El Gobierno Nacional tomó un camino: el de no volver atrás en la decisión de eliminar el Monotributo Social Agropecuario (MSA), un derecho del que gozaban unos 100 mil pequeños productores rurales de todo el país desde el año 2009. Tras el «verdurazo» realizado la semana pasada frente a la Sociedad Rural Argentina, los productores damnificados continuaron avanzando en el reclamo, ahora en unidad con el grueso de los trabajadores del Estado vinculados a alguna de las áreas del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Unidad en el reclamo
«Esta fue una jornada de lucha a nivel nacional con las principales organizaciones vinculadas a la agricultura familiar, campesina, indígena, en distintos lugares del país a las que nos sumamos también compañeros de ATE con un contundente Paro Nacional», expresó Melina Zocchi, delegada de ATE de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) en Capital Federal. En esa ciudad, unos 5 mil maniestantes entre productores -acompañados por sus producciones bovinas, hortícolas, etc- y trabajadores estatales se manifestaron con un tractorazo hasta el Ministerio de Agroindustria donde realizaron un abrazo simbólico. Alexis Misaña, productor porcino de Federación Agraria Argentina, participante de la movilización, se expresó en ese sentido: «de esta no salimos separados. Tanto las pymes, las grandes, las chiquitas, nos lleva puesto a todos. Tenemos que estar juntos y seguir avanzando», ratificó.
Aníbal Sánchez, de la SAF de Reconquista -norte de Santa Fe-, acordó también sobre este punto. Tras la realización de la marcha en aquella ciudad, expresó: «Hemos unido las medidas reivindicativas que incluyen el ajuste hacia el sector rural, los despedidos en los distintos organizaciones oficiales, la reglamentación de la ley de reparación histórica para la agricultura familiar y, por supuesto, la caída del Monotributo Social Agropecuario que es una herramienta fundamental para el sector campesino porque le permitía formalizar su actividad, poder vender su producción en blanco a instituciones oficiales, tener un aporte jubilatorio y cobertura de obra social para la familia», expresó.
Belén Coussirat es delegada de ATE de Agricultura Familiar en Esquel, Chubut. Tras realizar una conferencia de prensa, panfleteada y tortas fritas para compartir con quienes se acercaron a las calles de aquella ciudad, dijo que buscaban «visibilizar lo que está pasando a los organismos de agroindustria y a los productores familiares de la provincia». «Vinieron productores de Cushamen y de la Comarca Andina que se dedican a la ganadería ovina y a la producción hortícola y de frutas finas, respectivamente», explicó.
Los grandes y los pequeños
Facundo Sarri es técnico territorial de la SAF, delegado de ATE en Traslasierra y uno de los organizadores del «verdurazo» llevado adelante en la capital cordobesa. Asegura que estamos «en un momento en que se están transfiriendo ganancias a los grupos concentrados y a los agricultores familiares se le sacan derechos».
En ese sentido se expresó Misaña: «Los pequeños y medianos productores están siendo víctimas de las políticas públicas del gobierno de Macri. Por ahí se habla de que el sector agropecuario está bien, el sector no es todo igual, hay distintas escalas y la nuestra está siendo victima de desaparición», advirtió.
Despidos y suspensiones
«En agricultura familiar hemos tenido 150 despedidos en abril de este año», advirtió Zocchi. «Con estos despidos dejan en claro la postura de desmantelar la SAF, que los productores no tengan acceso inmediato y accesible a una política pública. En SENASA tuvieron 3 tandas de despidos y van desmantelando funciones que son indelegables del Estado, como funciones sanitarias», enfatizó.
