El rechazo de las organizaciones de trabajadores, sociales, empresariales y de los bloques de oposición parlamentaria, incluídos los aliados radicales, obligó al gobierno de Mauricio Macri a dejar sin efecto la Resolución 20/18 del pasado viernes, y decidió que sea el Estado, y no los consumidores, el que se haga cargo de los costos de la reciente devaluación del peso.
El miércoles el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, les comunicó la decisión a los jefes de bloques opositores de la Cámara de Diputados. En el Senado intentaron sesionar para anular la resolución de la Secretaría de Energía. En lugar de 24 cuotas a cargo de los contribuyentes, el Gobierno propone que el Estado pague la diferencia en 30 cuotas desde octubre de 2019.
Según los números oficiales, asciende a 20 mil millones de pesos. Javier Iguacel, según informaron en el Gobierno, consensuó el cambio con las empresas de energía.
Idas y vueltas
El miércoles por la mañana, horas antes de dar marcha atrás con el incremento adicional, el presidente Mauricio Macri había dado un mensaje opuesto al visitar la Olavarría. En declaraciones a una radio local, dijo que «soy el primero en entender lo que significa y lo que cuesta pasar de que te dijeran que la energía no costaba nada y asumir que ahora cuesta y que hay que pagarla, en España es carísima». Remarcó que «lo que te regalan a la larga te va a costar más» y consideró que como sociedad «estamos madurando, asumiendo la verdad».
La UCR, a través de un comunicado, le pidió al Gobierno que contemplara la “teoría del sacrificio compartido” y se hiciera cargo de la compensación a las distribuidoras.
Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y presidente del Comité Nacional de la UCR, dijo que el cobro del retroactivo generaba “una dificultad muy grande” para los usuarios y pidió modificaciones. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy también se opuso: “Habíamos hablado otra cosa”.
Las centrales sindicales, CGT y CTA, habían dejado trascender que presentarían amparos colectivos contra la medida.
Asociaciones de consumidores y de pequeñas y medianas empresas también estaban preparando medidas similares.
Federico Bernal, del Observatorio Oetec, aseguró que “la dolarización de la energía fue convalidada por las empresas en noviembre de 2017, cuando firmaron contratos con el precio del gas en boca de pozo en dólares. Esto no solamente es un hecho inédito desde la Convertibilidad, sino que además lo hicieron en un marco de tipo de cambio flexible. ¿Y el riesgo empresario?”.
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