Esta semana unos 400 trabajadores del Sanatorio Privado, el San Lucas y el Urológico realizaron Asambleas en sus lugares de trabajo. Los empleados de los primeros dos establecimientos reclamaban “para que no se desdoble el pago del salario” como viene sucediendo estos meses. Los del “Uro”, que pasan por esta coyuntura de desdoblamiento y retrasos hace años, pedían que se pague el sueldo y, también, el 60 por ciento del aguinaldo y los Bonos del Día de la Sanidad y del Decreto 561/19. Tras el pago de PAMI a las clínicas hicieron efectivos los depósitos de gran parte de los ítem adeudados en los establecimientos. Solo resta que el Urológico “explique la forma en que liquidó los bonos, ya que -cuanto menos- no ha sido clara la metodología” expresaron desde ATSA, el gremio que nuclea a los 1700 trabajadores del sector en nuestra ciudad (ver “Concentración en el sur de Córdoba”).
Sin embargo, el emergente de esta crisis actual devela una de más largo plazo que tiene sus orígenes en un modelo de salud que, a esta altura, “no da más”.
Modelo de salud
La representante de ATSA advirtió que “ha cambiado la medicina: antes había generalistas, que te podían diagnosticar. Hoy son todos especialistas y si no tienen aparatos no diagnostican nada. Y es así que los dueños de la aparatología –que es toda extranjera- van siendo cada vez más y más poderosos”. En ese sentido, Fernández dijo que “hay que hacer una planificación de cuántas máquinas debe haber por cantidad de habitantes, si no, son “kioscos”. Y debemos preguntarnos, también, para qué queremos que haya –para uso exclusivísmo- la última computadora si no tenemos en muchos lugares lo esencial para poder realizar una práctica básica”. Y advirtió, además, por las condiciones de higiene y seguridad: “estamos en un sistema que funciona por inercia. No hay clínicas en Río Cuarto con todos los estándares de higiene y seguridad que debieran ser. Ninguna. La precarización es eso también”.
Además, criticó a las grandes corporaciones médicas y las cámaras de la salud “que destruyeron el sistema de seguridad social argentino. Evaden todos los días de su vida. Después le piden al Estado que les aumente, que les ponga, pero es un círculo que ellos mismos se encargan de hacerlo pedazos. Hay que cambiar la cabeza empresarial, si no, no se puede hacer nada distinto”. Piastrelini, en cambio, mira para otro lado: “la salud es un tema de política de estado no una responsabilidad del sector efector”. El representante de los empresarios del sector, da su particular visión del modelo de salud en la actualidad: “la salud no es más un tema vocacional. Hoy es un tema científico y tecnológico de alto costo y el financiamiento lo debe prever una política que ordene el sistema. Si las políticas no aparecen, la gente se muere como se está muriendo”, consignó.La AFIP para financiarse
“La deuda monstruosa de años que tienen los establecimientos tienen con el fisco es increíble. Ni cuando la situación era muchísimo mejor pagaron al Estado. Compraron aparatología, invirtieron algo en los edificios y sistemas de gestión para mejorar la competitividad, pero gran parte se la llevaron a otros negocios. Ahora que la dinámica cambió no traen nada de eso que se llevaron. Y siguen sin pagar a la AFIP en buena parte. Porque solo con hacer la presentación mensual, la AFIP les permite seguir operando, acumulando deuda, sin embargarles las cuentas ni nada de eso”, criticó la titular de ATSA. Mario Piastrelini ratificó la centralidad de la deuda con AFIP en las clínicas: “las deudas de las empresas que quedan en pie han hecho dueña a la AFIP de esas clínicas a través de la Ley de Emergencia Sanitaria vigente desde 2003 y que nunca nadie derogó. Si AFIP exigiese el pago, sería la quiebra masiva del sector y la desaparición del 75 al 80 por ciento de la oferta de servicios de salud”.
Las empresas del sector, en un documento del 13 de agosto pasado -tras la devaluación pos paso-, no dejaban dudas de la importancia de los recursos estatales para el desarrollo de su negocio: “En nuestro país el principal financiador del sistema de salud es el Estado. Cerca del 90 por ciento de las prestaciones médicas son financiadas con fondos que provienen del Estado (Pami, Apross, Obras Sociales Sindicales)”.
Perspectivas
Piastrelini descartó que “en un contexto económico y político mucho más desfavorable que en otras oportunidades, los que están o los que ya estuvieron quieran hacer algo significativo para sostener el servicio que está al borde de claudicar”.
Cristina Fernández apuntó que para que haya cambios “hay que cambiar la cabeza empresarial». Y remarcó que en el caso que «quisieras tener algo más “propio”, caés al mercado que lo manejan ellos”. Y concluyó apuntando a la formación universitaria: “son profesionales que no se sienten trabajadores y no conocen lo que implica el Sistema Solidario de Salud”.
Sin embargo, el emergente de esta crisis actual devela una de más largo plazo que tiene sus orígenes en un modelo de salud que, a esta altura, “no da más”.
Crisis actual
A la situación de quebranto a la que son arrojados los trabajadores, las patronales del sector enuncian estar igualmente afectadas: “las obras sociales han fijado una cápita en el mes de julio con un dólar a $39 ó $40 y hoy estamos pagando insumos y medicamentos con un dólar superior a los $60. Ello se agrava con los plazos de cobro de las prestaciones: 35 o 40 días con las prepagas, 90 ó 120 días con las sindicales o estatales”, expresó Elena Fernández, directora del Instituto de Urología y Nefrología de Río Cuarto. “Estamos en estado terminal. Hay que ser un poco «magos» para que funcionen así las cosas”, graficó la gerenta. En el mismo sentido, Mario Piastrelini, gerente de la Asociación de Entidades Sanatoriales de Río Cuarto –que nuclea a las empresas de salud de la ciudad-, expresó que inclusive “en estos últimos meses la devaluación ha llevado a que algunas instituciones de las grandes estén al caer, las que siguen en pie deben auto-financiarse ellas mismas” ya que, según el representante, entidades como PAMI hace dos años que aumentan menos que el aumento de los trabajadores del sector.Siempre en crisis
“Veníamos mal, pero con la Ley de Emergencia Sanitaria del 2003 se empeoró: se le dio oxígeno a las empresas al no exigirles pagar las cargas de seguridad social, pero las nuevas tecnologías a las que debían adecuarse las empresas de salud hicieron que las más chicas no pudieran seguir operando. Sin las habilitaciones, se cerraron internaciones, achicaron estructuras y quedaron solo los policonsultorios que comenzaron a derivar gente”, explicó Cristina Fernández, la secretaria general de ATSA Río Cuarto. En el mismo sentido, Piastrelini lo confirmó: “en los últimos 15 años desaparecieron más de 600 instituciones de salud privadas en la provincia”.
“Incluso en las cabeceras vienen cerrándose clínicas de mucha trayectoria como la Romagoza o Austral. Este modelo de salud hace pedazo a todos y quedan muy pocos monstruos: el Allende, el Oulton, están avanzando muchísimo. Los que alcanzan la tecnología son los que trabajan”, explicó Cristina Fernández quien destacó que estos establecimientos “son como shoppings donde los médicos van y alquilan un consultorio, sin responsabilidad de nada. Usan las enfermeras, instrumentadores, secretarias, limpieza, pagan el canon y se llevan la rentabilidad”.
A la situación de quebranto a la que son arrojados los trabajadores, las patronales del sector enuncian estar igualmente afectadas: “las obras sociales han fijado una cápita en el mes de julio con un dólar a $39 ó $40 y hoy estamos pagando insumos y medicamentos con un dólar superior a los $60. Ello se agrava con los plazos de cobro de las prestaciones: 35 o 40 días con las prepagas, 90 ó 120 días con las sindicales o estatales”, expresó Elena Fernández, directora del Instituto de Urología y Nefrología de Río Cuarto. “Estamos en estado terminal. Hay que ser un poco «magos» para que funcionen así las cosas”, graficó la gerenta. En el mismo sentido, Mario Piastrelini, gerente de la Asociación de Entidades Sanatoriales de Río Cuarto –que nuclea a las empresas de salud de la ciudad-, expresó que inclusive “en estos últimos meses la devaluación ha llevado a que algunas instituciones de las grandes estén al caer, las que siguen en pie deben auto-financiarse ellas mismas” ya que, según el representante, entidades como PAMI hace dos años que aumentan menos que el aumento de los trabajadores del sector.Siempre en crisis
“Veníamos mal, pero con la Ley de Emergencia Sanitaria del 2003 se empeoró: se le dio oxígeno a las empresas al no exigirles pagar las cargas de seguridad social, pero las nuevas tecnologías a las que debían adecuarse las empresas de salud hicieron que las más chicas no pudieran seguir operando. Sin las habilitaciones, se cerraron internaciones, achicaron estructuras y quedaron solo los policonsultorios que comenzaron a derivar gente”, explicó Cristina Fernández, la secretaria general de ATSA Río Cuarto. En el mismo sentido, Piastrelini lo confirmó: “en los últimos 15 años desaparecieron más de 600 instituciones de salud privadas en la provincia”.
“Incluso en las cabeceras vienen cerrándose clínicas de mucha trayectoria como la Romagoza o Austral. Este modelo de salud hace pedazo a todos y quedan muy pocos monstruos: el Allende, el Oulton, están avanzando muchísimo. Los que alcanzan la tecnología son los que trabajan”, explicó Cristina Fernández quien destacó que estos establecimientos “son como shoppings donde los médicos van y alquilan un consultorio, sin responsabilidad de nada. Usan las enfermeras, instrumentadores, secretarias, limpieza, pagan el canon y se llevan la rentabilidad”.
Modelo de saludLa representante de ATSA advirtió que “ha cambiado la medicina: antes había generalistas, que te podían diagnosticar. Hoy son todos especialistas y si no tienen aparatos no diagnostican nada. Y es así que los dueños de la aparatología –que es toda extranjera- van siendo cada vez más y más poderosos”. En ese sentido, Fernández dijo que “hay que hacer una planificación de cuántas máquinas debe haber por cantidad de habitantes, si no, son “kioscos”. Y debemos preguntarnos, también, para qué queremos que haya –para uso exclusivísmo- la última computadora si no tenemos en muchos lugares lo esencial para poder realizar una práctica básica”. Y advirtió, además, por las condiciones de higiene y seguridad: “estamos en un sistema que funciona por inercia. No hay clínicas en Río Cuarto con todos los estándares de higiene y seguridad que debieran ser. Ninguna. La precarización es eso también”.
Además, criticó a las grandes corporaciones médicas y las cámaras de la salud “que destruyeron el sistema de seguridad social argentino. Evaden todos los días de su vida. Después le piden al Estado que les aumente, que les ponga, pero es un círculo que ellos mismos se encargan de hacerlo pedazos. Hay que cambiar la cabeza empresarial, si no, no se puede hacer nada distinto”. Piastrelini, en cambio, mira para otro lado: “la salud es un tema de política de estado no una responsabilidad del sector efector”. El representante de los empresarios del sector, da su particular visión del modelo de salud en la actualidad: “la salud no es más un tema vocacional. Hoy es un tema científico y tecnológico de alto costo y el financiamiento lo debe prever una política que ordene el sistema. Si las políticas no aparecen, la gente se muere como se está muriendo”, consignó.La AFIP para financiarse
“La deuda monstruosa de años que tienen los establecimientos tienen con el fisco es increíble. Ni cuando la situación era muchísimo mejor pagaron al Estado. Compraron aparatología, invirtieron algo en los edificios y sistemas de gestión para mejorar la competitividad, pero gran parte se la llevaron a otros negocios. Ahora que la dinámica cambió no traen nada de eso que se llevaron. Y siguen sin pagar a la AFIP en buena parte. Porque solo con hacer la presentación mensual, la AFIP les permite seguir operando, acumulando deuda, sin embargarles las cuentas ni nada de eso”, criticó la titular de ATSA. Mario Piastrelini ratificó la centralidad de la deuda con AFIP en las clínicas: “las deudas de las empresas que quedan en pie han hecho dueña a la AFIP de esas clínicas a través de la Ley de Emergencia Sanitaria vigente desde 2003 y que nunca nadie derogó. Si AFIP exigiese el pago, sería la quiebra masiva del sector y la desaparición del 75 al 80 por ciento de la oferta de servicios de salud”.
Las empresas del sector, en un documento del 13 de agosto pasado -tras la devaluación pos paso-, no dejaban dudas de la importancia de los recursos estatales para el desarrollo de su negocio: “En nuestro país el principal financiador del sistema de salud es el Estado. Cerca del 90 por ciento de las prestaciones médicas son financiadas con fondos que provienen del Estado (Pami, Apross, Obras Sociales Sindicales)”.
Perspectivas
Piastrelini descartó que “en un contexto económico y político mucho más desfavorable que en otras oportunidades, los que están o los que ya estuvieron quieran hacer algo significativo para sostener el servicio que está al borde de claudicar”.
Cristina Fernández apuntó que para que haya cambios “hay que cambiar la cabeza empresarial». Y remarcó que en el caso que «quisieras tener algo más “propio”, caés al mercado que lo manejan ellos”. Y concluyó apuntando a la formación universitaria: “son profesionales que no se sienten trabajadores y no conocen lo que implica el Sistema Solidario de Salud”.
Urológico en venta
“Los empresarios dueños de la clínica están tratando de tomar todas las medidas para mantener el trabajo de 115 familias, sin contar la parte médica, kinesiólogos, etc. No queremos el cierre ni la venta de la empresa”, explicó la gerenta de la institución, Estela Fernández.
