Aunque las desprolijidades o aparentes errores del gobierno nacional puedan tomar un lugar protagónico, lo cierto es que tienen un plan y que se viene llevando a cabo a raja tabla.
El ajuste económico que dificulta la vida de la mayoría de los trabajadores de este país, tiene su correlato en una política de seguridad de mano dura, represión, violencia.
Primero cambiaron la hipótesis de conflicto poniendo al terrorismo y el narcotráfico como peligros para la Nación. Luego hicieron que las Fuerzas Armadas cumpla un rol de apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad. Y ahora cambian la reglamentación para que las Fuerzas tengan amparo legal para matar.
Ya no es el problema que potencias extranjeras u organismos internacionales generen dominación y dependencia. Ya no es el problema ni la deuda que propició el FMI, ni la explotación de los recursos naturales que hacen uso distintas trasnacionales junto a los Estados potencia.
Ahora el problema -para este gobierno- está puesto entre nosotros. Pueblo contra pueblo. Y fundamentalmente la justificación de un criterio represivo ante cualquier peligro.
Las medidas no tienen un traslación directa con su aplicabilidad. Más bien, van prestando antecedentes. Y fundamentalmente pretenden legitimar imposiciones por la fuerza.
Claro está, que la represión no tiene aceptación en esta sociedad. Hay que ir sembrándola de a poco. Haciéndole creer al vecino que la forma de resolverlo es la mano dura.
No está el problema directamente en el uso de las armas. Más bien, en el trabajo minucioso de naturalizar estas acciones e ir corriendo el umbral de lo dado para que ciertos sectores sociales den legitimidad a la «mano dura». Y está el desafío de la sociedad de no pisar el palito y creer -erróneamente- que el enemigo es interno.
