El representante de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, y el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, se reunieron el martes en Roma para intercambiar sus visiones sobre la situación venezolana.
EEUU «no está planificando una invasión, pero que sobre la mesa está todo», dijo Abrams que les explicó a los rusos.
Riabkov, por su parte, advirtió que contra de un eventual recurso a la opción militar “Moscú defenderá sus intereses en Venezuela”.
“¿Cómo pueden ellos culpar al gobierno venezolano por una supuesta mala gestión y privarle al mismo tiempo de activos enormes?», se preguntó Riabkov.
Hacía referencia a las sanciones, embargos y presiones contra empresas de otros países que comercien con Venezuela.
Las medidas norteamericanas comenzaron este año luego del fracasado intento de quiebre institucional, civil y militar iniciado el 23 de febrero cuando Juan Guaido se declaró presidente interino. Es que Maduro asumió el 20 de febrero su nuevo mandato 2019-2025 tras ser elegido en los comicios de marzo de 2018.
El 28 de enero, el Departamento del Tesoro de EEUU congeló 7.000 millones de dólares de PDVSA dispuestos en cuentas bancarias y el bloqueo de todos los pagos que hagan empresas estadounidenses. Sin embargo, permitió que Citgo siga operando.
Citgo es subsidiaria de PVSA, su principal activo fuera del país y la octava refinería de petroleo en Norteamérica. Cuenta con siete refinerías, 60 terminales de alamacenamiento y 14.000 estaciones de servicio en diferentes estados de EEUU.
Por estas restricciones, el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, estimó que Venezuela perdería 11.000 millones de dólares anuales.
El 5 de marzo, EEUU renovó por un año más la declaración de emergencia nacional, impuesta en 2015 por Barack Obama, que implica sanciones personales contra funcionarios y mandos militares para que no puedan ingresar ni realizar transacciones comerciales en jurisdicción norteamericana. Bolton advirtiró además ese mismo día «a las instituciones financieras extranjeras que enfrentarán sanciones por participar en la facilitación de transacciones».
Y así fue. El 11 de marzo el Tesoro de EEUU congelo los activos del banco binacional Evrofinance Mosnarbank, fundado para financiar proyectos petroleros y de infraestructura. El estado venezolano posee el 49% y el resto a entidades financieras rusas VTB y Gazprombank.
El Tesoro reprochó «la participación de Evrofinance en el petro (…) moneda que le permitiría a Venezuela eludir las sanciones financieras «. Se trata de una criptomoneda garantizada por recursos naturales para comerciar con otros países sin recurrir a los petrodólares yankis. Similar movimiento realizó China ofreciendo comprar crudo en yuanes convertibles en oro.
El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, reprochó también a Rosneft seguir operando con PDVSA. Rosneft, petrolera cuyo mayor accionista es el estado ruso y que cuenta con 20% de acciones de British Petroleum y 20% de Qatar), contestó el 12 de marzo mediante un comunicado en el que explica que se mantiene al margen de la política, desarrolla actividades comerciales en beneficio de sus accionistas y se dedica a los proyectos de producción y suministro en Venezuela en consonancia con las leyes internacionales y en base a los contratos suscritos mucho antes de que EEUU impusiera restricciones unilaterales a Venezuela.
También menciona que «las medidas de EEUU podrían tener como objetivo limitar los suministros de Venezuela e Irán a la India y China, a fin de monopolizar el mercado en beneficio de actores específicos, vinculados con el gobierno estadounidense.
O aun peor. Pues Abrams, sin filtro, expuso en esos días el objetivo buscado: «va a declinar su producción (petrolera), puede tomar un par de meses». Y evaluó sospechosamente el corte de suministro eléctrico que sufrió la población durante 72 horas tras un atentado contra la principal estación hidroeléctrica: «el apagón va a acortar la longevidad del régimen. Cuanto más tiempo se mantenga el régimen, peor va a ser el estado de economía y los venezolanos verán que no hay un futuro decente».
Riabkov le dijo ahora que «la crisis humanitaria de Venezuela no debe ser utilizada con fines políticos y las sanciones deben ser levantadas para mejorar la vida de la población”.
