Más de 200 trabajadores del Sistema Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria (SENASA) fueron despedidos por el gobierno nacional en esta semana, además de otros 330 en el Ministerio de Agroindustria. Se trata de puestos de trabajo distribuidos en todas las provincias del país. Son quienes ejecutan el contralor dentro de las industrias alimentarias -como frigoríficos-, y que acompañan y asesoran a los pequeños productores en sus emprendimientos.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió ya llevar adelante un paro por 96 horas.
“No solo se trata de los puestos de trabajo que están en riesgo, sino el riesgo sanitario que conlleva la falta de presupuesto y trabajadores para el control fitosanitario en los frigoríficos y el riesgo a la salud de toda la población”, dijo Walter Avalos, secretario general de ATE Río Cuarto.
Los trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de todo el país decidieron declararse en estado de alerta y movilización para reclamar por la reincorporación de todos los despedidos.
A la oficina de la delegación de Villa Mercedes, San Luis, llegaron dos telegramas de despido. Los trabajadores del área, productores de la región, dirigentes sociales y sindicales de otros gremios y de las CGT de esa localidad y de San Luis capital, se concentraron allí y entregaron un petitorio solicitando la reincorporación.
«El gobierno nacional, desde sus políticas neoliberales, ha resuelto gestionar abiertamente a favor del capital transnacional y sus socio», dice el comunicado de la CGT Villa Mercedes en el que envía «su mensaje de resistencia, solidaridad y también de esperanza, siendo voz de quienes han acallado con flexibilización, pobreza y desocupación».
El ministro de Agroindustria, Luis Etchevere, justificó la medida al asegurar que «hay que adaptar la realidad del ministerio a la realidad del país» y dijo que están «cumpliendo con la ley» de presupuesto aprobado el año pasado que incluyó «una reducción de un 10,5% nominal» para el ministerio «y a eso se sumó la inflación».
Riesgo sanitario
Los trabajadores sostienen que «es una política del gobierno nacional de achicar el Estado y quitar funciones a los trabajadores.
Evidentemente quieren correr todo lo que son los controles desde el Estado a las empresas privadas y de las multinacionales del campo. No se trata sólo de los puestos de trabajo», explica Ávalos.
Para Héctor González, jefe de la oficina local del SENASA, «el problema es que el SENASA está desfinanciado. Primero empezaron a disminuir actividades, después recortaron viáticos y combustibles. Hoy la base de nuestra actividad que es la función de policía sanitaria no se puede realizar. Se está provocando un daño inmenso. Porque los circuitos sanitarios en negro también tienen circuitos económicos en negro».
El médico veterinario Marcelo Chirino dijo que «la política sigue siendo el achique, quitando funciones oficiales de auditorías y controles que por años nos dieron prestigio a nivel internacional y hoy las han dejado en manos de privados que no están capacitados».
