El gobierno de Bolivia firmó este lunes un acuerdo con la dirección de la Central Obrera Boliviana (COB) para abrir un período de pacificación y convocatoria a elecciones. En ese marco, el Ampliado Nacional de las Organizaciones Sociales en Resistencia al Golpe reunido en el departamento de Cochabamba, decidió dar un cuarto intermedio a las protestas y cortes de ruta «hasta que el gobierno de facto cumpla los acuerdos recientemente firmados», dice el punto 2 de la resolución. En el primero, ratifican el «apoyo moral y material» a Evo Morales como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia».
Exigen también a la Asamblea Nacional la sanción de una ley que cese de las persecuciones, la liberación de los detenidos. El fin de semana, el Gobierno había emitido denuncias y ordenes de captura contra Evo Morales y funcionarios y dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS). De hecho, fue detenido su vicepresidente, Gerardo García.
El 12 de noviembre la senadora Jeanine Áñez se auto-proclamó presidenta tras la renuncia de Evo Morales, forzada por los mandos de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Desde entonces, se computan 32 asesinatos y más de 1.000 detenidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una misión del Parlasur se encuentran ahora en Bolivia relevando testimonios de esa situación.
Este domingo, Áñez promulgó la ley que prevé una convocatoria a nuevas elecciones en 2020, la anulación de comicios del 20 de octubre -en los que había sido elegido Evo Morales- y la formación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El gobierno de facto asegura que llegó únicamente para convocar a elecciones y pacificar el país, pero ya está llevando adelante medidas que apuntan a desmantelar el Estado Plurinacional.
