Dos millones de personas concurrieron en la última semana a protestar por las calles porteñas, pidiendo al gobierno que revea sus medidas y que en función de la situación que vive la población, ejecute otras que le permitan acomodarse mejor en relación al estado de la economía. Es decir, que le permitan poder vivir: comer, abrigarse, calentar la casa, tener remedios, pagar el alquiler, ir a la escuela.
Cinco nuevas leyes pidieron los movimientos sociales que agrupan a los sectores empobrecidos. Frenar los despidos, derogar la reforma jubilatoria e impedir modificaciones de la legislación laboral, aumentar los sueldos, bajar las tarifas de los servicios públicos, son los pedidos de las organizaciones gremiales.
Pero no pasa ni lo uno ni lo otro.
No se puede seguir discurriendo ni especulando con la razonabilidad de lo que está haciendo este gobierno suponiendo que su cometido es el beneficio de todos los que portan DNI, y que está buscando la mejor manera de hacerlo.
Una cosa es el ajuste y otra el saqueo. Y es más, lo primero es condición para que sea posible ejecutar lo otro: la tercera reforma del estado, el tercer intento desde 1976 a esta parte por hacerse de todos los recursos públicos, naturales y hasta privados, plantados y producidos en estas tierras.
Un gobierno es siempre la gestión de los intereses de los sectores dominantes y se preocupa y ocupa solo de hacerlos viables.
Será que el problema medular a resolver no es el reclamo sino lograr que los sectores populares se constituyan en lo dominante. Y entonces sí, podrá haber gobierno alguno que gestione esos intereses.
Ya no se puede luchar solo contra el poder vigente sino que se abre el momento de luchar por el poder. Cualquier otro objetivo quedará a medio camino bajo el orden vigente.
