El año pasado organizaciones sociales, políticas y sindicales, después de varios meses de discusión y protestas, lograron que se discutiera Y aprobara en el Congreso de la Nación la Ley de Emergencia Alimentaria. Esta Ley aseguraba el aumento de la cantidad de insumos y alimentos en comedores comunitarios, además de garantizar la compra de alimentos por sistemas de emergencia.
Pero la discusión era y es en la actualidad que se garantice y no falte el alimento de calidad y nutricional para los espacios que sostienen las ollas en los sectores más vulnerables. Por este motivo, frente a las noticias de la quiebra de la empresa agroindustrial Vicentin y el anuncio del Gobierno Nacional de una posible expropiación, organizaciones sociales realizaron más de 1.000 ollas populares exigiendo su participación en este proyecto de estatización de la empresa para no solo tener una empresa que genera alimento nacional, sino que pueda también sustentar la de los sectores que hoy están faltando y generar puestos de trabajo.
Organizaciones como la CCC (Corriente Clasista y Combativa), Somos Barrios de Pie, FOB (Federación de Organizaciones de Base), FeNaT- CTA (Federación Nacional del Territorio), Movimiento Evita, PTP (Partido del Trabajo y del Pueblo), Unión de Trabajadores de la Tierras, entre otros, se sumaron a la jornada nacional por la expropiación de Vicentin expresando que les parece fundamental su participación en este proceso y que es “necesario desarrollar seguridad y soberanía alimentaria”. En Córdoba, las ollas populares se realizaron en Córdoba Capital, Bell Ville, Villa María, Río Tercero, Unquillo, Adelia María, San Francisco, Río cuarto, entre otras ciudades de la provincia.
Las organizaciones expresaron que «la disputa es por el alimento: en un país hecho de trigo y de pan, como la Argentina, es un crimen que haya hambre. Por eso apoyamos la intervención y expropiación de Vicentín, que será una herramienta de acopio de alimentos que nos permita distribuirlos de manera igualitaria». Además, exigieron «que se garantice el derecho a la alimentación del pueblo y por ende un cambio inmediato en el paradigma de producción, circulación y consumo de alimentos». Según describieron, «la intervención y expropiación de la empresa agroindustrial Vicentin trajo a primer plano la necesidad de nacionalizar nuestros productos alimenticios» y debe considerarse a la producción nacional, el trabajo y soberanía alimentaria «como principio básico de la justicia social. Soberanía alimentaria para independizar la producción, transporte y comercialización de alimentos de las cadenas globales de especulación financiera».
También desde Manifiesto por la soberanía, la producción y el trabajo que nuclea a más de 100 organizaciones, emitieron una solicitada a favor de la intervención y expropiación de la empresa. Desde este comunicado expresan que: “una conducción publica de Vicentin con eje de soberanía alimentaria permitirá recuperar la capacidad del pueblo argentino para asegurar el abastecimiento interno de aceites y harinas a precios razonables para el equilibrio económico, social y financiero.” Expresaron que es importante “la unidad, el trabajo y el inicio de un camino de la recuperación de la soberanía nacional son el camino para salir de esta profunda crisis económica y social, y construir un futuro digno para todas y todos los argentinos”.
