Desde hace un año y medio, el conflicto de los trabajadores de Luz y Fuerza (LyF) de Córdoba con el Gobierno de Córdoba no cesa. Los trabajadores rechazan la intención del directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) de modificar el Convenio Colectivo de los trabajadores y la intención del Gobierno de la Provincia de segmentar EPEC para privatizarla.
El viernes pasado los trabajadores de LyF se movilizaron al mediodía y fueron reprimidos por la Policía provincial en inmediaciones del Edificio Central de EPEC, en la calle La Tablada 350 de la capital cordobesa. Allí los trabajadores intentaban entregar un petitorio al directorio de EPEC para pedir por el respeto del Convenio Colectivo de trabajo, el cese a las persecuciones y traslados arbitrarios, terminar con las contrataciones periféricas innecesarias por contratación directa y el pedido de la apertura de paritarias. Pero los cordones policiales empezaron la represión con balas de goma y gases lacrimógenos que hirieron a los manifestantes. En el medio, la policía detuvo 11 trabajadores.
La solidaridad de distintos gremios no se hizo esperar y el sindicato decidió iniciar un paro hasta que sean liberados los detenidos. En la noche del mismo viernes, los trabajadores detenidos fueron liberados y LyF levantó la medida. En un comunicado, los lucifuercistas se declararon en estado de alerta y sesión permanente y ratificaron su defensa de una EPEC estatal, integrada, cordobesa y pública.
Judicialización
Dos días después de la represión policial, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) confirmó al diario La Nación que investigan a miembros del Consejo Directo de LyF por supuesta asociación ilícita, lavado de activos y defraudación.
La investigación es impulsada por Mario Villar y Laura Roteta, cotitulares Procelac. Villar asumió en diciembre de 2018, cuando removieron al entonces titular Gabriel Pérez Barberá.
El sindicato de LyF planteó en un comunicado que no hacía falta “orden de allanamiento» porque pueden «acceder a nuestros balances, papeles y libros contables, bases de datos” sin necesidad de “escándalos mediáticos”. Los trabajadores sostuvieron que por “más que judicialicen la protesta no vamos a dejar de resistir” e indicaron que se encuentran en pleno conflicto sindical con el Gobierno de Córdoba y los directivos “que este ha colocado en EPEC para privatizarla y destruirla”.
Esta investigación se encuentra en manos del fiscal Gustavo Vidal Lascano, quien tiene la causa por la que están detenidos los líderes del sindicato de recolectores de basura Surrbac.
