“No hay democracia con hambre, no hay desarrollo con pobreza, no hay justicia en la desigualdad”, fueron algunas de las consideraciones del Papa Francisco expuestas este lunes en el cierre de la Cumbre de Jueces Panamericanos sobre «Derechos Sociales y Doctrina Franciscana», organizada por el Vaticano.
Según el comunicado oficial, el evento se planteó cómo implementar las tres “T” (Tierra, Techo, Trabajo), cómo hacer frente a las restricciones presupuestarias y los controles bancarios o financieros exógenos basados en la deuda externa de los países y cómo superar las presiones políticas y crear un movimiento mundial basado en la defensa sin restricciones de los derechos sociales.
El lider del Vaticano señaló la paradoja de los tiempos que corren: «un fenomenal desarrollo normativo» del derecho y «un deterioro de los derechos sancionados a nivel social”
Los más de 50 magistrados que participaron (20 argentinos) suscribieron la «Declaración de Roma» (descargar en edición web) y conformaron la “Junta Permanente Panamericana de Jueces» en defensa de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales que promoverá cursos de formación y comisiones de defensa a magistrados que sean presionados en el desempeño de su labor.
«No tengan miedo de ser protagonistas en la transformación del sistema judicial basado en el valor, en la justicia y en la primacía de la dignidad de la persona humana sobre cualquier otro tipo de interés o justificación», exhortó finalmente el Papa.
Textuales
Un sistema político-social “debe garantizar que la democracia no sea solo nominal sino que pueda traducirse en acciones concretas que salvaguarden la dignidad de todos sus habitantes según la lógica del bien común.”«Me preocupa una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países, a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales».
«Además de poner en muy serio riesgo la democracia, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales».
«Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas».