Cada nuevo elemento de la situación no deja de atar cabos sobre la dimensión y profundidad de los problemas que vivimos a diario. Algunos académicos le llaman crisis o cuarta revolución industrial. Para los que vivimos en pesos, no deja de ser una situación de problemas constantes y generalizados: no llegar a fin de mes o a pagar el alquiler; trabajar el doble para que alcance la mitad, etc.
Hay en todo este embrollo algo insoslayable: la forma de producir y trabajar de hace cuatro décadas ha cambiado rotundamente. Y no solo en un sentido de las herramientas que se utilizan, sino que cada vez es más social la producción pero más centralizado su control.
No en vano el gobierno provincial quiere segmentar la empresa provincial y pública de energía (EPEC) para hacerla más «competitiva», merced a la inversión privada en ciertas áreas. Además, busca reemplazar los convenios colectivos. Es que las reformas que está dando la propia lógica de la concentración económica a la cual nos abrimos bajo el eufemismo de la “inversión”, no hace más que flexibilizar nuestro trabajo haciéndolo cada vez más barato. Claro, es de esperar en un sistema donde el salario es un costo más, es decir, una mercancía que se negocia en el mercado de trabajo.
Pero aún la reacción a esta situación queda chica y casi obsoleta cuando se plantea recuperar derechos como si fuera posible volver al Estado de Bienestar de hace medio siglo. No es cuestión de deseo, sino de posibilidad concreta y práctica.
La raíz del problema es tal, que no hay buenas intenciones, ni leyes, ni convenios que puedan torcer las tendencias que dominan el mundo. Por eso, el discurso político cada vez se parece más a slogan cortos, que ya no convencen a la mayoría de la sociedad. Lo lejano cada vez está más cerca. Puede ser un abismo, o puede ser un callejón para encontrarle una salida social y colectiva.
