El 4 de abril de 1972 el pueblo de Mendoza sale a la calle tras una consigna inicial: «No pague la luz». El levantamiento se amplifica y dura varios días, involucra a sindicatos, comisiones vecinales, partidos políticos, personas no organizadas.
En 1972, gobernaba la junta militar a cargo del gobierno el General Alejandro Agustín Lanusse. Los docentes mendocinos, en ese momento, reclamaban un aumento de los salarios y el reclamo era respaldado por amplios sectores de la población.
El jefe de la junta militar dispuso un aumento en las tarifas de la electricidad para las provincias. Este fue el motivo detonante de una protesta que se generalizó espontáneamente entre los ciudadanos de Mendoza.
La CGT había declarado una huelga general en todo el país. En Mendoza la huelga general obró como catalizador de todos los conflictos sociales que se venían acumulando en la provincia. Los obreros de la CGT, las maestras que estaban en huelga y no habían iniciado las clases, los estudiantes universitarios y secundarios, ocuparon las calles de la ciudad y respondieron con piedras y barricadas a la represión ordenada por Gabrielli, que causó cientos de heridos y la muerte del canillita Ramón Quiroga. Gabrielli no pudo retomar el control de la ciudad, hasta la propia casa de gobierno fue atacada por los manifestantes. Esa misma noche la junta militar en el poder declaró a Mendoza «en emergencia» y echó a Gabrielli.
Pese a la gravedad de la protesta, la dictadura decidió mantener el aumento de las tarifas eléctricas. El 5 de abril la CGT local decretó la huelga general que tuvo acatamiento masivo. Una multitud se movilizó para hacerse presente el entierro de Ramón Quiroga y los enfrentamientos se extendieron a los departamentos de Guaymallén y Las Heras, que fue declarada por los insurrectos «zona liberada. Ese día murió de un tiro en la cara la comerciante Susana Gil de Aragón. La represión continuó los días 6 y 7 de abril, con la ciudad y sus alrededores en penumbras por la destrucción del alumbrado público y en gran parte bajo el control de los manifestantes. Este último día fue asesinado también el estudiante Luis Mallea, de 18 años. Ante la imposibilidad de controlar la situación, la dictadura decidió esa noche anular el aumento de las tarifas eléctricas.
