on la guerra intercapitalista abierta, las contingencias continúan semana a semana en todo el mundo y aquí también. Las fracciones dominantes no tienen prurito en violentar los derechos y garantías del sistema institucional vigente cuando en ese marco no pueden ya dirimir sus profundos problemas e intereses.
El actual gobierno no achicó el gasto. Lo que hizo fue cambiar, en general, el destino y los destinatarios de los recursos disponibles: de gastarlos en las necesidades del público, a gastarlos en las necesidades de los privados. Hasta ahí, el acuerdo entre quienes conformaron esa alianza que ganó en segunda vuelta en 2023. El punto en cuestión es bien concreto: entre quiénes, en particular, se reparten los resultados de la actividad económica generada en estas tierras.
El saldo de la balanza comercial (con subas en las exportaciones incluso) fue evaporado en el mercado de cambio para sostener la actual relación peso-dólar. La bicicleta financiera, así, no se detuvo. Los grandes accionistas globales se están retirando de las inversiones productivas y la plata que iba a venir, no viene. Los resultados de la actividad de quienes producen algo en este país, tampoco se ve reflejada en las reservas del Banco Central.
Y peor aún. Lo atesorado ahí en el BCRA apenas si mejoró, pero solo a costa de tomar más deuda privada del mercado financiero global (emisión de papelitos). La consecuente contracara es el industricidio en curso -azuzado además por la apertura de importaciones- que se lleva puesto hasta las grandes y medianas compañías.
No es una mala gestión. Es un decidido enfrentamiento entre fracciones por imponer su modelo de acumulación: tienen la determinación de luchar por sí mismas. A ninguna de ellas les importa asfixiar las condiciones de vida del pueblo ni tampoco golpear el régimen democrático, republicano y federal que les dio vida. El fallo de la Corte Suprema de Justicia contra la ex presidenta Cristina Fernández lo demuestra y destierra, a la vez, el democratismo utópico: ley que realmente rige es otra, la de la fuerza.
Mal que nos pese, el conflicto principal es que este gobierno está favoreciendo que unos se fagociten el capital producido aquí por otros. La primera advertencia se la hicieron en tándem con el FMI (banco supra estatal) hace unos meses. Y ahora, abrieron la batalla a la ciudadanía poniendo en tela de juicio la gobernabilidad misma. Su irresoluta crisis se está tornando crisis político-institucional.
El campo popular tiene que poder hacer foco ahí. El régimen con el que nos dominan está en crisis: nadie quiere el mundo tal como llegó hasta acá. Lo cierto también es que sin fuerza decidida y movilizada, nada puede cambiar para mejor. A desterrar las ilusiones y organizarse para luchar.
