La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores denunciaron en la Cámara de Diputados ante diputados de diferentes bloques el avance de la criminalización de la protesta social y la profundización de “una estrategia represiva cada vez más violenta”. Lo hicieron en el marco de una audiencia pública donde dirigentes procesados dieron testimonio de la situación.
“A medida que se profundiza el carácter brutal y autoritario de este gobierno, se evidencian dos aspectos alarmantes: por un lado, una creciente subordinación a los intereses del gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la instalación de una base militar en nuestro territorio, y por otro, una estrategia represiva cada vez más violenta, dirigida a sembrar el miedo y desmovilizar a quienes luchan por sus derechos”, dijo Hugo Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma.
“Esta política represiva no se limita al ámbito nacional. Se replica en distintas provincias a través de la llamada “ley anti mafias”, que, lejos de combatir el crimen organizado, busca criminalizar a las organizaciones populares”, dijo Godoy y afirmó que “a esto se suma la creación de nuevas estructuras represivas destinadas a proteger los intereses del modelo extractivista, facilitando el saqueo de nuestros bienes comunes y reprimiendo a las comunidades que resisten su avance”.
Jimena Frankel, Coordinadora del Monitor de Respuestas Represivas del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma, presentó un informe sobre las represiones durante el gobierno de Javier Milei que muestra que “en 20 meses de gobierno de Milei, se dan cuenta de al menos 88 represiones con 2534 personas heridas”.
Entre las víctimas, se destaca el asesinato de Fernando Gómez en la provincia de Salta, la gravedad de las heridas sufridas por Pablo Grillo, y cuatro personas que perdieron la visión de uno de sus ojos. También se contabilizan 96 allanamientos y desalojos en comunidades de pueblos originarios y movimientos sociales. Otro dato relevante es la detención de 461 personas por participar en manifestaciones o por formar parte de organizaciones populares, así como la apertura de 236 causas penales bajo la misma lógica represiva. “Las fuerzas de seguridad incumplen normativas internacionales de manejo de los instrumentos de represión que terminan en situaciones de gravedad”, explicó Frankel.
Perseguidos por luchar
A principios de septiembre la Justicia de CABA indagó y procesó a ocho dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA), por los delitos de “desbaratamiento de empresa, amenazas y compulsión a la huelga”, en el marco de un largo conflicto en Lácteos Vidal.
También la Corte Suprema de Justica habilitó que Fabián Arévalo y un grupo de referentes del gremio de Camioneros vayan a juicio, por las protestas realizadas frente a una empresa en Esteban Echeverría, que fueron denunciadas como bloqueos.
Testimonios de los perseguidos
De la actividad participaron dirigentes de la CTA que están siendo criminalizados por participar de acciones políticas y protestas sociales: Mónica Gurina, Secretaria General de la CTA Autónoma de Misiones; Leandro Sánchez, Secretario Adjunto de la CTA Autónoma de Misiones; Federico Giuliani, Secretario General de la CTA Autónoma de Córdoba; Hugo Aranea, Secretario General de la CTA Autónoma de Viedma, Río Negro. También estuvo presente Daniela Calarco Arredondo, detenida el 12 de junio durante las protestas contra la Ley Bases, en una causa que ya fue elevada a juicio.
Federico Giuliani, aseguró que “la criminalización de los luchadores ataca aún más esta democracia que es de muy baja intensidad, y busca desincentivar la participación. Hoy las provincias son feudos que funcionan con regímenes autoritarios, y si bien todos denunciamos al gobierno de Milei, también hay fascismos de distintos colores en las provincias. El cordobesismo, que está instando proyectarse nacionalmente a través de Schiaretti, es un peronismo sin el punto más importante de la doctrina: la justicia social. El interés es amedrentar a nuestra militancia y frenar la actividad de nuestras organizaciones”.
“El misionerazo fue la expresión de los compañeros trabajadores de educación, salud y seguridad. Nosotros somos, sobre todo, maestros de grado. Por los salarios planchados, hoy el gobierno de Misiones, nos debe entre 7 y 8 sueldos a los trabajadores de la educación. Hoy, igual que ayer, exigimos un aumento salarial que cambie la situación de indigencia de los docentes en Misiones”, dijo Mónica Gurina.
