– Reducción de los subsidios a la energía y el transporte: con la excusa de aumentar la proporción del costo de producción de esos servicios cubierto por el precio pagado por los consumidores.
– Racionalizar el empleo público: no renovar cargos en puestos no prioritarios; congelar las contrataciones en el gobierno nacional durante dos años y eliminar las posiciones redundantes.
– Reducir el gasto en compra de bienes y servicios: bajarlo en un 15% en términos reales durante 2018 en relación con 2017 y continuar con el proceso en 2019.
– Posponer obra pública no esencial: «Continuaremos ejecutando los proyectos de obra pública esenciales para dinamizar la competitividad de nuestro país, pero pospondremos aquellos que no lo sean», afirma el escrito.
– Reducir transferencias asociadas con el déficit operativo de empresas públicas: Son las que no están relacionadas con las tarifas de servicios públicos desde su nivel actual de 0,1% del PBI en 2017 hasta casi cero en 2021.
– Introducir mejoras en el sistema de pensiones: Se apunta a hacerlo «financieramente sostenible y más justo».
– Reducir y eliminar impuestos distorsivos: el Gobierno apunta a lograrlo en línea con la reforma tributaria aprobada hacia finales de 2017.
– Mejorar la estructura fiscal federal: «Las transferencias discrecionales a las provincias asociadas a gastos que han sido asignados como responsabilidad de cada provincia por la Constitución se irán reduciendo ya que las provincias tomarán estás responsabilidades», destaca.
Cambio a los golpes
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