La semilla es el primer eslabón de la cadena alimentaria. A ese eslabón pretende llegar ahora una normativa que obtuvo dictamen este martes en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación. Con los brazos levantados sólo de los diputados de Cambiemos, el próximo 21 de noviembre empezará a tratarse una nueva Ley de Semillas que pretende derogar la 20.247.
La normativa vigente permite el uso propio, la libre disposición de productos y acceso para fitomejoramiento, en el marco del sistema del Derecho del Obtentor Vegetal (DOV). Es decir, protege al productor de poder utilizar la semilla para uso propio.
Pero al cambiar esta lógica, el control de la semilla pasará a manos de las grandes trasnacionales. «El factor de discusión son las regalías extendidas que pretende cobrar, en este caso Monsanto, que es sobre el producto y no sobre la semilla en sí», explicó Esteban Motta, productor perteneciente a la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE).
Si bien varía, se trata de entre «7 y 15 dólares por tonelada que se lleva Monsanto por el uso de la soja RR2 de la que dice tener patente cuando tampoco está ratificada la patente».
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Al cobrar esta regalía, las trasnacionales del agro controlarán la cadena completa. El 7 de noviembre pasado la Secretaría de Gobierno de Agroindustria indicó que la campaña 2018/2019 será la más grande de la historia argentina con una producción de 140 millones de toneladas de granos, de los cuáles 54,2 millones se estiman en soja. En ese anuncio, el jefe de Gabinete de dicha Secretaría, Santiago del Solar manifestó la necesidad de una nueva Ley de Semillas (ver «Proyección»).
“Se avanza sobre la libertad de producir, circular, crear, y eso tiene un impacto directo en la diversidad de la producción”, dijo a Canal Abierto Cala Poth, investigadora del Conicet y referente de la Multisectorial contra la Ley Monsanto.
Poth aseguró que “patentando y permitiendo a las empresas controlar estas semillas, éstas son ahora las que van a disponer cuáles son las semillas que quieren que sean comercializadas. El proyecto pone en jaque la soberanía alimentaria y lo que se está queriendo definir es qué tipo de alimento vamos a comer, algo que quedará en manos de muy pocas empresas.”.
Motta dice que este proyecto «es un híbrido bastante complejo y deja abierta una cantidad de ventanas para que Monsanto legalice el sistema de contratos que tiene con los productores». (ver «mano a mano»).
El planteo de los distintos sectores que rechazan esta normativa es que no fue ni debatida ni consensuada con ningún espacio más que con el consentimiento de las grandes corporaciones.
“Quieren presentar este dictamen al Congreso para que pase por Diputados y Senadores prontamente. No es un dato menor que el 30 de noviembre se realiza el G-20 y esta reforma exprés tiene que ver con mostrar un marco jurídico seguro para las grandes empresas semilleras que están poniendo esta condición para presentar sus inversiones”, dijo Poth cerca del Congreso este martes. Allí un conjunto de organizaciones campesinas, de la agricultura familiar, de pueblos originarios, políticas, sociales y socioambientales, y organismos de derechos humanos se movilizaron para denunciar esta situación.
Proyección de la campaña
La Secretaría de Agroindustria presentó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires este 7 de junio una proyección de 140 millones de toneladas de producción de granos para la campaña 2018/19, que será la más grande de la historia argentina con un crecimiento del 25 % respecto de la anterior dónde la producción fue 112 millones de toneladas. Fue en el marco de la 3° Jornada de Perspectivas Agrícola donde participaron el jefe de Gabinete de la Secretaría, Santiago del Solar y los subsecretarios de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra y de Agricultura, Luis Urriza y el economista jefe de la Bolsa de Cereales, Ramiro Costa. Desde China, donde se encontraba realizando una misión comercial, el secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, señaló que «a pesar de la feroz sequía, los productores argentinos volvieron a apostar al país demostrando una vez más su fuerte compromiso en la actividad que es el motor de nuestra economía». Santiago del Solar, jefe de Gabinete de la secretaría manifestó que «para continuar avanzando necesitamos una nueva Ley de Semillas, que sea acorde a todos los productos. Junto con los temas ambientales y desarrollo sostenible vamos a poder generar más valor agregado que en definitiva generará riqueza genuina». Para la soja se prevé una producción de 54,2 millones de toneladas, un crecimiento de 44 % respecto a los 37,78 millones de la campaña anterior, con una intención de siembra de 17.5 millones de hectáreas. En cuanto al maíz, se proyecta 49.68 millones de toneladas con una intención de siembra de 9.35 millones de hectáreas.
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