El Gobierno nacional, la UIA y la CGT firmaron el lunes 27 un acuerdo que sostiene que los trabajadores que no cumplieron con las habituales tareas por la paralización de actividades impuestas «podrán ser suspendidos por los empleadores» siempre y cuando se le abone el «75% de su salario neto». Este acuerdo podría alcanzar a 1.200.000 trabajadores en todo el país.
Para titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, “la UIA y la CGT, con la participación del Ministerio de Trabajo, no pueden acordar una rebaja generalizada de los salarios, porque implicaría avanzar sobre la autonomía de los sindicatos”. El abogado sostuvo que “están avalando las reducciones salariales, siendo que los decretos se ocuparon de establecer el principio general de que la cuarentena, no debía implicar una rebaja de las remuneraciones». Cremonte asegura que «no se puede poner en el mismo nivel a los trabajadores que a las empresas para enfrentar las evidentes consecuencias económicas de la pandemia. Los salarios deben ser especialmente protegidos en estas circunstancias, de lo contrario, no se cumple el objetivo de garantizar la salud de la población, cuya base es la alimentación adecuada”.
“No nos hicieron parte de las ganancias y, ahora, nos quieren hacer parte de las pérdidas».
El secretario General de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, se opuso al acuerdo y recordó que “no nos hicieron parte de las ganancias y, ahora, nos quieren hacer parte de las pérdidas». Sasia sostiene que «el empresariado argentino aprovecha este tipo de acuerdo para institucionalizarlo a lo largo del tiempo».
La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) manifestó su “absoluto rechazo, pues tiende a la negociación colectiva a la baja, sin condiciones y a colocar al trabajador en estado de indefensión”. La central sostiene que “se pretende universalizar una quita del 25% del salario de los trabajadores, sumado a un sistema de subvenciones, donde sectores de empresas concentradas transfieren el pago de salarios al erario público. De esta forma, solo se hacen cargo de una pequeña parte con un costo insignificante en función de sus ingresos y ganancias habituales. El acuerdo pone en el mismo plano a las pequeñas y medianas empresas que verdaderamente requieren el apoyo del estado”.
Situación nacional
Desde que comenzó la cuarentena ya se registran más de 375.000 los trabajadores afectados por despidos, suspensiones y rebajas salariales. Sólo en la última semana se registró un salto del 10% en los despidos, según relevaron desde el Observatorio de Despidos durante la Pandemia de La Izquierda Diario. (VER Principales acuerdos….). Desde los comienzos de la cuarentena se presentaron ante el Ministerio de Trabajo 120 acuerdos de empresas y sindicatos que pactaron suspensiones pagas y la preservación de las fuentes de trabajo, de acuerdo con el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Los despidos y las suspensiones están prohibidas desde el 31 de marzo por el Decreto 329, aunque en la misma norma, se contempla la posibilidad de que acuerden de manera individual o colectiva las suspensiones a cambio de una retribución no remunerativa si hay falta o disminución del trabajo.
Contexto internacional
El miércoles 29 de abril la Organización Internacional del Trabajo (OIT) elevó sus proyecciones de pérdidas de puesto de trabajo por la pandemia de coronavirus, hasta el equivalente a 305 millones de empleos solo en el segundo trimestre de 2020. Unas 1.500 millones de personas, casi la mitad de la fuerza de trabajo formal en el mundo, podrían perder sus trabajos debido a la crisis provocada por el coronavirus, advirtió la OIT en el informe.
Para el organismo, si se analiza por regiones América será la más perjudicada, con una pérdida del 12,4% de las horas de trabajo, seguida de Europa con un 11,8%, mientras que en el resto de territorios se superaría el 9%.
En la economía informal, de la que viven más de la mitad de los trabajadores del mundo (2.000 de los 3.300 millones globales), la OIT estima que 1.300 millones de esos trabajadores, “corren peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento”,
El estudio calcula que unos 232 millones de empresas de comercio mayorista y minorista, 111 millones del sector turístico, 51 millones de la rama hostelera y 42 millones en otras actividades, como la inmobiliaria, están en serio peligro de cierre.
Principales acuerdos a la baja
SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) acordó suspensiones de 82.000 trabajadores y rebaja salarial del 30%.
El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, acordó suspensiones de 32.000 trabajadores y rebaja salarial del 40%.
El Sindicato de trabajadores Pasteleros acordó una rebaja salarial del 30% para 25.000 trabajadores sin suspensiones.
La Asociación Obrera Textil tampoco acordó una rebaja salarial del 30% para 32.000 trabajadores sin suspensiones.
La Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado acordó una rebaja salarial del 30% para 8.000 trabajadores sin suspensiones.
Propuesta de salida
Más de sesenta organizaciones sindicales, cooperativas y empresarios PyME presentaron un documento titulado “Manifiesto nacional por la soberanía, el trabajo y la producción”. Allí, aseguran que un salario universal sería ineludible de un escenario donde el desarrollo nacional reaparece como modelo alternativo al de hegemonía financiera. El Manifiesto fue elaborado por la CTA Autónoma, la Corriente Federal de Trabajadores, FeMPINRA (federación de portuarios), la UTEP, el Consejo Productivo Nacional y la Mesa de Unidad PyME, Vía Campesina, Federación Nacional de Inquilinos, Mesa de Unidad PyME, Frente Popular Dario Santillán, Somos Barrios de Pie, Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, MAP ( Movimiento de Acción Popular, Asociación Amas de Casa del País, CISPREN (Prensa), UTEM, Municipales V. María y APECAF, Río Cuarto, entre otros.
Declaración Manifiesto nacional por la soberanía, el trabajo y la producción