El domingo 16 de junio amaneció sin servicio eléctrico. El apagón afectó a 50 millones de personas: toda la Argentina (salvo Villa La Angostura, en Neuquén y Tierra del Fuego), parte de Uruguay y zonas limítrofes del Brasil. No había internet y en algunas localidades tampoco funcionaba la red de distribución domiciliaria de agua.
El apagón se produjo a partir de una falla detectada en el trayecto de la línea de transporte de 500 KV que va desde Colonia Elía (Entre Ríos) hasta Campana (Buenos Aires). Como medida de protección, todas las plantas generadoras del país se descolgaron del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Restablecerlo lleva varias horas y así fue que anduvimos a oscuras.
Vaya paradoja, el corte de luz dejó ver la realidad que pasa desapercibida en lo cotidiano: el sistema al que nos enchufamos diariamente 42 millones de argentinos, es un circuito cerrado en manos de accionistas y fondos financieros globales.
Hacia allí fluyen los recursos. Datos de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (http://www.fundelec.com.ar) de febrero de 2019 muestran que la energía total puesta en el SADI ese mes, fue consumida en un 28% por el sector industrial, 29% por el comercial y 43% por los hogares.
Allí, las facturas llegaron con un aumento del 96% respecto a febrero de 2018, mes que ya acumulaba una suba del 78% en relación a 2017, según el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de la provincia de Córdoba.
Esas facturas, en esos hogares fueron pagadas con salarios.
En la tarde de aquel domingo con pocas luces, el gobierno quiso explicar que el problema había ocurrido en Yacyretá, la represa hidroeléctrica binacional, una de las dos plantas generadoras de ese tipo que aun queda en manos del Estado nacional (y que comparte con Paraguay). La versión fue desmentida rápidamente por la empresa mediante un comunicado.
La matriz
Los 38.609 Megawatts (MW) de potencia del SADI (datos oficiales de febrero de 2019), provienen de 413 plantas generadoras esparcidas a lo largo del país. El 63,5% de esa potencia instalada, es producida por centrales térmicas, el 27,9% por las centrales hidráulicas, el 4,55% por las nucleares y el 3,97% proviene de las llamadas energías renovables (eólica, solar, biomasa).
El 76,3% de esa potencia total generada proviene hoy de empresas privadas. El 17,83%, de las estatales nacionales, fundamentalmente las centrales nucleares Embalse, Atucha I y II, de las represas hidroeléctricas de Salto y Yacyretá. El restante 5,86%, es generado por empresas públicas provinciales, como es el caso de la cordobesa EPEC, la pampeana Casa de Piedra o Centrales de la Costa Atlántica SA en la que el estado de la provincia de Buenos Aires tiene participación mayoritaria.
Pero no siempre fue así sino que empezó a ser así con las privatizaciones realizadas durante aquella recordada década de 1990. Por entonces, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) cedió las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y Dock Sud. Hoy generan 823 MW y 840 MW de potencia, respectivamente, y son dos de las principales generadoras del sistema.
Después de generada, la electricidad es transportada y distribuida hasta los usuarios también por empresas, en su mayoría privadas salvo algunas públicas provinciales y las cooperativas. Aunque operan segmentos distintos del sistema, todas conforman otra empresa: la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima, CAMMESA, creada en 1992 por decreto de Carlos Menem y Domingo Cavallo.
La Compañía es la que determina el precio del mayorista del KW, unidad de medida del que dependen directamente los precios minoristas del servicio e indirectamente los precios de los bienes, productos y servicios consumidos diariamente por las industrias y por las familias.
Un 20% de las acciones de CAMMESA está en manos de la Secretaría de Energía de la Nación. El 80% restante, por partes iguales, es propiedad de las 46 empresas generadoras agrupadas en su asociación (AGERA), las 11 transportistas (ATEERA), las 48 distribuidoras (ADEERA) y las 72 grandes consumidoras (AGUEERA). En esta última, los socios son Minera Alumbrera, Loma Negra, Siderar, Acindar, Techint, Benito Roggio, Aluar, Fate, Shell, YPF, Chevron, Arcor, Nidera, Bicentin, Bunge, Cencosud, Mercedez Benz, Peugeot-Citroen, Aeropuertos Argentina, Telefónica, Papel Prensa, entre otras.
Los 4 principales
Actualmente hay 8 empresas que explican el 50,3% de la potencia total generada. Pero solo 4 de ellas (ENEL, AES, Pampa Energía y Central Puerto) concentran el 44% de todo lo generado. En algunos casos comparten entre si el control de las plantas generadoras y, además, participan también mediante en el transporte y la distribución eléctrica.
Con 2 centrales hidráulicas, 4 térmicas y 1 parque eólico, ENEL encabeza la lista de las generadoras (4.588 MW). Es titular también de las transportadoras TESA, CTM y Yacylec. En esta última hay acciones de Sideco Americana SA, propiedad de la familia del presidente Mauricio Macri. La distribuidora EDESUR, también es propiedad de ENEL.
Transener es una transportadora que opera 14.489 kilómetros líneas de alta tensión más 6.228 kilómetros a través de Transba, controlando así el 85% del total del país. En algún lugar del tendido a su cargo, ocurrió el desperfecto que apagó el país. Transener es propiedad de Pampa Energía, otro de los cuatro con mayor participación en el SADI: tiene 7 centrales hidráulicas, 7 térmicas, 1 parque eólico, Transener y la distribuidora Edenor. Además, en el rubro petrolífero, es titular de 11 áreas de explotación y es propietaria de la Transportadora Gas del Sur (TGS).
AES y Central Puerto, completan el selecto grupo. Entre sí, comparten la titularidad de las centrales térmicas Manuel Belgrano (en Buenos Aires) y San Martín (en Santa Fe). Y también comparten acciones con ENEL en otras.
Global y financiera
Al frente de estas empresas aun queda el DNI de algún argentino que ganó con las privatizaciones de 1990. Pero sus directorios están conformados fundamentalmente por bancos y fondos de inversión.
En los balances publicados en la Comisión Nacional de Valores, Marcelo Mindlin figura como el controlante de Pampa Energía, donde también hay acciones del HSBC Administradora de Inversiones, Santander Río y el Fondo de Inversión Pointstate Capital.
AES Argentina, pertenece a AES Corporation, de origen norteamericano. Tienen presencia en 17 países de 4 continentes, con 37.000 MW de potencia instalada: la misma que es generada en toda la Argentina. Las acciones de AES Corporation pertenecen a los fondos de inversión Vanguard Group, Black Rock y Capital Word Investors.
ENEL, de origen estatal italiano, opera en 34 países de 5 continentes y llega a casi 73 millones de consumidores finales: casi dos veces la población argentina. Entre sus accionistas también están el fondo de inversión Black Rock, JP Morgan Asset, Morgas Bank, Global Investor.
La controlante de Central Puerto es SADESA, conformada con acciones de Escasany -propietario del Banco Galicia- y la familia Caputo. La familia de Luis “Toto” Caputo, ex ministro de Finanzas y ex presidente del Banco Central durante este gobierno de Mauricio Macri. La empresa Caputo, a su vez, es controlada por TGLT, donde hay acciones de Federico Weil, Bienville, Point Argentum y un 25% de tenedores de ADR (que son de empresas no estadounidenses en entidades financieras norteamericanas).
El capital por acciones primero, las nuevas formas jurídicas de las empresas (como administradores de fondos de inversión), las participaciones societarias cruzadas y el alcance mundial de todo el sistema, impiden armar el viejo identikit de los dueños de la energía. Pero está claro que lo global y lo financiero no es solo un título novelezco.
Araucaria Energy, ocupa hoy el quinto lugar en la generación eléctrica nacional con 686,5 MW. Tiene comprometidas la construcción de cuatro plantas termoeléctricas, asociada con Siemens, en las localidades de Matheu, Lujan, Las Palmas y San Pedro, localidades todas de la provincia de Buenos Aires. ¿La inversión? Stoneway Capital Corporation: una compañía canadiense de capitales privados. El 15 de febrero de 2017 capturó capital dinerario colocando 500 millones en bonos, “lo que se trataría del primer proyecto financiero de Argentina asociado a centrales térmicas”, reza en su propia página web.
CAPEX, la sexta en generación con 672 MW de potencia, opera en otros países latinoamericanos y en Portugal. Sus acciones cotizan tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en la de Luxemburgo. El 55% de su capital es propiedad de CAPSA (Compañías Asociadas Petroleras SA) y el resto está en manos de los Fondos de Pensión (AFJPs).
Orazul Energy, es otra de la que tiene escala regional. Opera un total de 9 centrales térmicas y 5 complejos hidroeléctricos en Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador y Perú.
Partir y repartir
La apertura del sector energético al capital privado recorre todo el siglo pasado (ver Algunos hitos). En el marco de la segunda reforma del Estado (Ley 23.696 de 1989), se crea en 1991 el nuevo Régimen de Energía Eléctrica (Ley 24.065) que particiona el sistema eléctrico en tres segmentos: generación, transporte y distribución. Las empresas eléctricas públicas son divididas y cada parte es una unidad de negocios que pasa a manos privadas. Y hecho el reparto, ahora sí vuelven a integrarse pero en una nueva sociedad anónima: CAMMESA.
En ese recorrido, la empresa pública SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires) fue partida en 7: 2 unidades de generación (las centrales térmicas Manuel Belgrano y Dock Sud), 2 líneas de transporte de 500 KW a manos de Transener y Transba y 3 redes de distribución para Edenor, Edesur y Edelap.
En 1992 también fue disuelta la empresa pública Hidronor. Sus 6 centrales hidráulicas ubicadas sobre el río Limay (entre Río Negro y Neuquén) que en su momento llegaron a producir el 40% de la potencia instalada, fueron reconvertidas en sociedades anónimas que hoy están en las mismas pocas manos. AES tiene la central Alicura. Central Puerto, la de Piedra del Aguila. Pampa Energía, Pichi Picun Leufu. ENEL, El Chocón y Arroyito. Orazul, la Banderita.
En 1994, le tocó a Mendoza. Hidroeléctrica Diamante (HINISA) obtuvo una concesión por 30 años para la generación sobre el río Atuel. Allí, Pampa Energía controla hoy 3 hidroeléctricas (Nihuil I, Nihuil II y Nihuil III) y otras 3 sobre el río Diamante (Agua de Toro, Reyunos y El Tigre).
En Córdoba, la mano se puso así en marzo de 2000. La Legislatura aprobó la reforma del Estado que implicaba privatizar el Banco de Córdoba y la Empresa Provincial de Energía. Por entonces, AES ya se mostraba interesada en quedarse con EPEC. Y por entonces también, la lucha de los trabajadores y la crisis que se avecinaba, hizo declinar la decisión del entonces gobernador José Manuel De la Sota.
El mes pasado, el gobierno provincial ratificó su intención de fragmentar EPEC. Y el Sindicato de Luz y Fuerza volvió a advertir que esa es la excusa para privatizarla por partes.
Casualidad o no, diez días antes del apagón, el gerente general de CAMMESA, Mario Cairella, estuvo en Córdoba en una jornada organizada por la Fundación Mediterránea. Ese 6 de junio dijo que le «encantaría que EPEC fuera privada». Y anticipó cómo: “una empresa que tenga generación, transporte y distribución no debería ser una. Deberían ser tres compañías independientes dentro de un holding con administraciones independientes y que ninguna se contamine con la otra».
Así de parecido es lo están diciendo el partido gobernante y la oposición. Esa es la otra parte de la misma realidad, que también va quedando a la vista.
