El Gobierno Nacional oficializó el lunes en el Boletín Oficial la resolución 956/2018, el nuevo reglamento para uso de armas de fuego que deroga y flexibiliza los reglamentos vigentes y las recomendaciones de Naciones Unidas para el empleo mortal de la fuerza. En el reglamento dictado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se habilita el uso de armas de fuego de manera flexible frente a un «peligro inminente», que puede ser «actuar bajo amenaza» o ante la presunción de que el sospechoso tenga un arma letal. Y por si fuera poco, habilita a emplear el arma de fuego en caso de fuga para lograr una detención. El artículo 2 del reglamento autoriza a las fuerzas de seguridad a emplear el uso de armas de fuego en casi todas las situaciones de intervención frente a un hecho delictivo: en defensa propia, para impedir la comisión de un delito, para proceder a la detención o para impedir la fuga.
El gatillo fácil
Con el título “Orden de matar con impunidad: El gatillo fácil”, la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) emitió un comunicado en el que señala que la “Resolución 956/2018 fue publicada en el Boletín Oficial, con lo que entra en vigencia respecto del personal de todas las fuerzas de seguridad federales”. La Coordinadora asegura que “derogan de facto en el articulado, los lineamientos del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la ONU (Res. 34/169, 17/11/1979), que fueron incorporados a nuestra legislación interna por la ley 24.059; y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, también de la ONU (1990)”.
En el artículo 2º del Código de Conducta de la ONU de 1979 dice que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas. El art. 3º autoriza el uso de la fuerza “sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas”. En los Principios Básicos, se autoriza el uso de la fuerza y las armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces, aclarando que, cuando su empleo sea inevitable, se ejercerá con moderación y en proporción a la gravedad del delito, reduciendo al mínimo los daños y lesiones, respetando y protegiendo la vida humana.
Críticas
Para la organización Human Rights Watch, el DNU “podría permitir que las fuerzas de seguridad usen sus armas con una enorme discrecionalidad”.
Amnistía Internacional, exhortó al Ministerio “a revisar” el decreto porque “representa una violación a los principios internacionales de derechos humanos que Argentina ha suscrito y que comprometen la responsabilidad internacional del Estado”.
Gobernadores y ministros provinciales rechazaron el nuevo protocolo. El subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Matías Germano dijo que «[El protocolo] abre la puerta a la legalización de la violencia por parte del Estado y agrede principios del Estado de Derecho».
«No estamos a la altura de Buenos Aires ni Rosario a nivel delictivo. Por el momento, el protocolo no es necesario en la provincia», dijo el secretario de Seguridad de Jujuy, Ekel Meyer. En Corrientes, Juan José López Desimoni, dijo que el protocolo no es vinculante y «no tenemos obligación de adherir y tampoco es una prioridad».
«No creo que pase por ahí la solución a la inseguridad», apuntó el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz. «No necesitamos fuerzas de policía más violentas, sino mejor preparadas y equipadas. Estas cosas [por el protocolo] parecen una solución, pero no van al fondo del problema. Siempre hay una tendencia a buscar soluciones efectistas», agregó el santafecino.
El secretario de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, dijo que «el único protocolo que rige en Córdoba son los límites que establece el Código Penal».
La diputada oficialista Elisa Carrió, criticó la medida a través de las redes sociales: “La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministro Bullrich viola los Derechos Humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo”. El miércoles propuso convertir el protocolo para el uso de armas de fuego en un proyecto de ley para debatirlo en el Congreso.
Apoyos
Entre quienes apoyaron la medida están el gobernador mendocino y titular de la UCR, Alfredo Cornejo quien dijo que «apoyamos que se cubra legalmente a los policías», y agregó que «debe ir acompañado de una fuerte capacitación».
Y el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey «Hay que darles herramientas a las fuerzas de seguridad que enfrentan a delincuentes armados. No pueden ir tocando el silbato».
